Llegaron desde Turquía: por un lado, un cargamento con lápices de colores, borradores, cuadernos y demás implementos para las clases escolares; por el otro, un despacho de pasta, arroz, atún y otros productos de la cesta básica. Pero el consignatario de ambos era una misma empresa en Panamá, hasta entonces desconocida, y con unos empresarios líbano-venezolanos, muy poderosos y amigos del chavismo de vieja data, por detrás.
Quedaba claro en el contrato: por la importación de comida y útiles escolares, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) debía pagar más de 134 millones de euros a la empresa con sede en Panamá. Pero ciertas condiciones aplicaban, y no para beneficio del cliente, el Estado venezolano.
Por la comida, el pago era de 117,5 millones de euros, de los que 29 millones (casi 25%) debían pagarse en efectivo. Al mismo tiempo, los útiles escolares iban a costar 17 millones de euros, de los que 8,5 millones debían pagarse en efectivo: esto es, la mitad en cash.
Ante esas condiciones inusuales el comprador no puso reparo alguno. Es más: otorgó garantías adicionales. Por ejemplo, si no podía completar el saldo restante en efectivo, pagaría con commodities, como chatarra o coque de petróleo.
La contraparte privada de este negocio llevaba, pues, todas las de ganar. ¿Quién era el vendedor mimado? Sigma International Services Inc., una compañía panameña sin actividad conocida en Venezuela. Pero el apellido de sus dueños sí que era conocido en el país: Khalil, el patronímico de dos hermanos que, si no son los contratistas más frecuentes del chavismo, con toda probabilidad son los más longevos.
También fueron de las personalidades ligadas al chavismo que más temprano recibieron algún tipo de reprimenda desde Washington. En junio de 2004, el Miami Herald dejó saber que el Departamento de Estado había suspendido la visa de Majed, el menor de los hermanos Khalil Majzoub, a cuenta de su participación, a través de una empresa de su propiedad, en “la sistematización de la sección de inteligencia del Ejército de Venezuela”.
Pero esa penalidad -que antecedió por lustros las aplicadas luego a los Alex Saab o Samark López- no disuadió ni a Majed ni a Khaled Khalil Mazoub, hoy de 51 y 56 años de edad, respectivamente, de seguir expandiendo su coto empresarial al amparo de conexiones políticas.
La consolidación económica de la familia Khalil comenzó en 1999, con la llegada al poder de Hugo Chávez. Así, las empresas del grupo han prestado servicios al Gobierno que van desde adecuaciones tecnológicas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hasta aprovisionamiento de comida y servicios de aseo urbano.
Recientemente, en 2020, una de las últimas jugadas de los Khalil fue la de hacerse con el control, por la vía de la asignación de un Estado siempre benévolo con ellos (lo que implica sin licitaciones ni explicaciones y mediante terceros), de la destartalada empresa Lácteos Los Andes, expropiada por Hugo Chávez en el año 2008, venida a menos y, ahora, entregada a la empresa privada Venilac, otra fachada de los hermanos.
En aquellos años los negocios entre los Khalil -beneficiados entre 2004 y 2012 con el otorgamiento por Cadivi de al menos 91 millones de dólares a tasas preferenciales- y el Estado venezolano ocurrían siguiendo un patrón: contratos obtenidos sin licitaciones ni explicaciones a empresas en cuyos documentos no aparecen los dueños o lo hacen de manera fluctuante y con retribuciones en moneda extranjera. Estos tres factores compendian también la historia del contrato entre Sigma y Corpovex y que se origina en Panamá, país que no es ajeno para los Khalil pues allí, entre 2004 y 2007, los hermanos constituyeron las compañías KK Inversiones y Brambech INC.
El origen de Sigma International Services, con Khaled a la cabeza, se remonta a 2010, de acuerdo con documentos que reposan en el Registro Público de Panamá. El 19 de enero, Khaled Khalil registró la empresa, junto con Khaled Ahmad Mansour, Mohamed Daya y, quien figuraría años después, Khalil Ahmad Mansour. El capital inicial, según lo que quedó asentado en el documento, era de un millón de dólares.
