Nuestro país vive una situación inédita en la historia continental. En los primeros tres meses de 2026, se observó el descabezamiento de un mandatario de talante dictatorial en ejercicio desde 2013. Su relevo en el poder es una presidenta interina proveniente del autoritarismo chavista, impuesta mediante la intervención armada de un gobierno extranjero cuyas ejecutorias nos han convertido en un protectorado.
En las primeras de cambio, hubo celebraciones desde la diáspora criolla y hasta el último rincón del territorio nacional. Sin embargo, pronto se conocieron expresiones de desencanto en el rictus popular mediante sucesivas protestas por los derechos humanos y exigencias laborales, al reconocer a un gobierno integrado por actores responsables del apocalipsis que ha sufrido la nación en el siglo XXI.
Sumisión y leyes pret-à-porter
Para «justificar» su presencia en Miraflores, estos han debido ceder a las órdenes del reciente —y antes odiado— imperio, procediendo a convertir a la Asamblea Nacional en una fábrica serial de leyes prêt-à-porter. Es el caso de una sesgada ley de amnistía y la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), mientras permanece en liza la Ley de Minas. El grado de sumisión es detectable al leer las disposiciones transitorias de la LOH, donde se autoriza un plazo de 180 días para modificar toda inconformidad que requiera el solicitante; es decir, el capital transnacional petrolero.
Dicho esto, ante la pregunta de si hay una diferencia respecto al tiránico mandato de Nicolás Maduro, podemos afirmar que sí. ¿Pero a qué precio? ¿Acaso al de postergar plenamente la aplicación de la Constitución de 1999, claramente violada durante 25 años? Se está sujetos a argumentos convencionales que descalifican la decisión soberana y constitucional del pueblo asumida el 28J de 2024, al elegir a Edmundo González como presidente de la República.
¿Qué esperpento de régimen gobierna hoy a los venezolanos? ¿Aquel que un día se dice democrático al liberar a presos políticos «perdonados por su magnanimidad», y al día siguiente reprime a los trabajadores que tomaron las calles del país el 23 de marzo, exigiendo salarios justos y trabajo digno? Por cierto, una condición de precariedad impuesta por su propia y nefasta política económica.
El talante represivo del interinato o gatopardismo a la llanera
Se pretende presentar al interinato de Delcy Rodríguez como un «mal necesario» mediante el reconocimiento de un régimen híbrido de democracia con mano dura, calificado en otro tiempo como «dictablanda». El término hace referencia a los finales de la dictadura franquista en 1975 y la posterior gestión de Adolfo Suárez, donde surgieron elementos democráticos mezclados con acciones autoritarias. Ocurrió también en el Chile de Pinochet en 1983, cuando este manifestara: «Esta nunca ha sido dictadura, señores; esta es dictablanda, pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano». Vaya que la apretó, hasta que el plebiscito de 1988 lo echó del poder.
Este tipo de regímenes gatopardianos, característicos por simular cambios para que nada cambie, concentran el poder en el mandatario de turno, quien acelera el control del resto de los poderes públicos. En esta ocasión, la elección del fiscal general y el defensor del pueblo demostrará su verdadero talante: o aplica una elección acorde a la Constitución, o simplemente acudirá a la componenda de una Asamblea Nacional de mayoría oficialista para designar a un alfil más que apoye la gestión.
Así, se conducen hábilmente a fortalecer un interinato designando funcionarios de corte represivo, como el nuevo ministro de la Defensa, Gustavo López —reconocido torturador y victimario de opositores—, y continuando la rotación de cargos con funcionarios que ignoran la administración pública como garantía de fidelidad a la camarilla gobernante.
En definitiva, esta «dictablanda» de los hermanos Rodríguez contiene en su esencia el impedimento al desarrollo dialéctico de la historia y del movimiento de una sociedad que aspira a reconquistar la democracia, la libertad de expresión y el libre desarrollo de su economía con empleos productivos y libertad sindical. ¿Logrará su cometido?
Ante los mantras, que el pueblo diga la última palabra
Todo dependerá de las fuerzas internas de la sociedad venezolana, forjadas en un siglo de luchas integradas a los valores de la humanidad. Ellas deben ser capaces de impulsar una verdadera transición que supere la pretensión de la actual gestión de mantenerse en el poder, a pesar de ser el rostro de la agonía de un régimen hoy en descomposición.
En este ámbito hemos conocido consignas y mantras para conducir nuestro destino. Primero, en 2019, el descalificado mantra de Juan Guaidó: «Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Luego, en 2026, el del secretario de Estado, Marco Rubio, quien detalla lo que, según Estados Unidos, es el «plan» para Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro, dividido en tres fases: estabilización, recuperación y transición.
En realidad, la concreción de uno u otro dependerá de la voluntad del pueblo venezolano, quien dirá la última palabra. No dependerá de partido político alguno ni de los mandatos de un gobierno extranjero. Esa ha sido la enseñanza que, en más de dos siglos de historia republicana, ha contribuido a la conformación de la nación que somos hoy.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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