El 3 de enero de 2026 Venezuela volvió a despertar en clave de acontecimiento histórico. La captura de Nicolás Maduro, lejos de presentarse como una jugada política convencional, fue interpretada por amplios sectores dentro y fuera del país como la ruptura de una anomalía prolongada: la permanencia de un poder que había dejado de operar bajo las lógicas del Estado para funcionar, cada vez más, como una estructura cerrada de intereses criminales. No se trató, para muchos, de un episodio de geopolítica clásica ni de un relevo de liderazgos, sino del desmontaje parcial de un entramado que había convertido a la política en una coartada y a las instituciones en instrumentos de protección mafiosa.
Durante años, los análisis sobre Venezuela oscilaron entre el autoritarismo, el populismo y la deriva dictatorial. Sin embargo, lo ocurrido obliga a desplazar el foco. Más que un proyecto político fallido o radicalizado, el Estado venezolano fue progresivamente capturado por una red transnacional donde confluyeron narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, economías ilícitas y alianzas con actores armados irregulares. La frontera entre gobierno y organización criminal se volvió difusa, y la noción misma de soberanía fue reemplazada por una lógica de control territorial y rentas ilegales.
En ese contexto, la salida de Maduro no produjo el colapso del sistema porque el sistema ya no dependía exclusivamente de su figura. El poder real estaba distribuido en una constelación de actores que sobrevivían gracias a la opacidad institucional, la militarización del Estado y la normalización de prácticas ilícitas como mecanismo de gobernabilidad. La rápida reorganización del mando político tras su captura evidenció que no se trataba de un vacío ideológico, sino de la necesidad de preservar una arquitectura funcional al control y a la protección de intereses acumulados durante años.
La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada debe leerse desde esa clave. Su papel no fue el de inaugurar un nuevo proyecto político, sino el de administrar una transición interna que garantizara continuidad operativa del Estado formal, mientras se contenían fracturas dentro del poder real. El respaldo del Tribunal Supremo de Justicia, el alineamiento del alto mando militar y la contención de los colectivos armados respondieron menos a una lealtad ideológica que a la necesidad de evitar que la desarticulación del liderazgo expusiera redes, responsabilidades y circuitos ilícitos.
Desde esta perspectiva, la tensión entre gestos de apertura política y prácticas coercitivas persistentes no es contradictoria. Es coherente con un modelo de poder que busca legitimarse lo suficiente para sobrevivir internacionalmente, sin desmontar los mecanismos internos que garantizan control y protección. La liberación selectiva de presos, el diálogo con actores externos y la disposición a negociar sectores económicos estratégicos conviven con la vigilancia, la intimidación y el cierre de espacios cívicos porque el objetivo central no es la democratización, sino la preservación del núcleo duro del poder.
La discusión sobre transición democrática, entonces, resulta incompleta si no se reconoce que Venezuela no enfrenta solo un problema de autoritarismo, sino de captura criminal del Estado. No basta con elecciones si las instituciones siguen permeadas por redes criminales. No basta con alternancia si el sistema judicial, militar y económico continúa respondiendo a lógicas de protección mafiosa. La política, en este escenario, deja de ser un campo de disputa programática para convertirse en un mecanismo de encubrimiento.
En el plano internacional, esta lectura explica también las respuestas ambiguas. Muchos gobiernos no parecen entender que el desafío venezolano no es simplemente ideológico, sino estructural y transnacional. La prioridad ha sido contener riesgos —migración, crimen organizado, desestabilización regional— más que promover una transición inmediata bajo estándares ideales. El consenso tácito gira alrededor de una pregunta incómoda: cómo desmontar un Estado capturado sin provocar un colapso mayor.
La reflexión final es necesariamente ética y va más allá de la coyuntura. Si la política fue secuestrada por una mafia, la reconstrucción democrática no puede limitarse a cambiar nombres ni a reorganizar cargos. Implica recuperar el sentido mismo del Estado como garante del bien común, desmontar las economías criminales que lo atraviesan y restituir la legalidad como principio, no como discurso.
La verdadera transición venezolana no comienza cuando cae un líder, sino cuando la política deja de ser refugio del crimen y vuelve a ser un espacio de responsabilidad pública. Sin ese reconocimiento, cualquier promesa de futuro seguirá siendo apenas un cambio de fachada sobre una estructura que permanece intacta.
- @NixonDominguez | Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds
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