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Caracas.- Los recientes enfrentamientos armados entre cuerpos policiales y bandas delictivas relacionadas con líderes delincuenciales de Caracas, entre los que figuran Carlos Luis Revete, conocido como «el Koki», y José Polanco Angulo, apodado «el Loco Leo», han revivido el debate sobre la efectividad de las llamadas Zonas de Paz, un programa gubernamental en el que fue incluido el sector de la Cota 905 en 2015 y que se convirtió en un escenario de frecuentes confrontaciones armadas.
El Pitazo consultó la opinión del activista de DD. HH. y miembro de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, a propósito de los recientes hechos registrados en diversas zonas del oeste y suroeste de Caracas, en los que murieron al menos 15 personas por causa de las balas perdidas o por haber quedado en medio de la línea de fuego de los tiroteos.
«Las políticas de mano dura no han sido exitosas. La más intensa que conocimos fue la Operación Liberación del Pueblo (OLP), a partir de los operativos en la Cota 905, y demostraron que son un fracaso total. Las bandas delictivas después de las OLP se fortalecieron, han tenido mayor capacidad de actuación, de organización, que las hace más peligrosas», destacó Alvarado.
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En enero de 2015, la Cota 905 fue incluida en el programa gubernamental de Zonas de Paz, una medida que, de acuerdo con la organización InSight Crime, resultó en la cesión de territorios por parte del gobierno de Maduro a organizaciones criminales.
En julio de ese mismo año, la tregua entre las autoridades y los grupos delictivos se rompió con el inicio de las OLP. Según InSight Crime, la primera incursión por parte de la OLP en la Cota 905 dejó 15 muertos, solo 6 de los fallecidos tenían antecedentes criminales.
«La ineficacia y la inconsecuencia del gobierno frente a la necesidad de darles oportunidades a los jóvenes, distintas a la de la delincuencia, es lo que hace que, entre otras cosas, el delito se mantenga latente», agregó Alvarado.
En agosto de 2017, la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, Delcy Rodríguez, estuvo en la Cota 905 y tras su visita a esa zona fue reactivado el programa de Zonas de Paz en ese sector, por lo que las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales se retiraron. «El abandono estatal de que fue objeto Cota 905 convirtió al sector en un enclave criminal, donde las megabandas se movían con total libertad», resaltó InSight Crime.
«Si continúan con esa política, los resultados van a ser más fracasos. Hay que retomar el proyecto original de la Misión A Toda Vida Venezuela, que tiene unos lineamientos en materia de seguridad ciudadana bastante integrales, que tienen que ver con atención en lo económico, lo social, el fortalecimiento de las policías y el respeto a los DD. HH en los operativos», recalcó Alvarado sobre las recientes medidas gubernamentales.
En julio de 2019, miembros de la banda del «Koki» arremetieron contra funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en lo que sería el inicio de reiterados ataques en los dos años siguientes.
A finales de 2020 e inicios de 2021, el grupo delictivo del «Koki» incluyó entre sus dominios La Vega partiendo desde La Cota 905. Eso produjo que las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) desplegaran un operativo en esa zona, que se extendió durante tres días, desde el 6 de enero hasta el 9 de enero, por la que resultaron muertas, de manera extraoficial y según destaca InSight Crime, 23 personas.
«Las miles de ejecuciones que se han realizado en Venezuela obligan a investigar responsables, autores materiales y las cadenas de mando. En los operativos de la Cota 905 aún queda por determinarse cuántos presuntos delincuentes murieron en enfrentamientos con cuerpos policiales y cuántos pudieron haber sido detenidos y ejecutados», resaltó Alvarado.
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Hasta abril de 2021, de acuerdo con InSight Crime, la banda del «Koki» mantenía enfrentamientos armados casi semanales con otros grupos criminales de zonas aledañas a la Cota 905 y con cuerpos policiales.
La confrontación más reciente con fuerzas de seguridad, que se extendió por más de 48 horas, y que abarcó diversos sectores como El Cementerio, El Paraíso y El valle, propició que diversas ONG, como Provea, exigieran a las autoridades priorizar la vida de la gente y evitar una masacre en las comunidades afectadas por la violencia originada en la Cota 905.
«Sabemos que ha habido detenciones arbitrarias, de gente que no tenía nada que ver con los operativos, gente de la Cota 905 que no tenía ninguna relación con las bandas delictivas y que, según tenemos entendido, pronto serán presentadas en tribunales», añadió Alvarado.
El miembro de Provea destacó que no es sencillo establecer o determinar el impacto que pudo haber generado el programa gubernamental Zonas de Paz en el fortalecimiento de los grupo delictivos, básicamente por la falta de transparencia. «Desde un principio no fue transparente, no hubo una presentación del proyecto ni de resultados u objetivos, así que es difícil determinar el impacto para el fortalecimiento de las bandas».
Con información de InSight Crime.
