Con la defenestración en mayo pasado del coronel Luis Augusto Piligra de la presidencia de la estatizada Lácteos Los Andes, parecía llegar a su fin un esquema de corrupción enquistado en la administración pública. Pero quien se remonte al paso de ese oficial por la presidencia de Bolipuertos en 2018 encontrará que la Caja de Ahorros del Ejército y una de sus filiales comerciales -una de las cuales el propio Piligra gerenció- sacaron provecho de influencias y un estatus legal dudoso para desde entonces hacer negocios en cuatro puertos nacionales, amparadas en el auspicio de Diosdado y José David Cabello.
Los puertos de Venezuela, un país que llegó a recibir un flujo considerable de importaciones financiadas con petrodólares —antes de que el chavismo quebrara la industria petrolera— han sido un campo de enfrentamiento entre diferentes intereses políticos y económicos. Entre estos, el representado por la Fuerza Armada Nacional (FAN) cuyo ámbito de influencia creció durante la autodenominada Revolución Bolivariana, y cuya estela siempre se percibió detrás de nombres de empresarios y compañías que gozaban de privilegios en las contrataciones navieras.
Pero los militares, finalmente, pasaron al frente. Desde 2017, y al amparo de la apertura que con pragmatismo el gobierno de Nicolás Maduro viene impulsando en determinados sectores de la economía, la incursión del componente armado en los puertos tomó una nueva forma: los militares crearon sus empresas y contrataron directamente con sus colegas que, ya desde antes, están al frente de Bolipuertos, la estatal a cargo de los atracaderos de todo el país.
Fue precisamente durante la presidencia del coronel Luis Augusto Piligra Jiménez en Bolipuertos, entre 2017 y 2018, cuando la Caja de Ahorros del Ejército atendió el llamado de Nicolás Maduro y decidió expandir su “gestión empresarial”, como lo denomina en su página web, con la creación de seis empresas en poco más de dos meses, entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre de 2017, de las cuales cinco están directamente relacionadas con el trabajo en los puertos.
Esta acelerada expansión empresarial a partir de la Caja de Ahorros del Ejército venezolano no concuerda con la naturaleza de estas instituciones que, de acuerdo con la Ley que rige su funcionamiento, son asociaciones civiles sin fines de lucro “de carácter social”, destinadas a fomentar el ahorro entre sus asociados.
El 18 de julio de 2018 se inscribió ante el Registro Nacional de Contratistas (RNC) una corporación que agrupa a todas las empresas relacionadas con la actividad portuaria: la Compañía Venezolana de Logística CVL-Caejerb, S.A (CVL-Caejerb). Sin embargo, el 16 de abril de 2018, tres meses antes de aparecer en este registro que faculta para contratar con el Estado venezolano, los representantes de esta empresa firmaron una “alianza estratégica” con Bolipuertos por un lapso de diez años para tener presencia en cinco patios de cuatro puertos venezolanos, de acuerdo con un documento de la gerencia de comercialización de Bolipuertos al que Armando.info. tuvo acceso.
La alianza se firmó cuatro días antes de que el coronel Piligra fuera sustituido en el cargo por el contralmirante de la Armada, Reinaldo Castañeda. No habían pasado cinco meses desde su separación de esa posición cuando, en septiembre de 2018, el propio coronel Piligra reapareció como vicepresidente y luego como “director general” de la CVL-Caejerb, la misma empresa con la que había pactado una alianza. Tanto en Twitter como en Instagram se le ve vestido de civil y usando lentes de sol, mientras recorre los patios que antes, con la gorra de Bolipuertos, asignó a la empresa cuya gorra pasó a llevar.
En la mayoría de las asociaciones estratégicas que Bolipuertos ha establecido con terceros de la empresa privada o pública, cuenta con una participación de 60% contra un 40% de la contraparte. Pero en el caso de la CVL-Caejerb la relación se acerca a la paridad: se asignó 51% a Bolipuertos y 49% al emprendimiento de los militares que, además, es el único que tiene presencia en cuatro puertos distintos: en los patios Charlie 9, 10 y anexos del puerto de La Guaira (estado La Guaira), el patio 18 del puerto de Maracaibo (estado Zulia), el patio 2 de Puerto Cabello (el principal de Venezuela, en el estado Carabobo), y el patio 16 del puerto de Guanta (estado Anzoátegui).
Entre las funciones que concede el acuerdo se señala la de “optimizar el servicio de almacenamiento”, con lo que en la práctica el Gobierno revirtió la ocupación de los almacenes, y de las empresas que los administraban bajo concesiones, que ejecutó en 2009 con la creación de Bolipuertos. También concede al socio de Bolipuertos otras atribuciones como el “manejo de contenedores llenos y vacíos, trasiego de carga, reparación de contenedores, consolidación y desconsolidación de carga, agenciamiento aduanal, cabotaje nacional”, entre otras.
