A la opinión pública

En el estado de Apure, en pleno corazón de los llanos venezolanos, de vasta tradición ganadera, el calvario de los productores y distribuidores comienza mucho antes de llegar a los canales de comercialización. La alianza cívico-militar, eje del proyecto chavista en todo el país, despoja en la zona a los vendedores entre 10 y 50 por ciento de su mercancía para cebar negocios de dudosa legitimidad. No es solo una injusticia: en medio de la crisis económica, el arrebato agudiza la escasez de alimentos y el aumento de los precios. Armando.Info fue allí para presenciar el vandalismo legalizado que afecta a los productores de quesos artesanales.   

Acusado de financiar las protestas que sacudieron Venezuela en 2014, con un pasado de estudiante inconforme, el opositor venezolano es una innegable influencia para el movimiento que en 2007 irrumpió como actor en la escena política. Su figura también despierta críticas entre los adversarios del gobierno, que lo señalan de arrogarse la creación del movimiento juvenil, manejar financiamientos y fomentar la antipolítica.

Entre 2011 y 2016, Nayshar Flores conquistó Brickell, el distrito financiero de Miami. Entonces llevó adelante una intensa campaña de compra de inmuebles en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, financiada por su buena estrella como contratista de los militares venezolanos. Aunque su apellido podía tener resonancias políticas en el régimen de Caracas y venía de ser socio del yerno de Diosdado Cabello, nada de eso impidió que cayera en una mala racha judicial en Estados Unidos.

Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho de abogados Alcogal, fue usada entre 2011 y 2014 por el Banco Espírito Santo como canal para enviar pagos irregulares por 29 millones de dólares a un alto ejecutivo de Pdvsa a través de su testaferro, ambos de Barinas. Pero los Pandora Papers revelan que, años después, una compañía inglesa se presentó en Panamá con el único interés de adquirir a Clippon, apenas poco antes de que los mismos inversionistas de Londres trataran de comprar el Novo Banco, sucesor “sano” del Espírito Santo.

El régimen de Nicolás Maduro acentuó una práctica que ya aplicaba Hugo Chávez: apropiarse de las casas de los opositores obligados al destierro. Entre las propiedades confiscadas de hecho, sin ningún tipo de justificación legal, hay algunas de políticos de alto perfil ocupadas por cuerpos de seguridad, entes del Gobierno y hasta personalidades del Estado chavista.​ Una nueva ley amenaza con oficializar las arbitrariedades

En noviembre del año pasado, un tiroteo entre agentes de la Policía Nacional y de la contrainteligencia militar atrajo la atención al lugar donde ocurrió: una chatarrera a las afueras de Puerto Cabello. El galpón es propiedad de la esposa y la cuñada del hoy recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga. A partir de ese hallazgo, se trazan las conexiones de la empresa con todo un grupo de compañías, con el negocio de exportación de desechos metálicos que el Estado reserva para sí, y con otro militar violador de derechos humanos.

Alrededor del recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga ha emergido un grupo de negocios que –entre fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas– suma unas 30 empresas, que se sepa. Naciones Unidas ya lo había señalado por sus vínculos con el tráfico de armas, la industria de la extorsión y la extracción ilegal de oro. Y ahora una nueva revelación advierte que, si bien está sancionado en Estados Unidos, su esposa y familia política han logrado abrir nuevas empresas en Florida.

Las sanciones internacionales forzaron al régimen de Caracas a rediseñar sus conexiones comerciales. En el caso del oro, cuya explotación y exportación el gobierno estimula para convertirlo en una fuente de ingresos alterna al petróleo, hizo igual. La novedad fue que, para ello, consiguió en Medio Oriente aliados exóticos, aceite de oliva y un corredor que conduce los cargamentos auríferos a otros destinos. Así, Líbano se convirtió en el segundo mayor comprador del metal precioso en Venezuela.

Los Comandos de la Frontera, grupo que junto a la Segunda Marquetalia inició diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, están operando también en el norte de Ecuador, y con la banda Los Choneros han impuesto un régimen de terror en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. Con la incursión de los grupos armados y el crimen organizado, prospera la minería de oro.

Es conocida la relación privilegiada de Roberto Leyba, expareja de la segunda hija de Hugo Chávez, con Pdvsa. Ha sido, a la vez, contratista y representante legal de la compañía. Los bemoles de esa influencia del abogado se condensan en una operación que nuevos documentos obtenidos para esta historia destapan, por la que el bufete de Leyba acudió al rescate de un deudor insolvente de la estatal petrolera en Panamá y obtuvo, a cambio, un buque de carga para su empresa naviera.