Una tendencia explica la otra: mientras el tajalí, una especie marina de alta calidad proteica y precio asequible, desapareció de los mercados nacionales, a la vez se convertía en el cuarto rubro pesquero de exportación desde Venezuela. Lo curioso de esta relación de proporcionalidad inversa está en quiénes terminan por disfrutar del manjar en el extranjero, porque tres cuartos de las ventas se hacen a Estados Unidos, aunque la propaganda oficial se ocupe tan solo de pregonar los despachos hacia China.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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No toda la mercancía que, recolectada en botes peñeros, sale desde el Caribe venezolano a los mercados de Estados Unidos provoca un despliegue militar como el ordenado por Donald Trump en agosto pasado. De hecho, el tajalí (Trichiurus lepturus) es bienvenido en el norte.
Los números de comercio exterior comprueban que, a diferencia de lo que pregona el gobierno venezolano, no es China a donde se lleva el tajalí, sino a Estados Unidos. Entre enero de 2022 y junio de 2025, alrededor de 75% de las ventas totales de pesca venezolana en el exterior (es decir, unos 101,8 millones de dólares sobre un total de 137 millones) se realizaron hacia Estados Unidos, según revela la base de datos de comercio exterior Comtrade de Naciones Unidas. En esa proporción aproximada coinciden otros registros internacionales como Importgenius, Panjiva y el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard.
Pero esas ventas al más enconado enemigo geopolítico de la autodenominada Revolución Bolivariana parece que le resultan embarazosas al régimen de Nicolás Maduro, que prefiere omitirlas en su comunicación oficial. Por ejemplo, en una edición reciente de su programa televisivo de todos los lunes, Con Maduro+, el hombre fuerte del régimen, para ensalzar las potencialidades de la llamada Venezuela Azul y de los productos pesqueros de exportación, se refirió a la participación del Ministerio de Pesca y Acuicultura en ferias comerciales de China y Rusia. Pero ni por asomo ventiló que este tipo de mercancía estaba llegando a Estados Unidos, la nación que ha impuesto el mayor número, y las más severas, de las sanciones financieras y comerciales sobre el régimen de Caracas, y en específico al estado de Florida, donde se concentra buena parte del exilio venezolano antichavista.
Que Venezuela exporte la mayor parte de los volúmenes de tajali a Estados Unidos es una realidad desconocida en las costas del oriente venezolano, donde los pescadores artesanales reportan una caída coyuntural de la producción que no necesariamente obedece a algún temor a salir a faenar en alta mar y a convertirse, así, en blancos eventuales de los ataques que los militares estadounidenses vienen haciendo en el Caribe Sur con el pretexto de una campaña de interdicción contra el tráfico de drogas, que hasta el 29 de octubre había cobrado la vida de 61 personas y destruido 14 embarcaciones (el propio vicepresidente de la administración Trump, J.D.Vance, bromeó a mediados de septiembre diciendo que ahora él “no iría a pescar en esa parte del mundo”); en cambio, cargan la culpa a la escasez crónica de combustible, que les impide hacerse a la mar. Pero no alcanzan a mencionar la exportación masiva del pescado como causa de su desaparición de las redes y de los mercados.
Uno de los pescados que ya no se venden en el mercado es el tajalí, pese a que el período de zafra está vigente. “Qué va, eso ya no se ve hace rato por acá”, dice uno de los vendedores en el mercado Boca del Río, al lado de la otrora próspera Lonja Pesquera de Cumaná, capital del estado Sucre. “Desde hace tiempo se lo están llevando los chinos”, apenas refiere de manera vaga otro que se suma a la conversación.
Los pescadores artesanales y vendedores a los que Armando.info consultó en Cumaná no estaban al tanto de que, a unos cinco o seis minutos de caminata, en el corazón de la Lonja Pesquera, funciona una de las plantas de procesamiento que saca mayor cantidad de tajalí a mercados externos. Pero no a China, sino a un destino menos sospechado: Estados Unidos.
El tajalí (Trichiurus lepturus) es una especie marina de la familia de los triquiúridos conocida también en las zonas costeras del este de Venezuela como pez sable o pez machete. A veces se le llama pez cinturón o pez cola de cabello en mercados internacionales. Las denominaciones suelen derivarse de la peculiar forma del pez, alargada y casi plana, con una aleta dorsal traslúcida que se extiende a lo largo de todo el cuerpo. No en balde, el origen de su taxonomía científica, Trichiuridae, se remonta a una expresión griega para decir “cola de cabello”.
No es un bocado de prestigio para gourmets, aunque combina el buen sabor de su carne blanca con un alto valor nutricional. Como no contaba con buena prensa y su población suele ser abundante, su precio en el mercado de consumo masivo siempre ha sido menor al de otras especies, lo que le ponía al alcance de los compradores de limitado poder adquisitivo.
