Marisol* busca cualquier manera para sobrellevar el calor y la espera. Se mueve del sol, se come un chupi de parchita y espera. «Tenemos miedo, tengo impotencia. La gente solo está protestando por su país. ¿Ahora ni eso podemos hacer?», suelta cuando buscaba un resguardo del sol.
El hijo de Marisol, de 24 años y que trabaja en el sector bancario, salió el martes a las 2:00 p.m de su trabajo por las protestas. «Salió caminando porque no había transporte y lo agarraron en Chacao». Lo consiguió en Zona 7 al día siguiente, mientras otros familiares buscaban en lugares como la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez. «Ya le hicieron la audiencia de imputación y estamos esperando a que supuestamente lo trasladen».
Según los comentarios de decenas de familiares, reunidos en Zona 7 la mañana del viernes 2 de agosto, los traslados debían materializarse a la 1:00 p.m. Luego la hora fue cambiada para las 4:00 p.m.
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Mariana* también esperaba por información más detallada sobre la situación de su hijo de 18 años, que fue detenido junto a un amigo cerca del centro comercial San Ignacio la tarde del 30 de julio.
El hijo de Mariana fue desde Artigas a un evento de freestyle en Los Palos Grandes, una urbanización cerca de los focos de protestas. De regreso se fueron por la parte interna de Chacao para evitar la marcha, pero cuando los policías subieron por calles y transversales, lanzaron varias bombas lacrimógenas.
El hijo de Mariana y sus amigos salieron corriendo, pero los agarraron. Primero fueron trasladados a Maripérez. «Allá nos confirmaron pasadas las 7 de la noche que estaban detenidos allí. Nos dijeron que los iban a trasladar al día siguiente, pero cuando llegamos el miércoles, nos enteramos que los trasladaron a las 11 de la noche».
«Ellos no son políticos, apenas son chamos. Lo que más rabia me da es que han participado en eventos del gobierno, ellos van a dónde los llaman porque son artistas», señala Mariana, a quien también le preocupan las declaraciones del gobernante Nicolás Maduro y las acciones de las autoridades para condenar a manifestantes.
«Todas las audiencias las están haciendo aquí, todo vía telemática, vemos cómo entran los fiscales, los defensores públicos. Han dicho que los van a trasladar a Tocuyito, El Rodeo, Tocorón. ¿Una cárcel como esa? Esa no es la forma de que empiece su vida un chamo de 18 años», insiste.
La organización Civilis señala que se puede hablar de detenciones arbitrarias de manera masiva, además de otras violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas por los resultados electorales del 28 de julio.
Las manifestaciones se han registrado de forma independiente, según la propia dirigencia política, tras los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde se declaró como ganador al gobernante Nicolás Maduro.
Según las autoridades, hasta el 1 de agosto se habían detenido a más de 1.200 personas y se esperaba detener «a mil más». El mandatario venezolano también ordenó la remodelación inmediata de las cárceles de Tocorón y Tocuyito, tomadas el año pasado para eliminar el pranato en esos lugares, y que ahora asegura serán para enviar a los «guarimberos».
Además de las detenciones arbitrarias, Civilis señala que la violación más preocupante es al debido proceso. Las audiencias de presentación, hechas por vía telemática, ante tribunales de control en materia de terrorismo se hacen sin la presencia de abogados de confianza o sin tener acceso al expediente.
“En algunos casos, los familiares no los han visto en más de tres días y podría constituir en desaparición forzada. Estamos confiando en la palabra de los funcionarios, eso rompería en un principio la desaparición forzada pero los familiares y abogados tienen derecho a constatar que lo que dicen los funcionarios es real. Por eso podríamos hablar de estas violaciones, más allá de los impedimentos a la protesta y reunión pacífica, a la opinión y libertad de expresión", comenta un representante de Civilis.
Tampoco existe una individualización del proceso. Civilis recuerda que en estos casos no hay imputaciones objetivas porque no se establece «la responsabilidad de cada una de estas personas en el proceso penal, es decir, qué hizo cada una. Este es un elemento de imputación objetiva básico en derecho penal».
El tiempo pasa. Familiares y amigos esperan y son presa de los rumores sobre supuestos traslados de mujeres al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) Los Teques, a centros para menores o a las cárceles del circuito Yare (I, II y III).
A Francisco*, de 24 años, lo detuvieron junto a cuatro amigos cuando salió en la tarde del martes 30 de julio a llevar insumos a los bomberos. Fue detenido en La Redoma de San Antonio de los Altos. A este grupo primero lo llevaron al Helicoide, donde pasaron la noche con otros manifestantes detenidos. Al día siguiente (miércoles 31) los trasladaron a Maripérez y esa misma tarde fueron llevados a Zona 7.
«Están golpeados, mi novio tiene una herida infectada porque se cayó y se raspó una pierna. Ya le hicieron la audiencia de presentación y supuestamente lo van a trasladar a Yare III», dice su novia.
Civilis también destaca un uso totalmente amañado de las audiencias telemáticas. «A estas personas se les prohíbe acceso a un abogado privado y a sus familiares, lo que implica que no ves expediente, no ves delitos que les imputan, no sabes el estado físico y mental de las personas detenidas. ¿Entonces cómo puede haber un debido proceso y unas garantías judiciales bajo ese contexto?».
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En el caso de un paramédico, detenido el lunes 29 en Las Mercedes junto a dos de sus hermanas y su madre, son sus amigos quienes responden por la comida y los insumos. «Eso es un gentío. Hay señores de 50, 60 años. Los trajeron acá a Zona 7, pero no sabemos nada de su estado ni si se les ha hecho audiencia, sólo hemos podido pasar comida y ya», comentan.
Adolescentes sin defensa ni representación
Julia* espera con su hermana para conocer información de su hija, una modelo y músico de la Sinfónica de Caracas de 16 años, y que está detenida desde el lunes 29. A la joven la detuvieron en Chacaito junto a su prima de 26 años.
«Ellas sí salieron a marchar, es la primera vez que mi hija hacía eso. Salieron como a las 3 de la tarde, imagino que cuando llegaron allá se encontraron con la represión», cuenta Julia, que se ha podido comunicar con la adolescente por escasos minutos con un celular prestado.
«Ella consiguió hace poco un trabajo por vacaciones, de esos de medio tiempo porque no me gusta que esté en la casa sin hacer nada. No sabemos si le han hecho las audiencias, cómo están, apenas se ha podido comunicar conmigo y me dijo que le pasara ropa, una cobija porque hace mucho frío, pero cuando lo iba a entregar me dijeron que no. Apenas le pasé unas toallitas húmedas, unas toallas sanitarias, gatorade y la comida, pero no sé si la recibió», comenta.
Julia, al igual que su hermana y otros familiares, reclama la falta de información sobre los detenidos. Sabe que su hija está con mujeres y otros menores de edad. «Hay muchos. Ella me dijo que hay mujeres mayores, embarazadas, que hay mucha gente presa (…) Aquí una señora ayer le trajo unas cholas a su niño, era la tarde y todavía seguía descalzo. Eso no es justo».
Funcionarios diplomáticos de España e Italia ingresaron pasadas las 10:40 a.m a la Zona 7 para tratar de ver a los detenidos con esas nacionalidades y constatar su estado de salud. A la salida, apenas media hora después, fueron detenidos para anotar nombres y cédulas de otros manifestantes que no estaban en su radar.
(*) Los nombres de los familiares y detenidos fueron cambiados tras manifestar su temor a represalias.
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