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Maturín.- Familiares de nueve presos políticos que fueron acusados en marzo de 2020 de organizar un movimiento para detener a Diosdado Cabello en el estado Monagas y entregarlo a la justicia norteamericana pidieron a autoridades nacionales que sean sometidos a un proceso apegado a la ley y que se les brinde la atención médica que requieren.
Se trata de Carlos Alejandro Pérez (41), escolta privado; Luis Eduardo Villarroel (41), funcionario retirado de Polimonagas y también dirigente del Psuv del sector petrolero; César Horacio Belfort (35), escolta; Daniel Enrique Aguilera (36), trabajador de Blindados Oriente; Víctor José Farías (33), docente de educación especial; Francisco José Marcando (43), comerciante; Enrique Parada (37), ex funcionario de Polimonagas; Gabriel Andrés Medina (38), funcionario activo de las Faes y José Ramón Cruz.
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El procedimiento en el que los detuvieron estuvo a cargo de efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (Conas), actualmente permanecen recluidos en la cárcel de La Pica en el estado Monagas, a excepción de José Ramón Cruz que está en las celdas del Conas. Este último se encuentra en delicado estado de salud en vista que presenta una herida producto de una operación que luego de 10 meses de encierro, aún no le cicatriza.
Familiares de los detenidos viajaron este martes 9 de febrero a Caracas para consignar tres documentos de su situación ante la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, Tribunal Supremo de Justicia y relatora especial de la ONU.
La solicitud que esperan formalizar en el transcurso de la semana consiste en que les sea fijada una audiencia preliminar y sean trasladados a la medicatura forense.
Los nueve detenidos fueron acusados por traición a la patria, conformación de grupos armados, asociación para delinquir y tráfico de armas y municiones. Familiares esperan reunirse esta semana con representantes de la ONU y el TSJ para consignar el mismo documento.
