IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
La designación de Enrique Santana como nuevo director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) es una oportunidad para evaluar el desempeño técnico y político del organismo encargado de la regulación de las telecomunicaciones en Venezuela y hacer los ajustes que sean necesarios en su estructura y funcionamiento a efectos de garantizar la vigencia de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.
Las decisiones adoptadas por este organismo han incidido directamente en el funcionamiento de los medios de comunicación y en la circulación de contenidos de interés público. Los bloqueos a portales informativos, el cierre de emisoras de radio y la imposición de sanciones administrativas forman parte de un patrón de restricciones que ha limitado progresivamente el acceso de los ciudadanos a información plural.
Un técnico al mando
El 5 de marzo de 2026, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al administrador Enrique José Quintana Sifontes como director general de la Conatel. El nombramiento fue oficializado mediante el Decreto N.º 5.263 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.992.
Quintana asume el cargo por segunda vez y sustituye a Jorge Eliéser Márquez, militar que dirigió el organismo desde agosto de 2017 hasta marzo de 2026 y que actualmente ocupa la vicepresidencia sectorial de Obras Públicas.
El nuevo director acumula más de dos décadas de trayectoria dentro de la administración pública. Entre 2009 y 2017 se desempeñó como gerente general de Operaciones de la Conatel, cargo desde el cual supervisó aspectos administrativos y técnicos vinculados al funcionamiento del sector de telecomunicaciones.
El 21 de junio de 2017 fue designado por primera vez director del organismo mediante el Decreto N.º 2.922 publicado en la Gaceta Oficial N.º 41.177. Su gestión en ese momento fue breve y se extendió por apenas dos meses.
Posteriormente, el 10 de enero de 2018 fue nombrado presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), según el Decreto N.º 3.242 publicado en la Gaceta Oficial N.º 41.317.
Antes de ocupar estos cargos también ejerció funciones como director en el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (2009), director de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Miranda entre 2004 y 2008 y analista técnico en la Conatel entre 2000 y 2004.
Su regreso al organismo ocurre en un momento en el que persisten cuestionamientos sobre el papel que ha desempeñado la institución en la regulación del sistema de medios y en las restricciones al acceso a información en internet.
447 arbitrariedades
Las decisiones adoptadas por la Conatel tienen efectos directos en el funcionamiento del ecosistema mediático en Venezuela. El otorgamiento o renovación de concesiones, la asignación de frecuencias y la aplicación de sanciones administrativas son herramientas regulatorias que inciden en qué medios pueden operar y en qué condiciones.
Entre 2017 y lo que va de 2026, IPYS Venezuela ha documentado al menos 447 violaciones a las libertades informativas vinculadas a actuaciones de Conatel. Uno de los episodios más significativos ocurrió en 2017, cuando el organismo ordenó la salida del aire de 49 emisoras de radio en distintas regiones del país. Muchas de estas estaciones llevaban años esperando respuesta a sus solicitudes de concesión o renovación de licencia.
Los procedimientos incluyeron inspecciones, decomiso de equipos y órdenes de suspensión inmediata de transmisiones. Propietarios y trabajadores denunciaron que las medidas se fundamentaban en la supuesta falta de concesiones, pese a que dichas solicitudes habían sido presentadas reiteradamente ante el propio ente regulador.
La legislación venezolana permite que el silencio administrativo frente a estas solicitudes sea interpretado como una negativa automática. Este mecanismo ha sido cuestionado por su impacto en la transparencia del sistema de concesiones y por la incertidumbre que genera para los medios que operan en el espectro radioeléctrico.
En la práctica, este conjunto de decisiones ha contribuido a la reducción progresiva de la estructura de medios en el país, particularmente en la radio, uno de los medios con mayor alcance territorial en Venezuela.
Diez desafíos
De acuerdo con los principios establecidos por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades encargadas de regular las telecomunicaciones deben actuar con independencia, transparencia y respeto a la libertad de expresión.
En ese marco, la nueva dirección de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones enfrenta una serie de desafíos estructurales que resultan fundamentales para alinear la gestión del organismo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y acceso a la información.
- Garantizar la independencia orgánica.
Consolidar la autonomía funcional y el carácter técnico del organismo para evitar que la regulación de las telecomunicaciones sea utilizada como herramienta de control político. - Cese del bloqueo de medios digitales.
Eliminar las restricciones discrecionales a portales de noticias y plataformas informativas, garantizando que el acceso a internet sea libre y que no existan interferencias arbitrarias en la circulación de contenidos. - Transparencia en la gestión de concesiones.
Implementar procedimientos claros, públicos y no discriminatorios para la asignación y renovación de frecuencias de radio y televisión, evitando que la figura de la “concesión vencida” se utilice como mecanismo de presión sobre los medios. - Reforma de leyes punitivas.
Adecuar instrumentos normativos como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley RESORTE) y la Ley contra el Odio, eliminando disposiciones ambiguas que permiten la criminalización de la opinión o de la crítica periodística. - Garantizar el debido proceso.
Asegurar que cualquier medida restrictiva de la libertad de expresión y el derecho a la información esté ajustada al debido proceso. - Protección de la privacidad.
Limitar las prácticas de vigilancia digital y el seguimiento de usuarios, ajustándose a los principios internacionales de necesidad, proporcionalidad y legalidad en la recolección de datos. - Fomento del pluralismo informativo.
Promover políticas que favorezcan la diversidad de voces en el ecosistema mediático, incluyendo medios comunitarios, independientes y alternativos, sin sesgos ideológicos en los procesos de habilitación. - Eliminación de la censura previa.
Erradicar las prácticas de presión indirecta sobre los medios, como exhortaciones o llamadas a directivos para impedir la cobertura de asuntos de interés público o de situaciones de crisis. - Garantía de acceso universal a la información.
Impulsar políticas públicas que aseguren conectividad de calidad y asequible para todos los sectores de la población, reconociendo el acceso a internet como un derecho humano fundamental. - Rendición de cuentas y auditoría internacional.
Someter la gestión regulatoria a mecanismos de supervisión y observación por parte de organismos internacionales de derechos humanos, así como publicar estadísticas confiables y verificables sobre el estado del sector de las telecomunicaciones.
En Venezuela, donde el cierre de medios tradicionales y los bloqueos a portales informativos han reducido las posibilidades de acceder a contenidos independientes, el papel del ente regulador adquiere una importancia determinante.
Las decisiones que adopte Conatel en los próximos años no solo definirán el rumbo de la política de telecomunicaciones, sino también el alcance real de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Garantizar un entorno informativo abierto, plural y transparente será clave para revertir las restricciones documentadas durante la última década y para restituir condiciones que permitan el ejercicio pleno del periodismo y el derecho ciudadano a estar informado.
