Desde 2007 el gobierno venezolano ha tenido entre sus socios predilectos a Bielorrusia al momento de crear empresas mixtas. En este proceso, el Estado bielorruso impuso como socio e interlocutor de la parte venezolana a un cuestionado empresario privado, Viktor Shevtsov, señalado desde hace años por autoridades de Estados Unidos como lavador de dinero y perro de la guerra. Sus negocios en el país van desde la constitución de compañías de portafolio hasta grandes proyectos de construcción. Y, según recientes trascendidos, lo van a llevar a enfrentar, bajo cargos de fraude, a la oscura justicia de su país. ¿Cómo llegó Venezuela a tener un socio así?
Viktor Shevtsov (Yuri Shevtsov) es un nombre frecuente en ruso. Lo llevan un famoso pianista, un actor –que participó en 1966 en la película La tierra de los padres-, un escritor, así como cualquier ciudadano común. En esta historia, sin embargo, identifica a un importante empresario bielorruso que figura en juntas directivas de empresas constituidas con el gobierno venezolano y en algunas de las alianzas establecidas para la construcción de viviendas en Venezuela. Sus habilidades en los negocios desde 1994 –año en el que Aleksandr Lukashenko asumió la presidencia de Bielorrusia y en el que Shevtsov inicia su vida como emprendedor- lo llevaron a ser catalogado en 2010 por el website ej.by como el número ocho entre los empresarios más influyentes de Bielorrusia, con participaciones en empresas como Trustbank, Belzarubezhstroi, BME-Export, FLLC Belpars, Maz-Man y BME-Diesel. Sus negocios se extendieron a Irán, Libia e Irak.
Pero, según distintas versiones, esas habilidades con frecuencia exceden lo estrictamente legal. De hecho, ya en 2004 Trustbank fue acusado por Estados Unidos como lavador de dinero negro, lo que le ganó una propuesta de imposición de medidas especiales en contra de la entidad financiera. Investigado por una Unidad Especial del Departamento del Tesoro, que actuaba bajo el amparo de la llamada Ley Patriota, el banco, entonces conocido como Infobank, se vio obligado a remitir una serie de documentos en su defensa sin conseguir descargos de las acusaciones que sobre la institución se vierten. La alerta y las investigaciones contra el Trustbank, que actualmente es socio del gobierno venezolano, se mantienen.
Los señalamientos contra Shevtsov también incluyeron entonces la venta ilegal de armas a Irak. Cercano al poder, mantiene varios negocios en Venezuela, donde se ha convertido en uno de los principales beneficiarios de la cooperación entre Minsk y Caracas. Y nunca lo ocultó. Apareció desde 2007 en notas de prensa junto con personalidades como los exministros de Vivienda y Hábitat y exvicepresidentes de Venezuela, Ramón Carrizalez (actual gobernador del estado Apure) y Diosdado Cabello (actual Diputado a la Asamblea Nacional), así como con el ministro del Poder Popular para la Defensa, Carlos Mata Figueroa, y el gobernador del estado Aragua, Rafael Isea. Ocasionalmente también lo acompañaron figuras oficiales de su país como el viceministro de Construcción, Anatoly Nichkasov; el asesor del presidente de Bielorrusia para Encargos Especiales, Viktor Sheiman; y el embajador de Bielorrusia en Venezuela, Valentín Gurinovich.
Así, tras un proceso de reuniones y acuerdos, como director de la junta supervisora y director de desarrollo del holding Empresa Sociedad Anónima Cerrada Trustbank, logró participación en la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción, pieza clave de la Gran Misión Vivienda, y la Empresa Mixta Comercializadora de Productos bielorrusa-venezolana. En la primera, a través de la empresa de construcción Belzarubezhstroi en la que el Trustbank es accionista y, en la segunda, directamente con el Trustbank.
Ahora, en un nuevo giro de esta historia de audacia y pocos escrúpulos, las actividades de Shevtsov en Venezuela también comenzaron a levantar sospechas. Algunos medios de comunicación en Bielorrusia como telegraf.by y charter97.org indican que Shevtsov fue arrestado en noviembre luego de haber sido denunciado por fraude a partir de las actividades de Belzarubezhstroi en Venezuela. La información, obtenida a través de fuentes no identificadas por los medios, refiere que los bielorrusos fueron encontrados por sus socios venezolanos mientras intentaban robar dos toneladas de barras de reforzamiento para la construcción. Aseguran también que ni las autoridades en Minsk ni el Trustbank se han pronunciado en público.
