El Poder Judicial peruano analizó este miércoles la solicitud de impedimento de salida del país que presentó la Fiscalía contra el nuevo embajador designado por Perú en Venezuela, Richard Rojas, y resolvió comunicar la decisión en los próximos días, en el plazo establecido por ley.
«Mi despacho va a emitir la solución que corresponda de manera oportuna y en el plazo de la ley. Se va a comunicar también a quienes corresponda», declaró al término del debate el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, John Pillaca.
De esta manera, el letrado dejó a voto el pedido de impedimento de salida de Perú por 12 meses que la Fiscalía presentó el último lunes contra Rojas, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos por la supuesta financiación ilegal de las campañas del partido marxista Perú Libre, que llevó al poder a Pedro Castillo y del que él es dirigente nacional.
«SUSTRAERLO DE LA JUSTICIA»
Durante la sesión judicial de este miércoles, el fiscal Richard David Rojas insistió en que esta medida es necesaria para concluir las pesquisas y evitar obstruirlas, y recordó que el delito por el que se le imputa prevé una pena de entre 10 y 20 años de cárcel.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público aseguró que el flamante nombramiento de Rojas tiene como objetivo «sustraerlo de la justicia».
«¿Cómo es posible o factible que un país como el nuestro delegue la representación del Estado peruano a un ciudadano que no cumpliría las condiciones para asumir el cargo?», cuestionó el fiscal, quien agregó que «lógicamente, de lo que se trata acá es de ayudar a los investigados a sustraerse de la acción de la justicia, sustraerse de la persecución penal que viene realizando el Ministerio Público».
Y es que a Rojas, quien fue designado el pasado 15 de octubre como nuevo embajador peruano en Caracas, luego de que fuera rechazado con un silencio diplomático como representante del país andino en Panamá, se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento de la presunta financiación ilegal de la última campaña electoral de Perú Libre.
Por eso, la Fiscalía lo incluyó en septiembre pasado en la investigación por el caso denominado «Los Dinámicos del Centro», en el que están involucrados diversos militantes del partido por presuntamente haber organizado una red de cobro de sobornos a cambio de otorgar licencias para conducir en la céntrica región de Junín.
«EXCESIVO E INNECESARIO»
Conectado a la audiencia de forma virtual, y desde el interior de un vehículo, Rojas declaró en su turno de palabra que el pedido fiscal es «excesivo e innecesario» y que «perjudica» sus derechos, «tanto laborales como de persona».
Indicó que, con esta solicitud, el Ministerio Público pretende imponer requisitos previos a su designación como embajador, que es «un derecho del presidente», Pedro Castillo.
Durante la campaña presidencial de Castillo, Rojas cumplió un papel clave, no solo como dirigente nacional de Perú Libre sino también como figura allegada a Vladimir Cerrón, el polémico fundador de esta formación política izquierdista, condenado por corrupción cuando fue gobernador regional de Junín.
La designación de Rojas como embajador de Perú en Caracas fue confirmada el mismo día en el que el país andino aceptó a Alexander Gabriel Yáñez como embajador de Venezuela en Lima, dos nombramientos que suponen el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países al más alto nivel, después de que los dos gobiernos retirasen sus respectivos embajadores en 2017.