Los irregulares colombianos tratan de ganar el apoyo de los vecinos, mientras imponen su ley en territorios abandonados por el Estado venezolano. Tras la desmovilización, instalaron estructuras para beneficiarse del tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión en Zulia, Táchira, Apure, Barinas, Guárico, Amazonas, Bolívar y Anzoátegui, revela la ONG especializada en investigación del crimen organizado