La sede en Caracas del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional hace tiempo dejó de ser un centro de detención transitorio. Se transformó en un reclusorio clandestino que llegó a albergar a 72 prisioneros. Hoy, sin embargo, apenas aloja a una mujer y cuatro hombres, todos ellos exalcaldes del estado Zulia, acusados por narcotráfico y arrestados en 2025 durante la operación policial ‘Relámpago del Catatumbo’. La exclusividad de esta cárcel se refuerza con la identidad de su carcelero VIP: Diosdado Cabello.
En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.
Con un derroche de ruedas de prensa televisadas y producción de videoclips, al entonces Fiscal General, Tarek William Saab, le bastaron 35 días para demoler a fines de 2023 el relato oficial de un homicidio-suicidio que, ocho años antes, el propio Ministerio Público había asumido como explicación para las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y el bajista Carlos Molnar. El acelerón demandó atajos y omisiones tanto en las investigaciones como en el proceso judicial. Su conclusión resultó tan endeble que solo pudo sostenerse en las confesiones de los acusados obtenidas, según testimonios, bajo coacción.
Muestras toxicológicas que se dañaron en la morgue; el celular de uno de los occisos que se siguió usando como si nada: estos y otros cabos sueltos de la investigación en 2015 de las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y del bajista Carlos Molnar, produjeron una versión oficial, la del homicidio-suicidio, vulnerable ante las conjeturas en redes sociales y la sensibilidad herida de familiares y seguidores del artista. La mella que estas hicieron fue suficiente para que, años después, la fiscalía de Tarek William Saab pudiera fabricar un nuevo relato.
Un par de abogados que pusieron sus rostros a la toma de Bangente actuaban atados por un acuerdo, una opción de compra, a un tercer abogado, José Simón Elarba, quien poco después se quedaría con otra entidad financiera, Bancamiga. Esta última operación fue más pública que la primera, en la que los letrados convirtieron los tribunales en armas arrojadizas. El negocio convocó no solo a los familiares de Elarba, dueño a la vez de la recolectora de desechos Fospuca, sino también al entorno de un influyente personaje: Carlos Malpica Flores, el sobrino ‘favorito’ de Cilia Flores.
Entre apretones de manos, empresas novísimas y mucho silencio, un grupo de líderes empresariales con estrechos vínculos con el presidente Gustavo Petro estableció, durante los primeros meses de su mandato, un canal secreto con operadores políticos en Caracas y con Camimpeg, la empresa estatal venezolana dirigida por el ejército, para cerrar acuerdos relacionados con el petróleo y el gas venezolanos. Aunque Petro mantuvo en público las distancias con Maduro, sus amigos lograron conseguir los contratos.
La policía política se apoderó de una quinta residencial en los cerros del sur de Caracas para hacerla una ‘casa segura’. Al final, le dio uso como escondite de desaparecidos y centro de torturas. La siniestra actividad siguió inadvertida para los vecinos del lugar pero, en cambio, quedó grabada en la memoria de los presos políticos que pasaron por allí. La afinidad del inmueble con la agencia de inteligencia se remonta hasta el año 2000, cuando era propiedad de uno de sus directores, antiguo guardaespaldas de Hugo Chávez.
Entre 2017 y 2019, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional recibió, en una cuenta de Investbank, 27 millones de dólares por contratos de patrocinio con Pdvsa y Bandes. La cuenta estaba entre las 101 mencionadas en una investigación de la fiscalía búlgara como participantes de una red de lavado de 500 millones de dólares procedentes de Venezuela. A su vez, de la cuenta de la Liga salieron transferencias cuantiosas a empresas de todo el mundo, entre ellas, una del exgrandeliga Carlos Guillén.
