Detenidos por caso Citgo son vigilados en sus residencias por el Dgcim

Encerrados en sus casas y vigilados en todo momento por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Así se encuentran los seis exejecutivos de Citgo, empresa filial de Petróleos de Venezuela, a quienes el Estado decidió darles la medida de arresto domiciliario la tarde de este 9 de diciembre, luego de pasar dos años detenidos en la sede del cuerpo militar, en Boleíta, Caracas.

Hace dos días los extrabajadores de la filial petrolera José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas y José Pereira recibieron en tribunales la aprobación de la medida de casa por cárcel. Familiares comentaron a El Pitazo que hace una semana las autoridades les preguntaron a los detenidos si tenían vivienda en Caracas y que suministraran la dirección exacta.

Salir de los calabozos de la Dgcim no significó libertad. Los familiares indican que los empresarios son custodiados en las respectivas casas donde se hospedaban cuando venían a la capital de Venezuela, pues todos residen en los Estados Unidos. El Pitazo pudo conocer que a los exejecutivos de Citgo no tienen permitido salir a las áreas comunes de los edificios donde están residenciados.

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Los familiares de los detenidos informaron que han solicitado permiso a la juez de la causa para que reciba asistencia en un centro de salud, pero las demandas han sido negadas.

Una decisión política.

Los seis de Citgo fueron detenidos en noviembre de 2017 luego de ser citados a una reunión en la sede de la estatal petrolera, ubicada en Caracas. Allí fueron acusados por la Fiscalía de delitos como malversación y lavado de dinero vinculados a conversaciones para refinanciar la deuda de Citgo.

Desde la fecha, los familiares han pedido apoyo al gobierno de los Estados Unidos para lograr su liberación, pues todos tienen nacionalidad americana. A comienzos de 2019 cuando un grupo integrado por 13 familiares hizo pública una carta abierta donde le pedían al Departamento de Estado y a los legisladores que ayudaran a obtener su liberación. El vicepresidente Mike Pence luego se reunió con ellos en abril.

Fuentes extraoficiales aseguran que los llamados de Estados Unidos surtieron efecto, y que la decisión de darles arresto domiciliario solo obedece a una intención política.

La misma fuente indica que el pasado 2 de diciembre, cuando los detenidos tenían fijado su juicio, los representantes de las víctimas -que son Pdvsa y la Contraloría General de la República- no se presentaron a la sala judicial.