Eduardo Velázquez y Marisela Amundaray, en el año 2007, compraron en preventa un apartamento que se comenzaría a construir en un conjunto residencial al este de la capital. Sin embargo, la constructora responsable del complejo fue acusada de estafa inmobiliaria y el Ministerio de Vivienda intervino para garantizar la culminación del urbanismo. Hoy, la pareja acusa al organismo de haber revendido su apartamento