Esto le permitió a CVL-Cajaejerb ofrecer, a través de sus redes sociales, servicios a clientes privados de almacenamiento de contenedores en los patios que administran, de llenado y traslado de estos contenedores, así como de representación ante la autoridad aduanera, un servicio en el que tienen la ventaja, sobre otros competidores, de haber sido funcionarios en en las instituciones que procesan estos trámites.
El coronel dejó su cargo en Bolipuertos el 20 de abril de 2018. En algunas versiones de prensa se indicó que su salida se debió, precisamente, a presuntas irregularidades en el otorgamiento de estas asociaciones con empresas privadas. El pasado 14 de mayo el fiscal designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció la detención de Piligra a quien acusó de poseer yates, aviones, vehículos de alta gama, apartamentos de lujo y fincas.
Saab indicó que desde la presidencia de la empresa estatal Lácteos Los Andes, cargo para el que fue designado en agosto de 2019, Piligra creó una red de empresas privadas, presididas por familiares y amigos, que fueron favorecidas en las contrataciones públicas. Entre las empresas proveedoras de la estatal estaban: Corporación AA Hidalgo & Urdaneta C.A, cuyo representante legal era su hermano; Novedades Miguel García 2019 C.A, propiedad de su hermana y de su pareja sentimental Amelys Aracely Cabrera Gómez, quien resultó detenida y que también era propietaria de La Fonda de Helenmar C.A, que vendía alimentos a la compañía.
Señaló que el funcionario tenía un hato de nombre Villa La Estancia, de una gran extensión, en el estado llanero de Apure, en el suroccidente de Venezuela, y que a través de las empresas La Fonda de Helenmar C.A. y Comercializadora Hermanos Correia era propietario de un bodegón en el municipio Chacao -cantón comercial del noreste de Caracas, que aloja torres de oficinas y urbanizaciones de clase media y alta- llamado La Esquinita Gourmet. Se presume, además, que usaba la materia prima y las instalaciones de la empresa estatal para empaquetar una marca de leche en polvo, llamada Villa La Estancia, que es de su propiedad.
Como en otros sectores públicos estratégicos, los puertos son escenario de la distribución de cuotas de poder y pugnas dentro del chavismo. En los tiempos de Chávez estos fueron controlados por los hermanos Diosdado y José David Cabello, desde la época en que Diosdado Cabello se desempeñaba como ministro de Obras Públicas (2008-2010) y los puertos estaban adscritos a ese despacho. Posteriormente pasaron a ser regidos por el Ministerio de Transporte. Por aquellos años la familia Cabello era considerada la segunda más poderosa, después del propio Hugo Chávez, una clasificación que ahora está en proceso de cambio con el ascenso de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
La época dorada del auge de los Cabello data de 2008, cuando José David Cabello pasó a ocupar, por primera vez, la superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Aunque ha tenido breves pasantías por otros cargos, Cabello volvió a la jefatura del Seniat, donde se mantiene hasta hoy. Ambos hermanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en mayo de 2018, bajo acusaciones de “lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas”.
Hasta el momento de su detención, el coronel Piligra fue ampliamente favorecido por los hermanos Cabello. Durante la gestión de José David Cabello al frente del ministerio de Industrias, el oficial del Ejército fue designado como presidente de la estatal Venalum, director suplente del Complejo Siderúrgico Nacional, director principal de CVG Alcasa y director principal de Maderas del Orinoco, industrias básicas pertenecientes a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), un holding estatal venezolano al sur del país, conformado por un complejo de industrias dedicadas a la explotación de materias primas.
Durante su presidencia en Bolipuertos, Piligra también tuvo contacto frecuente con José David Cabello, que seguía en su cargo de superintendente del Seniat. Las fotos de Piligra junto a los dos hermanos en medios y redes hicieron que Diosdado Cabello se sintiera obligado a desmarcarse públicamente del coronel, luego de que este fue detenido. “A ningún funcionario lo ponen en un cargo para que se enriquezca. Esta persona, más miserable aún, cuando la corrupción es en los alimentos. Nuestra condena absoluta”, dijo en su programa semanal, Con el Mazo Dando, transmitido por el canal estatal VTV todos los miércoles en la noche.
