Ninguno de los asistentes refutó alguno de los seis puntos que contempla la normativa, aprobada en primera discusión el 22 de enero por la AN. En cambio, aplaudieron la implementación de la ley destinada a "presos, exiliados y perseguidos políticos, no a los violadores de Derechos Humanos", según afirmó la diputada Delsa Solórzano