Un empresario de Anzoátegui, con un ascenso meteórico a la sombra del chavismo, está en la mira de la fiscalía de Bulgaria por su presunta participación en una trama que se tejió alrededor del Investbank de ese país, donde se lavaron 500 millones de euros sustraídos de entidades estatales venezolanas. Aunque, por informaciones de farándula y litigios judiciales, los medios y el público ya lo conocían como Gianfranco Rondón, recientemente intercaló el apellido paterno, Anzellini. Y sí: tiene una cuenta en el banco, pero dice no saber cómo o por qué la implican.
Un esquema comercial utilizó documentación engañosa para mover unas 90 toneladas de oro venezolano, valoradas en 3.000 millones de dólares, contribuyendo a perpetuar la catástrofe ambiental y de derechos humanos del sur de Venezuela. La refinería europea Argor-Heraeus, que figura en la cadena de suministro de gigantes tecnológicos como Apple y Nvidia, procesó buena parte del metal que se colaba entre las fallas del régimen de debida diligencia del metal precioso
Antes de caer rendida ante las órdenes de Washington, Delcy Rodríguez también otorgó dos Contratos de Participación Productiva (CPP) para la explotación de crudo venezolano a personajes del círculo amistoso del presidente Gustavo Petro. La empresa beneficiada se llama Colven Business & Corp y podrá operar los campos de la cuenca Barinas-Apure, muy cerca del departamento de Arauca, con reservas equivalentes a un poco más de la mitad de las que tiene toda Colombia.
Entre millones de correos electrónicos de los Epstein Files algunos reflejan una relación desconocida hasta ahora: la del empresario venezolano Francisco D'Agostino con Jeffrey Epstein, a quien aconsejó invertir en la estatal petrolera venezolana. En el intercambio de mensajes, el venezolano -investigado por su conexión con Derwick Associates y sancionado por triangulaciones fraudulentas de venta de crudo- deja cuenta de su visita a la famosa isla privada del magnate, en la que quedó prendado de una muchacha a la que llamó su “gacela acuática”
Aunque no hubiera quien les llamara ‘pitiyanquis’, familiares de la ahora cautiva pareja presidencial y del ministro de Defensa, junto a la claque empresarial que se formó al cobijo del régimen, se aficionaron a un caro recreo de ‘cowboys’ en las instalaciones del principal cuartel militar de Venezuela. Importaron caballos cuarto de milla con precios de hasta medio millón de dólares y colonizaron la asociación deportiva correspondiente, hasta que el ataque de Estados Unidos, paradójicamente, detuvo el jolgorio.
Desde la filial de Pdvsa se emitieron contratos para blanquear capitales; en paralelo, el colapso del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira forzaba a los carteles a implementar un puente aéreo con helicópteros desde el aeropuerto de Maiquetía. Estas son apenas un par de viñetas entre los indicios duros que se acumulan en documentos judiciales, recién desclasificados en tribunales de Nueva York, que relatan cómo el crimen organizado se confabuló con las estructuras del poder estatal en Venezuela hasta involucrar a Nicolás Maduro.
De 2017 a 2019, el entorno del ex hombre fuerte de Venezuela blanqueó cerca de 500 millones de euros a través del banco búlgaro Investbank. Fondos procedentes de instituciones como Pdvsa, Corpovex o Bandes pasaron por 101 cuentas a nombre de un mismo abogado, antes de continuar su peregrinaje hacia cuentas de terceros relacionados o compañías offshore. El hallazgo de ese flujo de dineros negros -de los que apenas 46 millones pudieron ser incautados- llamó la atención de las autoridades estadounidenses.
La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.
Mientras se desempeñaba como Ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, la flamante Presidente Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Entre los favorecidos de la piñata estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa.
Con apenas 32 años de edad y una formación académica exigua, Alejandra Romero Castillo ya es titular del Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo, una posición clave en las prácticas del régimen para reprimir e intimidar a la oposición democrática. Ser hija de un militar chavista y su disposición a impartir castigos con severidad revolucionaria le sirven como únicas credenciales para imponer recientemente la pena máxima al yerno de Edmundo González Urrutia y conducir causas destacadas de prisioneros políticos.
