La última gran apuesta de Vito Recchimurzo Díaz, un jugador irredento de póker en torneos internacionales, consiste en unas semanas de lujosas ‘caimaneras’ de fútbol que convocan a ‘influencers’ y viejas glorias del balompié mundial. Aunque la asistencia a sus partidos es pobre y los números del negocio no cuadran, los beneficios de la Liga Monumental por ahora son, más que financieros, de otra naturaleza: le hacen un favor reputacional al régimen y a sus propios promotores, muchos de ellos contratistas del gobierno.
Con un nombre que evoca a la vez imágenes de fábulas árabes y de pillería, la empresa Alibaba Gold Center servía desde el estado Bolívar como uno de los vértices de un esquema criminal que, entre 2023 y 2024, contrabandeó oro ilegal por unos 800 millones de dólares desde la cuenca amazónica. La banda, desbaratada por la justicia de Brasil, reunía a miembros tanto de nacionalidad brasileña como venezolana, de los que varios siguen hoy prófugos y exhiben sin ruborizarse sus paraderos en Venezuela.
Siempre con apoyo del chavismo, Yulisbeth García asumió hace un par de meses el cargo de gobernadora del estado Bolívar. Al puesto llegó desde la alcaldía del municipio Piar, que manejó por ocho años. Durante su gestión la actividad minera en torno al oro ilegal invadió impune las calles de Upata. También en ese período se instaló en la ciudad una sucursal de Alibaba Gold Center, la empresa que participó en el esquema de contrabando del mineral desde Brasil. Hasta hoy a ‘La Tata’ la persigue la bulla sobre su propia participación en el negocio.
Este reportaje de la revista ‘Piauí’ cuenta la historia de Brubeyk Nascimento, un brasileño que pasó de vender galletas de yuca a traficar con oro valorado en casi 300 millones de dólares durante tres años. El caudal ilícito de mineral dorado que enriqueció al ‘garimpeiro’ en esteroides provino tanto de la Guayana venezolana como de las selvas amazónicas del norte de Brasil. Además, las investigaciones policiales mencionaron otra conexión venezolana, la del general Justo Noguera Pietri, exgobernador del estado Bolívar y excomandante de la Guardia Nacional.
En el extremo oriental de Venezuela, por la maraña de caños que conducen al gran río hasta su desembocadura, se mueven decenas de hombres armados que se identifican como antiguos combatientes de las FARC colombianas. Transitan con libertad, aseguran contar con la venia del gobierno de Caracas y controlan el tráfico fluvial de drogas, de otras mercancías ilícitas y de pasajeros. Contra el deseo de los lugareños, hoy dominan una ubicación estratégica, donde el balatá y el hierro antaño fueron promesas de una prosperidad elusiva.
No fue solo que a través de terceros adquirió un centro deportivo para que los jugadores de su equipo, el UCV-FC, tuvieran un complejo de entrenamiento de primer nivel: Alexander Granko Arteaga, el temido oficial de la contrainteligencia militar chavista, ahora está a punto de conseguir que los ejidos municipales sobre los que se levantan ‘sus’ canchas se conviertan en propiedad privada. Pero no por arte de magia, sino por la previsible conformidad de las autoridades de este cantón del sureste de Caracas.
A la manera de una operación comando, una dupla tomó control, tanto en los registros como en la cancha, de la oncena que lleva los colores usurpados a la máxima casa de estudios del país. La conforman el ‘rambo’ de la contrainteligencia militar, el coronel Alexander Granko -camuflado tras el nombre de su esposa-, y un oficial de la Fuerza Aérea, José Gelvez -con apoyo de su hermano-. Si uno desde las sombras sigue ampliando su emporio comercial, el otro se vincula a una trama de negociados en la Aviación.
Un bulto con armamento debía llegar a un receptor desconocido en una aldea del estado Táchira, cerca de la frontera con Colombia. La entrega, que era monitorizada con celo por al menos un oficial desde un cuartel del Ejército Bolivariano, alcanzó su meta, pero por la fuerza: a los emisarios, dos soldados venezolanos muertos de miedo, los secuestraron y torturaron en el destino previsto del correo. Solo uno volvió de ese martirio y al otro se le busca desde 2017, entre pistas falsas y el aparente encubrimiento militar.
