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La presencia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para una nueva requisa fue la causa del motín que protagonizaron internos del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocida como cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, capital del estado Miranda, el miércoles 15 de abril.
A las 9 de la mañana, los castrenses tenían todo dispuesto para un nuevo ingreso al penal. Era la tercera requisa que intentaban hacer esta semana. Las dos primeras no se concretaron. En esta oportunidad, los internos se apertrecharon por cuatro horas para impedir el ingreso, pero de nada sirvió, pues los uniformados entraron para concretar la segunda requisa en menos de un mes. La primera fue la madrugada del 24 de marzo.
De acuerdo a informaciones de familiares de los presos a las que tuvo acceso El Pitazo, en esta nueva visita los funcionarios llegaron con refuerzo. En ambos puntos de acceso al penal -en las adyacencias del mercado popular El Paso y en la comunidad de Ramo Verde-, se instalaron contingentes de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). No había acceso a las puertas del reclusorio.
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«Esta requisa fue menos violenta que la anterior», dijo un familiar a El Pitazo; sin embargo, otro pariente replicó afirmando que el hecho de que fue con menos violencia, no implicó que los presos políticos, en su mayoría, y otro grueso de la población de este penal, no fueran maltratados. «Los presos no quieren que los funcionarios entren porque los someten a torturas», aseguró este 16 de abril.
Según las denuncias formuladas por los declarantes, quienes pidieron mantener sus nombres en reserva, los efectivos de la Dgcim violentaron todas las celdas, se llevaron comida y destruyeron pertenencias de los reclusos, «como ha ocurrido en cada una de las requisas».
Recordaron que desde que inició la cuarentena, el pasado 16 de marzo, los presos de Ramo Verde han estado en confinamiento para evitar ser contagiados con el COVID-19. Sus familiares no han podido visitarlos y la comida que les llevan debe ser colocada varias horas al sol para ser ingresada a las instalaciones, al igual que la ropa y cualquier artículo de aseo personal.
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«No es justo que mientras los presos tienen un mes sin visita de familiares, 200 funcionarios entren a realizar una requisa, sin la higiene ni las medidas preventivas que se requieren en los actuales momentos para evitar la propagación del coronavirus. Con esta irrupción se rompió el cerco sanitario», detallaron.
Organizaciones de Derechos Humanos que velan por los privados de libertad en Venezuela han señalado el peligro de contagio de la población de los penales, desde la aparición del COVID-19, y han solicitado mayores medidas sanitarias y de resguardo. Además han insistido en la liberación de los presos políticos.
De acuerdo a las cifras que ha ofrecido la ONG Foro Penal, en la cárcel de Ramo Verde están recluidos 105 presos políticos que han sido víctimas de arbitrariedades en los procesos judiciales que se les siguen.
Pasada las seis de la tarde del miércoles 15 de abril, los funcionarios de Dgcim se retiraron del Cenapromil. El penal quedó en silencio, mientras que los presos se organizaron para limpiar los destrozos causados por el contingente militar.
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