LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
Los cables de la embajada de EE.UU. en Caracas dan cuenta de las presiones que recibió el canal, pero también de los errores que sus directivas no reconocieron en público.
Alberto Federico Ravell estaba diciendo la verdad. Cuando el 19 de febrero de 2010 convocó a una rueda de prensa para anunciar su salida del canal de noticias Globovisión, que había dirigido durante 15 años, explicó que el gobierno había presionado a uno de los socios, el banquero Nelson Mezerhane, para que comprara todas las acciones de la planta y lo despidiera a él. Tanto Mezerhane como el otro socio mayoritario, Guillermo Zuloaga, aparecen confirmándolo al embajador de Estados Unidos en Caracas, Patrick Duddy, en un cable fechado un día antes de su recordada comparecencia ante los medios de comunicación, sobre una pared forrada con el logo que identifica a la red social Twitter.
Las presiones del gobierno sobre Nelson Mezerhane, accionista minoritario del canal Globovisión y presidente del Banco Federal, recrudecieron luego de que en noviembre de 2009 el gobierno venezolano decidiera intervenir a los bancos con problemas de liquidez. El objetivo final era suavizar la línea editorial de la planta, que tiene alcance restringido en señal abierta, pero una enorme capacidad para influir en los televidentes.
Los más respetados analistas del sector financiero estaban conscientes de la debilidad del Banco Federal, que tenía el 3% de los depósitos del sistema, y de sus dificultades para cumplir con las regulaciones de la Superintendencia de Bancos (Sudeban). Mezerhane siempre negaba esos análisis. Los atribuía a una campaña sistemática de desprestigio fabricada en laboratorios de guerra sucia para provocar masivos retiros de dinero, que encontraba eco en gente vinculada al gobierno en los medios de comunicación.
Estados Unidos sabía desde enero de 2009 de los problemas de liquidez de los bancos pequeños por el aumento del monto de las transacciones en el mercado Overnight (en el cual los bancos se prestan dinero entre sí). Pero como suele suceder en un país tan polarizado como Venezuela, la lectura política siempre prevalece sobre los hechos. A Mezerhane se le veía como un empresario acosado por mantener el espíritu combativo de Globovisión, antes que como el dueño de un banco al filo de la quiebra. Todo cambió cuando el gobierno decidió, en una sorpresiva maniobra, sanear el sistema financiero, intervenir más de una docena de bancos pequeños y exigirle al Banco Federal el cumplimiento de las normas de la Sudeban.
Las 2.184 páginas despachadas desde la embajada de EE.UU en Caracas entre enero de 2009 y febrero de 2010 dan cuenta de la tensa relación entre el gobierno y Globovisión. Alberto Federico Ravell era frecuentemente mencionado en los documentos enviados al Departamento de Estado. Su nombre aparecía en las reseñas que los consejeros políticos elaboraban a partir de las declaraciones de los diputados chavistas, especialmente si estos criticaban aspectos de la cobertura informativa; en los ataques que las bandas parapoliciales cercanas al Gobierno contra la sede de la planta; en el inicio de investigaciones por transmitir información no oficial referida a un sismo ocurrido en Caracas el 4 mayo de 2009; o cuando la secretaria de Estado, Hillary Clinton, concedió una entrevista exclusiva al canal, lo que provocó la ira del gobierno venezolano.
Los cables dejan muy en claro el acoso contra Globovisión entre enero de 2009 y febrero de 2010. Para septiembre de 2009 la embajada había contabilizado 60 acusaciones en tribunales contra el canal por diversos motivos. Pero también resaltan todas las equivocaciones que cometieron y que jamás reconocieron en público.
Ocurrió cuando, por un error de producción, en una emisión del programa Buenas Noches, un talk show que combina informaciones políticas y ligeras, se publicaron mensajes de texto que instaban al derrocamiento de Chávez. Los mensajes, que violaban disposiciones de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, decían: “Activen las redes de información. Posible golpe, alerta para el viernes en horas de la mañana”.
Globovisión jamás reconoció en público que el error, según fuentes del canal consultadas por la embajada, obedecía a un error de producción. El productor del programa dejó en manos de un practicante la labor de revisar los mensajes de texto. Nadie con criterio filtró los mensajes antes de colocarlos al aire. “Por primera vez no sabemos cómo defendernos”, confesó esa persona en aquellos días.
Uno de los conductores de Buenas Noches, el periodista Francisco “Kiko” Bautista, afirmó en una entrevista publicada en el diario El Nacional de Caracas que él jamás apoyaría un golpe de Estado, y sugirió que los mensajes transmitidos pudieron haber sido colocados allí por el propio gobierno o fabricados en un laboratorio. Bautista aprovechó para inscribir lo que en apariencia pareció ser un error de producción dentro del contexto de los atropellos a la libertad de expresión, una muletilla que siempre sale a relucir en la polarizada Venezuela.
Al analizar el caso, el embajador destacado en Caracas, Patrick Duddy, dijo que Globovisión jugaba con fuego al transmitir esos mensajes, “que socavan su credibilidad y le dan a Chávez una excusa poderosa y convincente para que los cierre”.
Muchas veces se ha dicho que Globovisión cruza la frontera de lo informativo para actuar como un partido político. El alcalde del Municipio Sucre de Caracas, Carlos Ocariz, por ejemplo, le dijo al consejero político que esa planta lo había criticado varias veces por destinar su gestión a la atención de las áreas pobres en desmedro de las urbanizaciones más ricas. El exembajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, hizo un análisis similar: “si ellos no te apoyan, no te muestran”.
El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.
Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.
A través de una empresa registrada en México, Consorcio Panamericano de Exportación, sin trayectoria o experiencia conocida, Joaquín Leal hizo una atrevida propuesta a la Corporación Venezolana de Guayana para “reactivar” la industria del aluminio, paralizada tras el apagón de marzo de 2019. El negocio planteaba pagar el suministro de electricidad a las empresas estatales a cambio de pagos en especie con el metal.
Vástagos de estirpes distintas de magnates en Venezuela, Francisco D'Agostino y Eduardo Cisneros son parientes no consanguíneos. También fueron socios por breve tiempo en Elemento Oil & Gas Ltd, una empresa con sede en Malta de la que, a la larga, el joven Cisneros se adueñó por completo. Elemento fue protagonista en la red secreta de comercialización de crudo venezolano que desde México activó Joaquín Leal. Pero a la hora de imponer sanciones, Washington penalizó solo a D'Agostino, ¿por qué?
Como parte de su red de negocios con base en México y un pie en Dubai, ambos comerciantes diseñaron una manera de suplantar el funcionamiento de las grandes franquicias internacionales de tarjetas de crédito, si estas llegaban a abandonar el mercado venezolano por causa de las sanciones de Washington. El planeado sistema de pagos electrónicos, Paquete Alcance, se proponía capturar cientos de millones de dólares en remesas enviadas por expatriados y financiar con ellas las compras en las Tiendas CLAP.
La estructura empresarial que Alex Saab hizo registrar en Turquía, dada a conocer en 2018 por un reportaje de Armando.info, apenas sirvió como una partida en falso para sus planes de exportación del carbón venezolano. Casi en simultáneo, el mercader colombiano hacía contacto con su par mexicano Joaquín Leal para urdir una red que no solo comercializaría crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA como parte de una maniobra evasiva de las sanciones impuestas por Washington, sino que se haría cargo de un esquema para exportar el carbón extraído de las minas del Zulia, al occidente de Venezuela. Con la jugada, miles de toneladas, valoradas en millones de dólares, terminaron en puertos de México y Centroamérica.
Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el régimen de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial. Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