Antes de Venezuela, los negocios de Shevtsov habían alcanzado otros países como Irak, Irán y Libia. A través de Belpars, se había relacionado con la empresa iraní Kayson, que también tuvo asignación de contratos en Venezuela: en 2006 se le había encargado un proyecto para construir 10 mil viviendas en un período de 36 meses en los estados Monagas, Portuguesa, Cojedes y Guárico. El presidente de Kayson, Reza Ansari, señaló cuatro años después, en 2010, en declaraciones recogidas por la Belarusian Telegraph Agency, que Bielorrusia es uno de los mejores mercados para la compañía iraní, aunque, precisó, no era su único destino prometido: “Por ejemplo, en Venezuela tenemos mucho más trabajo que en Bielorrusia, pero ahí actuamos como contratistas”.
Sin embargo, fue el paso de Shevtsov por Irak el que lo llevó a ser investigado junto a sus empresas. El 24 de agosto de 2004, la Red de Lucha contra Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network – Fincen), organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicó una propuesta de reglamento para imponer medidas especiales contra Infobank por la preocupación que generaba, como entidad financiera vinculada con el lavado de dinero, a partir de la sección 311 de la Ley Patriota. Ya para ese entonces , Viktor Shevtsov tenía una participación importante en el Infobank –Trustbank desde el 21 de enero de 2005-, sociedad en la que actualmente se mantiene como directivo.
Un reporte de un asesor especial, entregado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos sobre la situación en Irak en 2004 y publicado por el despacho, menciona la participación de Infobank en ese país, al revelar la obtención de acciones en empresas petroleras iraquíes por parte de personajes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, a cambio de una contribución especial con la seguridad del régimen baasista de Saddam Hussein. Infobank ya había ayudado a financiar para ese entonces acuerdos económicos de Bielorrusia con Irak.
Por su parte, BME (Belmetalnergo), empresa que tenía entre sus accionistas a la entidad financiera, estuvo involucrada con la dotación de piezas de fundición y maquinaria para tanques T-72 y para modernizar misiles aéreos de defensa y sistemas de radares, con lo que Shetshov se vinculó de manera directa al tráfico de armas: “BME tenía contratos multimillonarios con Irak y trabajaba cerca de Infobank para financiar el intercambio ilícito. Shevtsov organizaba, por cuenta propia, viajes de aerolíneas bielorrusas desde Minsk a Bagdad. Estos vuelos transportaban a expertos y a directores de compañías bielorrusas conectadas con Irak, así como equipamiento militar y técnico, destinado a los ministerios iraquíes”.
El informe divulgado por la CIA también relata que el gobierno bielorruso llegó a recibir alrededor de 114 millones de dólares en pagos desde Irak. A partir de documentos obtenidos por su oficina, y del testimonio de un detenido, se conoció que el elemento crucial en el intercambio ilícito entre Bielorrusia e Irak fue Infobank. Un alto ejecutivo de la Corporación de Industrialización Militar (MIC) había estimado que el banco tenía un total de siete millones de dólares en sus cuentas, antes de la invasión a Irak (Operation Iraqi Freedom) y que también financiaba el mercado ilícito militar entre Irak y Yugoimport-FDSP de Serbia.
Después de la alerta emitida por Estados Unidos contra Infobank en 2004, la entidad financiera cambió su nombre en 2005 a Trustbank por decisión de la junta de accionistas. El camuflaje de poco sirvió, al menos, en lo que respecta a la postura de las autoridades estadounidenses. La alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Infobank–Trustbank continúa vigente. A través del teléfono, una fuente del Departamento del Tesoro asegura, parca: “El caso sigue abierto y la resolución está pendiente”.
De los siete procesos que se abrieron en 2004 a entidades financieras bajo la sección 311 por lavado de dinero con la propuesta de aplicación de medidas, el del Trustbank es el único que no cuenta con una resolución definitiva. De adoptarse, la medida que se sugiere aplicar a la entidad bielorrusa es la prohibición de abrir o mantener correspondencia o pagos a través de cuentas, lo que de hecho le cerraría las puertas de entrada al mercado financiero estadounidense.
La ya citada Fincen consideraba en 2004 que Infobank –el futuro Trustbank- estaba bien posicionado para coordinar actividades ilícitas usando a su subsidiaria Belmetalnergo y una red de entidades, de modo que podía lavar la procedencia de esas actividades a través de las operaciones bancarias, limpiando fondos del régimen de Saddam Hussein; además de vender equipos militares y armas a una jurisdicción embargada por Naciones Unidas. “Infobank lavaba fondos de manera ilegal, pagados al régimen anterior, para obtener contratos para comprar petróleo Iraquí violando las sanciones de Naciones Unidas y los programas”.