A pesar de su protagonismo en las redes sociales, Piligra no figura en las juntas directivas de la CVL-Caejerb que están en los documentos de registro de la empresa, aunque en las cuentas de Twitter e Instagram se le identifica como “director general” de la compañía y hasta firmó contratos en nombre de esta. Así lo registra la cuenta de Instagram el 19 de mayo de 2019, en donde aparece una foto de Piligra firmando un acuerdo con Venalum, la empresa estatal que también presidió el coronel, para que la compañía del Ejército preste “apoyo logístico” en la reductora de aluminio.
Los directivos que aparecen formalmente en los papeles también son personas cercanas a los Cabello. La primera junta directiva, nombrada en 2018, estuvo presidida por el exministro de Alimentación, el General de División Yván José Bello Rojas, quien era la máxima autoridad de la compañía en el momento de la firma de la alianza con Bolipuertos en 2018.
Bello Rojas duró poco más de seis meses frente al despacho de Alimentación, entre el 2 de septiembre de 2014 y el 25 de marzo de 2015. Bajo su gestión, el 17 de octubre de 2014, fue designado Gustavo Cabello Canales, primo de los hermanos Cabello, como director suplente en la junta directiva de la Corporación de Alimentos y Servicios Agrícolas (CASA).
Al salir tan abruptamente del ministerio de Alimentación, otro despacho clave dominado por autoridades que vienen de la Fuerza Armada, fue el Superintendente del Seniat, José David Cabello, quien lo reintegró rápidamente a la administración pública al designarlo como director de su despacho, como lo indica la Gaceta Oficial número 40.683 del 16 de junio de 2015. Actualmente el general es el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) —una suerte de protectorado militar sobre la autoridad civil— del estado Amazonas, una región selvática del sur de Venezuela que limita con Brasil y es teatro de operaciones para la subversión guerrillera colombiana y la minería ilegal.
El puesto suplente de la presidencia de la CVL-Caejerb fue ocupado en 2018 por la coronel Ludmila Dritdalia Urbano Gutiérrez, quien fue consultor jurídico del Ministerio de Alimentación cuando Bello era ministro en 2014, y que luego también estuvo como oficial ocupando un cargo en el Seniat en la misma época que Bello.
El 26 de agosto de 2019 fue cambiada la junta directiva de la CVL-Caejerb. Las nuevas autoridades de la empresa dejaron menos dudas sobre la cercanía de esta con los hermanos Cabello. Como nuevo presidente fue nombrado el General de Brigada Ramón Rafael Campos Cabello, primo de ambos.
Campos Cabello fue designado como presidente de la Red de Abastos Bicentenarios el 1 de junio de 2017 y participó en el proceso de privatización de esa cadena de abastos populares en tono con las nuevas directivas económicas. El 9 de noviembre de ese año firmó un decreto con el que se constituyó el comité de licitación para la “venta y permuta de bienes públicos” que abrió la puerta para que la empresa Salva Foods 2015, controlada tras bastidores por Alex Saab, se hiciera con los locales de la cadena estatal de expendios de alimentos, como lo informó Armando.info.
Campos Cabello también fue presidente del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) cuando Diosdado Cabello era gobernador de Miranda. Rafael Guzmán, quien ocupó el cargo de procurador regional en esa entidad durante la gestión del opositor Henrique Capriles, formuló acusaciones sobre presuntos manejos irregulares entre el director del Ipsfa y su hermano Luis Alfredo Campos Cabello, quien entonces era jefe del despacho de Miranda, en las contrataciones que realizó la gobernación.
La Asociación Civil Caja De Ahorro Del Ejército, Caejer, como se le denominó originalmente, fue inscrita el 13 de junio de 2007 como una institución “sin fines de lucro”. Sin embargo, ya en 2008 sus directivos mostraron que tenían planes más ambiciosos.
Ese año conformaron la empresa Inversora Caejer C.A. que, de acuerdo con el RNC, tiene como objetivo la compra-venta, importación, exportación y distribución de productos tan variados como vehículos, lanchas, juguetes, computadoras, software, materiales de oficina, escritorios, equipos médicos, línea blanca, línea marrón, materiales para la construcción y “misceláneos”.
Armando.info detalló la historia de esta empresa pionera de la actividad empresarial del ejército venezolano y de cómo fue favorecida con dólares preferenciales, cuando predominaba el control de cambio, punto de partida de múltiples escándalos de corrupción por la asignación irregular de divisas. Desde el momento de su creación hasta 2014 recibió más de 20 millones de dólares destinados a la importación de atún. El nombre de esta empresa también apareció en un expediente del Ministerio Público que investigaba las irregularidades de la ahora extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).
Esta compañía fue solo el comienzo de la voracidad empresarial que se desataría a partir de 2017 con la nueva apertura del sucesor de Chávez. Además de las ocho empresas que ya se mencionaron en esta nota, el website Caejerb también resalta la actividad de otros dos emprendimientos castrenses como Farma Ejerb, dedicada a la venta de medicamentos, y Seguridad y Vigilancia Caejerb.
