España comenzó a aplicar en 2019 protección por razones humanitarias a venezolanos a raíz de la crisis política y humanitaria de su país bajo la recomendación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). En el primer trimestre de 2022, se aprobaron 3.073 solicitudes a migrantes de dicha nacionalidad