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Por: Paola Muziotti Salazar
Actualmente, el gobierno de Nicolás Maduro discute la posibilidad de implementar el proyecto de Ley de Ciudades Comunales. Sin embargo, expertos aseguran que este sistema contrastaría con políticas públicas de Latinoamérica.
Para hablar sobre las implicaciones que se plantean, el martes 7 de septiembre, el economista Douglas Ungredda y la especialista en ciencias sociales Amalia Lucena participaron en Café con El Pitazo, donde expusieron ideas y conceptos de este proyecto, que busca rediseñar la estructura político-territorial del país, además del contraste que podría tener respecto al panorama político de la región.
El economista Ungredda aseguró que el Estado venezolano, desde comienzos del siglo XX, ha sido dependiente del petróleo y esto le ha otorgado un poder excesivo a la presidencia, pero con una industria sin capacidad para crear ingresos fiscales el poder político se ve afectado.
La ley de ciudades comunales pretende contrarrestar la falta de ingresos, pero generaría fallos de coordinación entre los agentes económicos y el país, pues modificaría el funcionamiento del territorio nacional, indicó Ungredda.
Entre las implicaciones destacadas por el experto, se limitarán las funciones del gobierno central, cada grupo tendría su propia agenda de decisiones. A su vez, esto comprometería la integridad territorial porque se perdería la unidad política y económica. En la actualidad, el país se maneja desde un Estado centralizado, con esta propuesta sucedería todo lo contrario.
En términos de la región, Venezuela iría en dirección contraria a las políticas públicas que desarrollan los países vecinos, aclaró Amalia Lucena. En los países latinoamericanos, el orden público refleja los resultados e impacto que ejerce sobre el Estado con una constante evaluación de los registros gubernamentales, la información e interconexión entre los niveles de gobierno.
Se observa que en las gestiones públicas de Latinoamérica, las leyes de planificación anual de presupuesto y la integración vertical y funcional entre las instituciones públicas permiten una relación estable entre el Estado y los ciudadanos. El proyecto de ciudades comunales aún no especifica cómo se desarrollarían las relaciones, ni el manejo de la deuda pública, según palabras de la especialista.
Roxibel Gutiérrez les preguntó a los voceros si el proyecto de ciudades comunales podría representar un quiebre de la sociedad venezolana tal y como la conocemos. Ungredda respondió que sí, pues la ley ataca la unidad territorial por medio de las rivalidades que van a surgir, principalmente por el acceso a los recursos. El Estado deja de tener la capacidad directriz económica.
Ambos concuerdan en que esta ley no permitiría un buen manejo de la economía del país. Lucena resaltó que la participación es un elemento clave para validar la eficacia de la gestión en la política pública siempre enfocada en las necesidades de la ciudadanía.