La contraparte de estos contratistas -entre decenas de negocios multimillonarios- ha sido Corpovex, la estatal venezolana que se convirtió desde su fundación en 2014 en un tinglado con el que un militar próximo a Diosdado Cabello, Giuseppe Yoffreda, concentró el control de las importaciones del Estado venezolano al mismo tiempo que las hacía inaccesibles para el sector privado.
En 2019, un año después de la salida de Yoffreda de la presidencia de la empresa, seguía al frente de esta Xabier Fernando León Anchustegui, exvicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y exviceministro de Comercio, cercano a Tareck El Aissami, actual vicepresidente sectorial de Economía y Ministro de Industrias. Fue en la presidencia de León cuando Sigma International Services firmó los contratos con Corpovex para importar comida y útiles escolares.
Para ello hubo dos contratos por separado, pero casi simultáneos, ambos, de julio de 2019. Uno avalado por el Ministerio de Educación e identificado con el código CPVX-CJ-CONT-0071-2019 para la adquisición de útiles escolares, y otro avalado por la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal) e identificado con el código CPVX-CJ-CONT-0067-2019.
La lista de útiles incluía cajas de borradores, colores, juegos geométricos, cuadernos, pegamentos, lápices, pinturas y tijeras. La de comida, cajas de pasta, arroz, atún enlatado, aceite, leche, mayonesa, granos, salsa de tomate y azúcar.
El contrato para útiles escolares fue suscrito por poco más de 17,14 millones de euros. El de la comida, por 117,5 millones. Además de las condiciones establecidas para el pago en efectivo y, eventualmente, en materias primas, en los contratos se hacía referencia al “remanente en moneda china”, es decir, en renminbis. Pero se trata de un supuesto que este reportaje no pudo verificar.
La panameña Sigma International Services Inc, de los Khalil, terminó por despachar la mercancía pero no desde el istmo, sino embarcada en el puerto de Mersin, Turquía. De allí navegaron por el mar Mediterráneo, atravesaron el Atlántico y llegaron al puerto de La Guaira entre julio y agosto de 2019.
Los documentos de Sigma International Services INC. del Registro Público de Panamá indican que Khaled Khalil fungió como presidente y director de la empresa entre el momento de la constitución de ésta, en enero de 2010, hasta mayo de 2015. Por razones que no se especifican, entonces hubo cambio de directorio: renunció a sus dos cargos.
Los lugares de Khaled Khalil como director y presidente los ocupó la venezolana Silvia Sousa Vieira, quien en el país es la única propietaria de Grupo Construven, C.A. Esta empresa tuvo vínculos comerciales con una compañía de los Khalil, la Corporación Meditech, dedicada al ramo de los ìnsumos médicos y de la que fue proveedora de materiales de remodelación (especialmente pinturas) en 2014, un año antes de que su dueña, Sousa Vieira, asumiera los altos cargos en Sigma.
En febrero de 2019, ninguno de los accionistas originales de la empresa fungía ya en la lista de presidentes y directores de Sigma International Services. Pero Khaled Ahmad Mansour, Khalil Ahmad Mansour, Mohamed Daya y el mismo Khaled Khalil, los fundadores, siguieron encontrándose en el accionariado de otras empresas.
La principal de ellas es Argenta Zona Libre, S.A., en la que, de acuerdo con sus últimas actualizaciones, Khaled Khalil tampoco ha querido figurar, aunque es uno de sus fundadores. En cambio, esta empresa, con sede en Colón, zona de puerto libre sobre el caribe panameño, ha prestado servicios al Centro de Estudios Tecnológicos Avanzados (Centec), propiedad del mismo Khaled Khalil.
En una suerte de racha interminable, los hermanos Khalil han sorteado sanciones del gobierno estadounidense y continuado con sus negocios en el extranjero. En abril de 2020, los nombres de ambos tuvieron cierta relevancia entre una maraña informativa tupida por la pandemia de la Covid-19, cuando la presidencia interina de Juan Guaidó, a través de su comisionado para la Inteligencia Financiera y el Crimen Organizado, Carlos Paparoni, los aludió como cabezas financieras del régimen de Nicolás Maduro.
