EN
Caracas.- Aunque se mudó a Los Teques desde una zona fronteriza cercana a Colombia, para visitar a su esposo que está preso en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), ubicado en Ramo Verde, desde hace 17 meses no tiene contacto físico con su pareja. Al igual que ella, de quien se reserva la identidad, otras 370 familias pasan por la misma situación.
Los familiares aseguraron que, en muchos casos, viajan largas distancias para poder verlos por un lapso de 30 minutos a través de una reja. Esa es la dinámica de visita de los viernes, sábados y domingos de cada semana, pues las autoridades de la cárcel tomaron esa decisión a raíz de la pandemia del COVID-19.
La suspensión de las visitas ocurrió en marzo de 2020, días después del anuncio de detección del coronavirus en el país. Desde entonces, familiares se vieron limitados de llevar alimentos, medicina, ropa, entre otras cosas, hasta la puerta.
Cumplido un año de la pandemia, se les permitió a familiares acceder a las afueras del centro de reclusión y ver a los militares presos políticos a través de una cerca que está en la entrada del penal. Familiares de un lado, privados de libertad del otro, pueden conversar sin tener ningún tipo de contacto físico.
Familiares, que se abstuvieron de identificarse por temor a que alguno de los detenidos sufriera represalias, contaron a El Pitazo que desde abril de este año inició en la cárcel una jornada de vacunación contra el COVID-19.
Detallaron que para la fecha toda la población penal, alrededor de 370 militares, ya poseen la segunda dosis. «Preguntamos siempre a los custodios cuándo podremos entrar a visitar a los detenidos, pero ellos no saben responder. Informaron que pronto vendría una Operación Cayapa donde saldrán en libertad varios de ellos, pero no nos dan exactitud», precisó a El Pitazo uno de los familiares.
Las audiencias se encuentran detenidas porque los tribunales están en receso judicial hasta el 14 de septiembre.
