La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios, celebridades y varios venezolanos vinculados a la élite del chavismo. El proyecto, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y trabajado durante casi dos años, contó con la participación de más de 600 periodistas y 150 medios de comunicación de 117 países. Esta es su historia tras bastidores.
Basada en la mayor filtración de archivos de paraísos fiscales de la historia, la investigación de los Pandora Papers revela los acuerdos secretos y los activos ocultos de más de 330 políticos y funcionarios públicos en más de 90 países y territorios, incluidos 35 líderes de naciones y decenas de otros funcionarios públicos, entre ellos asesores presidenciales, generales y el gobernador de un banco central.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), una redacción y red de periodistas sin ánimo de lucro con sede en Washington, D.C., obtuvo más de 11,9 millones de registros financieros, que contienen 2,94 terabytes de información confidencial, de 14 proveedores de servicios offshore, empresas que crean y gestionan sociedades ficticias y fideicomisos en paraísos fiscales de todo el mundo.
Los archivos revelan las posesiones secretas en paraísos fiscales de más de 130 multimillonarios de 45 países, incluidos 46 oligarcas rusos. En 2021, según Forbes, 100 de los multimillonarios tenían una fortuna colectiva de más de 600.000 millones de dólares. Otros clientes incluidos en la filtración son banqueros, grandes donantes políticos, traficantes de armas, criminales internacionales, estrellas del pop, jefes de espionaje y grandes deportistas.
Durante casi dos años el ICIJ organizó la filtración, dirigió la investigación y compartió los archivos con 150 medios de comunicación, incluido Armando.info por Venezuela, y más de 600 periodistas en 117 países, convirtiendo a este proyecto en la colaboración más amplia de la historia del periodismo.
Los reporteros siguieron las pistas de una mansión junto a un acantilado en California, una plantación de azúcar en la República Dominicana, una fábrica contaminante en Italia, torres de gran altura en Dubai y un hospital turco en el que los trabajadores denunciaban malos tratos, así como el rastro empresarial de los funcionarios del chavismo inmersos en la trama de corrupción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Banca Privada de Andorra (BPA), por donde se transaron más de 2.000 millones de dólares en sobornos y blanqueo de dinero vinculados con contrataciones petroleras.
Los documentos abarcan cinco décadas, la mayoría creados entre 1996 y 2020. Incluyen información sobre más de 29.000 beneficiarios reales, que serían los propietarios finales de los activos en paraísos fiscales. Es más del doble del número de propietarios encontrados hace cinco años en la investigación de los Panama Papers, que se basó en una filtración de un solo bufete de abogados, el recordado Mossack Fonseca. En esta nueva filtración quedaron registrados 1.212 venezolanos como propietarios o beneficiarios de empresas en paraísos fiscales, mientras que en los Panamá Papers no llegaron a 100.
Aunque ser propietario de una empresa offshore es legal, el secreto que proporciona puede dar cobertura a los flujos de dinero ilícito, permitiendo el soborno, el blanqueo de dinero, la evasión de impuestos, la financiación del terrorismo y la trata de personas y otros abusos de los derechos humanos, aseguran los expertos. Los Pandora Papers ofrecen nuevas perspectivas sobre los escándalos de corrupción internacionales, como la operación de soborno de gran alcance del gigante brasileño de la contratación Odebrecht S.A., el escándalo internacional del fútbol conocido como FIFAGate y el presunto saqueo del patrimonio público venezolano.
Los países pobres se ven perjudicados de forma desproporcionada por el almacenamiento de la riqueza en los paraísos fiscales, que priva a las arcas públicas de fondos para pagar carreteras, escuelas y hospitales. Pandora Papers revela que los líderes internacionales que podrían hacer frente a la evasión fiscal en paraísos fiscales han movido ellos mismos en secreto dinero y activos fuera del alcance de las autoridades fiscales y policiales mientras sus ciudadanos luchan.