Aunque las desapariciones ocurren en ambas naciones, y a pesar de que en 2023 los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro activaron lo que se recuerda como el único y más claro esfuerzo oficial para la búsqueda de decenas de ciudadanos desaparecidos en la convulsa frontera colombo venezolana, Colombia avanza sola para dar respuesta, con sus altibajos burocráticos y políticos, a la interrogante sobre sus paraderos. En Venezuela impera el silencio y el desinterés de las autoridades, cuando no la burla.
Desapariciones en la frontera colombo-venezolana. Una línea que oculta y silencia cuerpos.
En la frontera que comparten Venezuela y Colombia yacen decenas de historias ocultas bajo un mismo rótulo, la ausencia. La cartografía del horror y del olvido da fe de lugares, en ambos países, donde los grupos violentos mataron gentes y abandonaron sus cuerpos. Allí estarían las huellas de un delito silencioso que desde hace un cuarto de siglo oculta tumbas y borra nombres, pero que nadie investiga: la desaparición forzada transfronteriza. Un sinnúmero de testimonios constituye el único rastro que deja.
La desactivación de la licencia de Washington que permitía a Chevron operar en Venezuela abrió un hueco en las cuentas del régimen de Caracas que, obligado ahora a sacar -rápido y como sea- crudo que vender, flexibilizó las condiciones para los inversionistas. Atraídos por la oportunidad, nuevos postores participan en la piñata por los campos petroleros, pero uno compite con ventaja: el magnate Harry Sargeant III, que cuenta con dos fachadas corporativas y muchos contactos en el alto gobierno, así como un socio forzoso: Alejandro Betancourt, el de Derwick.
Cinco países, ocho empresas y una avioneta bastaban para lavar el oro de sangre de Venezuela, pero algo salió mal en un pequeño archipiélago del Caribe. Durante casi seis meses, Armando.info rastreó facturas y transferencias bancarias, litigó por expedientes judiciales y formuló solicitudes de acceso a información en varias jurisdicciones, para reconstruir rutas del oro ilegal que las mafias de Guayana logran colar hasta Europa.
Mientras Hugo Chávez se asomaba a la muerte, Nicolás Maduro, su anunciado sucesor, empezó a favorecer con contratos al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien hoy sigue siendo proveedor del Estado venezolano. El esquema previó además un bucle para beneficiar a la familia presidencial por la puerta trasera: a cambio de los pagos a través de la estatal Fundación Pro-Patria 2000 para el contratista, éste transfirió al menos 5,8 millones de dólares en presuntas coimas a una sobrina de Cilia Flores y su esposo.
Señalado como uno de los principales perpetradores de torturas contra los presos políticos, el coronel Alexander Granko Arteaga ha creado decenas de negocios que pone a nombre de familiares y amigos. Ahora el oficial de la Dgcim redobla su apuesta empresarial incursionando en el deporte, no solo con el Team Espartanos o tras bastidores del UCV F.C., sino también con un complejo de canchas de fútbol, para cuyas obras la alcaldía y la cámara municipal han servido más de propiciadores que de reguladores.
Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, miles de civiles ucranianos de los territorios ocupados se han desvanecido en el aire. Estos ‘prisioneros fantasmas’ son llevados por las fuerzas de ocupación a lugares de detención informales, donde se les retiene fuera de todo marco legal y se les somete a torturas. Algunos son trasladados al sistema penitenciario ruso, donde languidecen sin cargos o cumplen condenas falsas. Historias Prohibidas y sus colaboradores desvelan este sistema opaco destinado a descomponer la sociedad ucraniana.
En el verano de 2023, una reportera se infiltró en los territorios de Ucrania ocupados por los militares del Kremlin y cayó prisionera casi de inmediato. En febrero de 2025 volvió a Ucrania hecha cadáver, casi irreconocible, con signos de tortura y algunos órganos removidos. ¿Qué ocurrió entre una y otra fecha? La historia del descenso de Viktoriia Roshchyna al infierno del sistema de prisiones de Vladimir Putin la siguieron 45 periodistas de un consorcio liderado por ‘Forbidden Stories’ y Armando.info la republica en exclusiva. Esta es su primera entrega.
Desestimando las dificultades crónicas de abastecimiento en el país, el régimen chavista participa de forma activa, a través del Ministerio de Alimentación, en las exportaciones de esta especie marina, prohibidas desde 2017 de manera expresa en una normativa que busca garantizar la sustentabilidad de la industria pesquera local. Siete de cada diez toneladas, despachadas también por empresas privadas, fueron a parar a la isla, un gesto nada conservacionista que tiene menos de desprendimiento que de auxilio al aliado castrista.