“Es equivalente a la sardina, cuya captura y manejo deberían formar parte de los programas sociales para atender el consumo local en un país con una marcada crisis alimentaria. Pero, por el contrario, el tajalí ha desaparecido de las mesas y las pesquerías de Venezuela. Su exportación tiene hasta visos de inmoralidad, dada la desnutrición de la población infantil en el país”, observa José Pepe Cárdenas, biólogo pesquero de la Fundación Caribe Sur.
En efecto: desde 2014, el año en que se inició la crisis de desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad que desembocaría en una abierta crisis humanitaria, se nota un declive constante en su disponibilidad en los mercados, que condujo a su práctica desaparición.
No debió ser casualidad que ese descenso coincidiera con un hecho político-administrativo: en agosto de 2014 se emitió el decreto No. 1.190 que prohibía la exportación de 21 alimentos de la canasta básica, como una medida para frenar el contrabando y el llamado bachaqueo de productos regulados, entonces en boga, y garantizar la disponibilidad de comestibles para el consumo interno. A diferencia de otras especies marinas como la sardina, el jurel y el atún, el tajalí no quedó protegido por las restricciones del decreto, lo que funcionó como un pistoletazo de salida tácito para su exportación.
No pasaría mucho tiempo para que, ya de manera explícita, el tajalí se incluyera como un producto estrella del catálogo de oferta exportable que el Ministerio de Pesca y Acuicultura publicó junto al Banco de Comercio Exterior (Bancoex). En particular, desde que Juan Carlos Loyo asumió el Ministerio de Pesca y Acuicultura en 2022, ha promovido de manera activa las exportaciones de este rubro, sobre todo hacia el mercado asiático, con especial énfasis en China. Y desde instituciones como el estatal Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), a cargo del ministro Alex Saab, se enaltece el potencial del tajalí en términos comerciales.
En un corto intervalo el tajalí se ha posicionado como el cuarto rubro pesquero de exportación de Venezuela, según el viceministro de Procesamiento y Distribución Pesquera y Acuícola del MinPesca, José Gregorio Briceño, quien el pasado agosto anunció el envío de 24 toneladas de tajalí de Venezuela a Shanghái, China, con miras a alcanzar la exportación de casi 300 toneladas al cierre de 2025.
Ya en octubre del año pasado, desde el puerto de Guanta, Anzoátegui, uno de los principales del país, el gobierno había anunciado la exportación de 140 toneladas de tajalí para China a cargo de la empresa Pacific Sea Food CA.
Pero si el mucho ruido de los anuncios oficiales se refería a China, las nueces eran para Estados Unidos.
Lo ejemplifica la compañía Cumaná Seafood C.A. que, según la base de datos de comercio exterior Panjiva, exportó a Estados Unidos 1.387 toneladas de pescado congelado por vía marítima, equivalentes a 5,63 millones de dólares entre 2022 y el primer semestre de 2025. El volumen de esos cargamentos, entre los que se cuenta el tajalí, representa 13% del total de las exportaciones del rubro pesquero hacia ese país en cuatro años. Cumaná SeaFood encabeza la lista de exportadoras de productos pesqueros hacia Estados Unidos, entre 77 empresas venezolanas que, según Panjiva, entre 2022 y 2025 vendieron a once países 11.421 toneladas de pescado correspondiente al código aduanero que incluye al tajalí, valoradas en 41,4 millones de dólares.
Los ecos de ese boom exportador suenan contraintuitivos para muchos pescadores artesanales, que a veces los tachan como meros infundios. “Eso es puro embuste. ¿De dónde sacan tanto tajalí para venderlo afuera?”, comentó para Armando.info M.L., una pescadora artesanal en Puerto La Cruz, ciudad aledaña a Guanta. “Los pescadores no estamos sacando tajalí porque no hay producción, no hay combustible”, remató M.L., a quien, según asegura, incorporaron compulsivamente a un Consejo de Pescadores (Conppa), organizaciones de base comunal adscritas al Ministerio de Pesca y Acuicultura.
“Buenas tardes, señor presidente. Por aquí le habla Walter Alessi, presidente de Cumaná SeaFood, ubicada en Cumaná, estado Sucre”: así comienza el pase en directo que Maduro en la pantalla del canal del estado VTV al representante de la empresa exportadora de tajalí y otros pescados. Junto a Alessi se ve a Jhony Acosta, director de Insopesca en el estado Sucre, quien al mismo tiempo se desempeña como gerente de la planta, ubicada en la Lonja Pesquera de Cumaná. El funcionario declara en pantalla que Sucre es el estado que registra mayor captura de todo el país, con 22.700 toneladas de productos de mar en lo que va de año. Mientras se oye su voz en off, se intercalan imágenes de video de empleados con batas blancas, tapabocas, gorros y guantes quirúrgicos, que limpian y cortan piezas de pescado fresco para exportar. “Cumaná SeaFood es una planta líder en productos de exportación y de calidad para los mercados internacionales”, se enorgullece.