Entre los líderes actuales y anteriores que han sido propietarios de empresas y fideicomisos secretos, según revela la investigación, se encuentran el rey Abdalá II de Jordania, los primeros ministros de Costa de Marfil y la República Checa, los presidentes de Ecuador, Kenia y Gabón y los ex presidentes de El Salvador, Panamá, Paraguay y Honduras.
Los archivos también arrojan luz sobre los negocios financieros de funcionarios del régimen chavista en Venezuela y de la clase empresarial coloquialmente llamada la boliburguesía ,así como, en el resto del mundo, sobre las andanzas de los líderes de las sectas que se mantienen prófugos y de sus seguidores, los cleptócratas y sus familias, los neonazis, un comerciante de agua mineral condenado por solicitar los asesinatos de un juez y un fiscal, un millonario pedófilo prófugo y los financiadores del terrorismo .
El proyecto fue llamado Pandora Papers por ser una colaboración que sigue el legado de los Panama Papers y Paradise Papers, y porque el antiguo mito de la Caja de Pandora sigue evocando una avalancha de problemas y desgracias. El equipo de más de 600 periodistas exploró y desentrañó laberínticas redes de propiedad detrás de innumerables empresas, fundaciones y fideicomisos.
Entre los 14 proveedores de servicios en el extranjero, cuyos documentos componen el conjunto de datos de los Pandora Papers, se encuentran tres que son propiedad de antiguos funcionarios del gobierno. Operan desde Anguila, Belice, Singapur, Suiza, Panamá, Barbados, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Seychelles y Vietnam, y atraen a clientes de más de 200 países y territorios.
Los registros, escritos en más de seis idiomas, incluyen hojas de cálculo, declaraciones fiscales, facturas, presentaciones de PowerPoint, correos electrónicos y registros de empresas con listas de directores y accionistas. También incluyen informes de actividades sospechosas, listas de sanciones, informes de debida diligencia (due diligence), formularios de conocimiento del cliente (KYC o know your client), pasaportes, facturas de servicios públicos y fotografías.
Los reportajes del ICIJ y sus socios, 150 medios que participaron en la investigación, ponen en duda las afirmaciones del sector de los paraísos fiscales de que los proveedores de servicios investigan juiciosamente a los clientes y se esfuerzan por actuar dentro de la ley, y ponen de relieve el costo que supone para el interés público dejar que los ricos y poderosos protejan su riqueza de la ley.
Incluso muestran cómo se utilizan las empresas offshore para ocultar la procedencia de arte y antigüedades. El equipo de reporteros descubrió que decenas de reliquias antiguas permanecen expuestas en destacados museos a pesar de haber estado vinculadas a un célebre coleccionista del que posteriormente se sospechó que había realizado un contrabando a gran escala.
La publicación de los Pandora Papers, por el ICIJ y los 150 medios aliados, incluido Armando.info, llega en un momento crítico del debate mundial sobre la equidad del sistema fiscal internacional, el papel de los profesionales occidentales en la economía sumergida y el fracaso de los gobiernos a la hora de frenar el flujo de dinero sucio hacia empresas y fideicomisos ocultos. Se espera que los Pandora Papers aporten nuevas revelaciones durante años.
(*) Ben Hallman, Joe Hillhouse, Tom Stites, Richard H.P Sia, Emilia Diaz-Struck colaboraron con esta historia.
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.
Los negocios y propiedades offshore de políticos, millonarios, celebridades, fugitivos y hasta mafiosos quedan al descubierto en esta masiva filtración de documentos, que revela el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Los casos del presidente de Ecuador; el Ministro de Economía de Brasil; el Rey de Jordania o magnates cercanos a Putin y Erdogan, permiten dar un vistazo a cómo las finanzas secretas han infiltrado la política internacional.
Según los documentos filtrados, Alcogal creó empresas offshore o extraterritoriales para 160 políticos y funcionarios públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países.
Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.
Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), es una redacción y red de periodistas sin ánimo de lucro con sede en Washington, D.C. Dirigió la investigación de los Pandora Papers y también ha dirigido otras filtraciones similares como Panama Papers, Paradise Papers, Offshore Leaks y, más recientemente, los FinCEN Files.