En un documento al que tuvo acceso Armando.info, Paparoni vinculaba a los Khalil con Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional, exvicepresidente de la República y hombre de confianza tanto para Hugo Chávez como para Nicolás Maduro.
De las filas del chavismo también había surgido una acusación similar: a comienzos de 2020, mediante un tuit, Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y Minas entre 2004 y 2013, acusó a Rodríguez de enriquecerse a través de un testaferro, Majed Khalil.
El sustituto de León en Corpovex, Héctor Obregón, designado presidente de la corporación en marzo de 2020, es hombre de confianza de Jorge Rodríguez. En 2012 fue asesor jurídico de la empresa Supra Caracas, dedicada a la recolección del aseo urbano en tiempos en los que Rodríguez era alcalde de Libertador. Luego fungió por una semana como ministro de Comunicación e Información, cargo que entregó a Rodríguez, aludido en el documento de la presidencia interina por su vínculo con los Khalil.
Esquivando acusaciones, el silencio y la prudencia han acompañado a los hermanos Khalil en un viaje de dos décadas de multiplicación de negocios.
A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los Andes, la productora expropiada por Chávez en 2008. Pero la realidad tenía sus matices: sí eran musulmanes y con presuntas conexiones en Teherán, pero venezolanos de origen libanés, quienes a través de terceros se apoderaron de la compañía en 2020, como parte de la ola de reprivatizaciones camuflada por la figura de la "alianza estratégica". Se trata de los hermanos Khalil, viejos aliados oficialistas como tempranos sancionados por Washington. Aunque con fines de convertirse en proveedores de los Clap, esta es la segunda incursión en mercados de consumo masivo que se les conoce desde la compra de Eveba en 2003.
Desde puertas hasta pollos, a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) el gobierno de Nicolás Maduro acaparó las importaciones a Venezuela bajo la clásica impronta “revolucionaria”: dándole poder casi absoluto a un militar que cosechó negocios con dinero del Estado, sin ningún tipo de control y fomentando una copiosa red de intermediarios. La sistematización de los registros de importaciones de Puerto Cabello muestra que esa estatal se convirtió en una enorme caja negra que defenestró la importación privada
La paradisíaca isla turística del Caribe venezolano se convirtió, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en el lugar de una trama vinculada a los paraísos fiscales. Hasta allí viajaron un dirigente de la coalición de extrema izquierda Syriza y hoy poderoso ministro del Gobierno griego, junto a un abogado chipriota especialista en negocios offshore que apareció en los Panama Papers. No sé sabe con quién se reunieron, pero sí cómo completaron su misteriosa odisea: a bordo de un jet privado de Majed Khalil, un empresario vinculado al régimen de Caracas.
Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.
Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.
Corporación Venezolana de Comercio Exterior, creada por Nicolás Maduro en 2014. Con esta, el Estado venezolano manejó las importaciones. Tuvo como primer presidente al mayor general de la Aviación Giuseppe Yoffreda, próximo a Diosdado Cabello.
Empresa fundada en 2001 por Khaled Khalil Majzoub, junto con Khaled Ahmad Mansour y Khalil Ahmad Mansour. Con sede principal en Panamá, su objeto fiscal es el de la actividad comercial regulada por la Zona Libre de Colón.
Empresa fundada por Khaled Khalil en 2010. En 2019 consiguió un contrato de 134 millones de euros con el Estado venezolano para importar comida y útiles escolares desde Turquía.
Comerciante venezolana. Accionista única de la empresa Grupo Construven, C.A., con sede en La Guairita, Caracas. Desde 2015 es presidenta y directora de Sigma International Services Inc., cargos que ocupa en sustitución de Khaled Khalil.
Comerciante venezolano de ascendencia libanesa de amplia trayectoria como contratista del chavismo, con empresas como Hornos Eléctricos de Venezuela, Grupo Hardwell Technologies y Consorcio Pacific Rim Energy. Sancionado por EEUU con revocatoria de visa en 2004.
Comerciante venezolano de ascendencia libanesa. Desde la llegada del chavismo, y junto con su hermano Majed, ha constituido empresas que han sido favorecidas con contratos y divisas preferenciales, entre ellas Grupo Hardwell Technologies y Productos Piscícolas, S.A.
