La directora del Centro para los Defensores y la Justicia asegura que la falta de institucionalidad en Venezuela lleva a que los ataques sean de mayor peligro y los riesgos sean altos. “No existe ninguna institución del país que pueda velar por la garantía de defender derechos humanos y la libertad de expresión, debido a que desde el Ejecutivo se estigmatizan esos lineamientos", destaca