La definición jurídica de estas empresas es, cuando menos, ambigua. En los documentos de registro de CVL-Caejerb figura una comunicación de la Superintendencia de Cajas de Ahorro que indica que está registrada en el sector público. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Administración Pública señala que para que una empresa sea considerada como tal la República, o algún ente gubernamental, debe tener una participación superior al 50% del capital social.
Entre los accionistas de esas industrias no figuran instituciones del Estado y sus Registros de Información Fiscal (RIF) no corresponden con los asignados a los entes del Gobierno, por lo que en la práctica actúan como una empresa privada que representa a sus asociados. Armando.info envió el pasado 7 de septiembre correos electrónicos con cuestionarios tanto a Bolipuertos como a CVL-Caejerb, para tratar de aclarar estas dudas, sin obtener respuesta hasta la fecha de publicación de este reportaje. También se intentó contactar vía telefónica al general Yván Bello Rojas, sin éxito.
Lo que sí queda claro es que la nueva política económica del régimen chavista fue la coartada para que algunos oficiales de su columna vertebral, el Ejército, pudiera dar rienda suelta a una solapada vocación empresarial —esta vez sin la necesidad de esconderse detrás de nombres de civiles— con la creación de empresas, dirigidas por generales y coroneles, que resultaron favorecidas por el dedo discrecional de las “alianzas estratégicas” del madurismo.
La flota pesquera venezolana y la industria procesadora de productos del mar se fueron a pique por las importaciones masivas aupadas desde el Gobierno. Por ironía, el tiro bajo la línea de flotación se lo dieron oficiales militares encargados de velar por la soberanía nacional. Una empresa subsidiaria de la caja de ahorros del Ejército importó atún y otros bienes. El negocio se blindó con acceso garantizado a divisas del Estado a tasas preferenciales y alianzas con la nueva clase empresarial.
En la Revolución Bolivariana de Venezuela, con un fuerte componente castrense, los oficiales militares pueden figurar, aún contraviniendo la ley, en simultáneo o progresivamente, como líderes de tropas, gerentes gubernamentales y hasta contratistas del Estado. Uno de cada tres de los 785 militares activos en su momento que, como privados, contrataron con la administración pública durante los últimos diez años, lo hicieron desde empresas que tienen por objeto social el área de la construcción. Un caso destaca: el general de división Frank Herbert Lynch Dávila. La compañía familiar de la que forma parte ha recibido por años contratos para la realización de obras mientras el oficial escalaba posiciones hasta quedar a cargo del suministro del cemento en todo el país.
Las manos de 36 oficiales del Ejército pusieron el rancho morado en el despacho encargado de importar, producir y distribuir los alimentos que se volvieron escasos en Venezuela. Por esas manos pasaron cerca de cien mil millones de dólares durante los tres años del Gobierno de Nicolás Maduro. Sus cargos se asignaron como parte de un continuo enroque entre tres promociones castrenses.
Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.
Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.
Actual superintendente del Seniat y exministro de Obras Públicas entre 2006 y 2008. Junto a su hermano Diosdado Cabello, ha concentrado poder e influencia en los puertos venezolanos.
Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Su influencia sobre los puertos venezolanos se originó cuando presidió el ministerio de Obras Públicas entre 2008 y 2010, al que estaban adscritos esos espacios.
Empresa estatal creada por el gobierno de Chávez el 24 de marzo de 2009, encargada de gestionar y administrar las operaciones portuarias de Venezuela. En 2018 acordó una “alianza estratégica” con la CVL-Caejerb, bajo la presidencia de Luis Piligra.
General del Ejército. Actual presidente de la CVL-Caejerb. Fue Superintendente Nacional de Bienes Públicos y presidente de la Red de Abastos Bicentenarios. Es primo de Diosdado y José David Cabello.
General de División del Ejército. Exministro de alimentación y exdirector del despacho del superintendente del Seniat, José David Cabello. Presidente de la empresa CVL-Caejerb entre 2018 y 2019. Actualmente es el jefe de la ZODI Amazonas.
Coronel del Ejército. Presidió las empresas estatales Venalum (2015-2017), Bolipuertos (2017-2018) y Lácteos Los Andes (2019-2021). Fue arrestado en el mes de mayo bajo acusaciones de manejos irregulares en contrataciones públicas.
Empresa de la caja de ahorros del Ejército venezolano fundada en 2018. Ese mismo año suscribió una “alianza estratégica”, bajo la presidencia del coronel Luis Piligra en Bolipuertos, para operar en cuatro puertos de Venezuela durante 10 años.