Las actividades del banco, en el período que transcurrió entre la Operación Tormenta del Desierto y la invasión definitiva a Irak, durante el cual el régimen de Saddam Hussein estuvo constreñido por sanciones internacionales y un embargo peculiar regulado por Naciones Unidas mediante el Programa Petróleo por Alimentos, incluyeron el ocultamiento de activos de personeros iraquíes en cuentas a nombre de empleados. “Estas cuentas tenían fondos acumulados a través del retorno de los fondos de contratos de importación por medio del UN OFF Program”, indica el informe de la CIA. También, el dinero obtenido por los cargos ilegales y contratos inflados, regresaba al gobierno iraquí violando las condiciones del embargo internacional, o era usado para la compra de armas o para financiar el entrenamiento militar a través de Infobank y Belmetalnergo.
Tampoco contribuyeron a la reputación de Infobank la opacidad del sistema bancario bielorruso – donde el presidente Lukashenko, “en la práctica, mantiene una influencia significativa en las operaciones bancarias centrales y comerciales del país”, según Fincen-, y la compra en 2001 del 35% de sus acciones por parte del Libyan Arab Foreign Bank (LAFB), el fondo de inversiones de Muamar Gadaffi que formalmente figuraba como propiedad del Banco Central de Libia. Por último, una nota de color: Viktor Shevtsov fue presidente de la Sociedad de Amistad Bielorrusa-Iraquí.
Frente a las acusaciones y antes de cambiar su nombre, Infobank, a través del bufete de abogados Chadbourne & Parke en Nueva York, envió una carta con una serie de documentos en su defensa al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Intentaba frenar las sanciones que se le amenazaban. Su principal alegato resaltaba que “Infobank es un banco, no una firma de comercio o una firma de importación-exportación. Infobank nunca se ha comprometido en la venta de equipo militar y armas”, y que “no hay evidencia de que Infobank está siendo usada por Belmetalnergo o cualquier otro cliente para facilitar la promoción de lavado de dinero. Los alegatos del Fincen son históricos y están relacionados únicamente con un cliente”, manifestando la disposición de terminar la relación con este.
Con reportes de Traver Riggins, International Consortium of Investigative Journalists, Washington DC.
En 2011 el fallecido presidente de Venezuela inauguró la Comuna Agroindustrial Willian Lara, inspirada en una idea similar desarrollada en Bielorrusia. El proyecto se concretó, la construcción comenzó y el dinero se gastó. Seis años después no hay producción que justifique los 300 millones de dólares ni los 1.287 millones de bolívares invertidos. El gobierno del sucesor de Hugo Chávez, acuciado por la caída de los precios del petróleo, olvidó la idea de convertir al país en una gran comuna y abandonó el proyecto. Nada asegura que el enésimo fracaso de un plan chavista para repoblar las agrestes zonas del centro de Venezuela destierre de corpus ideológico de su burocracia las supercherías voluntaristas de Simón Rodríguez: “O inventamos, o erramos”
Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.
A través de una empresa registrada en México, Consorcio Panamericano de Exportación, sin trayectoria o experiencia conocida, Joaquín Leal hizo una atrevida propuesta a la Corporación Venezolana de Guayana para “reactivar” la industria del aluminio, paralizada tras el apagón de marzo de 2019. El negocio planteaba pagar el suministro de electricidad a las empresas estatales a cambio de pagos en especie con el metal.
Vástagos de estirpes distintas de magnates en Venezuela, Francisco D'Agostino y Eduardo Cisneros son parientes no consanguíneos. También fueron socios por breve tiempo en Elemento Oil & Gas Ltd, una empresa con sede en Malta de la que, a la larga, el joven Cisneros se adueñó por completo. Elemento fue protagonista en la red secreta de comercialización de crudo venezolano que desde México activó Joaquín Leal. Pero a la hora de imponer sanciones, Washington penalizó solo a D'Agostino, ¿por qué?
Como parte de su red de negocios con base en México y un pie en Dubai, ambos comerciantes diseñaron una manera de suplantar el funcionamiento de las grandes franquicias internacionales de tarjetas de crédito, si estas llegaban a abandonar el mercado venezolano por causa de las sanciones de Washington. El planeado sistema de pagos electrónicos, Paquete Alcance, se proponía capturar cientos de millones de dólares en remesas enviadas por expatriados y financiar con ellas las compras en las Tiendas CLAP.
La estructura empresarial que Alex Saab hizo registrar en Turquía, dada a conocer en 2018 por un reportaje de Armando.info, apenas sirvió como una partida en falso para sus planes de exportación del carbón venezolano. Casi en simultáneo, el mercader colombiano hacía contacto con su par mexicano Joaquín Leal para urdir una red que no solo comercializaría crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA como parte de una maniobra evasiva de las sanciones impuestas por Washington, sino que se haría cargo de un esquema para exportar el carbón extraído de las minas del Zulia, al occidente de Venezuela. Con la jugada, miles de toneladas, valoradas en millones de dólares, terminaron en puertos de México y Centroamérica.
Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el régimen de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial. Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
