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Caracas.- Sin una dirección clara sobre sus funciones y desprovistos de implementos de protección, el lunes 6 de julio se activaron las llamadas Brigadas de Prevención Popular. El contingente de líderes sociales en las comunidades asume tareas que antes cumplieron integrantes de la misión médica cubana y milicianos. Su despliegue se ordenó ante el aumento exponencial de casos locales de coronavirus que se registró desde hace mes y medio.
Los participantes son todos integrantes de la estructura social del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Hasta esta publicación se desconoce si recibieron algún adiestramiento acerca del abordaje de la pandemia. Su designación se sumó al reforzamiento de la cuarentena, que busca mejorar la respuesta oficial a la propagación del virus que pasó de menos de 100 casos en promedio en abril, a poco más de 200 diagnósticos positivos diarios en las últimas cinco semanas.
Maritza Suárez, vocera de un consejo comunal de la Candelaria, admitió su temor de contraer el virus durante las labores de vigilancia. También reconoció que poco conocen sobre el alcance sus obligaciones. La ausencia de información, apoyo logístico e implementos no la amínala. Su parroquia es una zona de alto riesgo de infección comunitaria desde que empezaron a alojar a repatriados sospechosos del virus en hoteles y pensiones ubicados en el entorno de la avenida Urdaneta.
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“Me imagino que lo tenemos es que estar pendiente de que la gente cumpla con las medidas de prevención. Que usen el tapabocas, que no hagan reuniones, que mantengan la distancia. Todavía no nos han informado bien. Nosotros hemos estado atentos, sobre todo por lo de los hoteles. Como sea la prevención es un asunto de conciencia eso es lo que falta", expresó.
Exposición innecesaria
Las deficiencias en la dotación de barreras de protección a personal expuesto al virus han ocasionado que más de un centenar de trabajadores esenciales se hayan infectado. Tapabocas, guantes, trajes especiales y caretas no llegan de forma fluida y suficiente a enfermeros, médicos, policías ni personal de aseo en dependencias públicas. El registro oficial da cuenta de una decena de personal esencial por causas asociadas al coronavirus en los 117 días que han transcurrido desde el inicio de la pandemia.
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La muerte más reciente fue la de un bombero en el estado Miranda. Con esto se confirma un ascenso del coronavirus como enfermedad ocupacional. El limitado acceso a estadística epidemiológica no permite conocer detalles del fenómeno. La disminución de personal de salud por causas de la enfermedad incide directamente en la capacidad de respuesta del Estado a la contingencia.
Fuentes del Ministerio de Salud informaron que, previamente, 13 funcionarios de la Policía Nacional, adscritos al centro de Coordinación Policial Guarenas-Guatire dieron positivo en prueba rápida COVID-19. Casi en paralelo, 18 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de San Agustín fueron aislados en el Centro de Diagnóstico Integral de Bellas Artes. Lo que revela un patrón de contagio comunitario por exposición sin las barreras mínimas de protección.
Al conocerse el anuncio, hecho por el gobernante Nicolás Maduro el pasado 5 de julio, la Alianza Venezolana por la Salud alertó del riesgo. En concreto, la ONG que aglutina a sociedades médicas, gremios y sindicatos del sector salud, rechazo el uso de civiles en labores de gestión sanitaria. Asimismo, analizaron que por el cumplimiento de sus tareas muchos líderes comunitarios incumplirán la cuarentena sin una garantía de inmunidad.
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