Eso ocurrió en una transmisión de TV presidencial a mediados de mayo de 2024. Pero la empresa tiene una trayectoria que empezó años antes, como parte de un historial que presenta incongruencias. Aunque su presidente, Walter Gregori Francisco Alessi Arterio, declaró en 2024 a medios oficialistas que la empresa ya para entonces contaba con 18 años de experiencia en el sector, su expediente mercantil indica que fue registrada el 7 de marzo de 2019 en Cumaná, fecha que coincidiría con los cinco años que, según detalló, tendría funcionando como planta de procesamiento.
“Cumana SeaFood cumple todos los requisitos de la ley para procesar y exportar todas las especies exportables de Venezuela no solo para USA sino para todo el mundo”, respondió un representante de la compañía al solicitarle su versión para esta historia por un mensaje directo de Instagram. Agregó que en un inicio exportaron a Vietnam, Malasia, Hong Kong, España y Portugal, entre otros destinos. “Para exportar a China se necesitaba una certificación sanitaria que apenas obtuvimos en 2024, después del esfuerzo de coordinación con Insopesca y los representantes de China. Ahora nos toca buscar clientes”.
Dos días antes de registrar Cumana SeaFood en Venezuela, el 5 de marzo de 2019, Alessi Artero abrió una empresa homónima en Florida. Seis años después sigue activa, aunque su nombre no figura entre los reportes de exportaciones de Venezuela hacia Estados Unidos.
A partir de 2022, año en el que registra su primer aumento de capital, Cumaná Seafood C.A aparece como exportadora de pescado en las bases de datos de comercio exterior. Con una capacidad de producción de 30 toneladas diarias y 70 de almacenamiento, la producción no está destinada al mercado local. “Únicamente exportamos”, aclaraba Alessi en aquella transmisión de la TV oficialista.
En la misma emisión, el director de Insopesca en el estado Sucre reveló que la “empresa trabaja en alianza con el Estado”.
Sin embargo, Cumaná Seafood no aparece inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Además, en su comunicación escrita para Armando.Info, Cumaná SeaFood insistió en que no tiene alianza estratégica con el Estado. “El Ministerio de Pesca solo nos regula en políticas económicas y estratégicas del país. Nosotros hacemos solo proceso y comercio internacional como empresa privada, sin ninguna asociación de tipo económica con el Estado”. No obstante, dejó sin aclarar por qué el funcionario de Insopesca de Sucre se presenta al mismo tiempo como un ejecutivo de la compañía privada.
Alessi Arterio es, además, propietario de Proyecto Costa Caribe, empresa de construcción constituida en Cumaná en noviembre de 2009, que ha sido contratista del Estado. En 2011 ejecutó obras para Pdvsa Comunal y la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Acuicultura en el estado Sucre (Fidaes), así como para la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede) en Monagas.
Mientras tanto, Mical Seafood Inc es en Estados Unidos la principal compradora de tajalí, pargo rojo y otras especies llegadas de Venezuela. Fue registrada en 2005 por Ricardo J. Torres, con sede en Cooper City, una comunidad a unos 26 kilómetros al oeste de Fort Lauderdale, en el condado de Broward, en Florida.
Entre 2022 y 2025, la empresa importó 1.272,8 toneladas de pescado congelado desde Venezuela por un valor de 6,1 millones de dólares, según Panjiva.
Solo este año, entre el 27 de abril y el 24 de agosto de 2025, Importgenius registra que Cumaná SeaFood vendió a Mical SeaFood 235,6 toneladas de pescado congelado en 10 envíos.
Venezuela fue el cuarto suplidor de pescado a Mical SeaFood en 2024 después de Ecuador, Honduras y México, según Panjiva. Sin embargo, entre la lista de clientes que muestra en su website corporativo, la empresa domiciliada en Florida no menciona a Venezuela entre los orígenes de su mercancía.
Se consultó por correo electrónico la versión de Mical Seafood sobre su relación como cliente con Cumana Seafood CA, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.
Con el tajalí se repite un patrón visto con otras especies marinas en esta época de incentivos oficiales a las exportaciones que la avidez por monedas duras del régimen de Maduro espolea: la urgencia por su explotación masiva y exportación prevalece ante las salvaguardas ambientales de conservación que el mismo Estado chavista alguna vez dijo impulsar.
En agosto de 2016, el entonces ministro de pesca, Ángel Belisario, prohibió la exportación de pescado fresco a República Dominicana, Aruba, Martinica y Trinidad y Tobago. “No hay permiso para ello, aquellos ciudadanos que incurran en esta acción lo hacen en delito”, declaró en entrevista en la televisora estatal. Aprovechó la ocasión para anunciar que 27 empresas estaban interesadas en participar en el mercado nacional, lo que generaría una inversión de unos 500 millones de dólares para “beneficio de la industria nacional”.
En enero de 2017, Belisario volvió a recordar específicamente la prohibición de la exportación de tajalí, a la vez que ordenaba restringir la emisión de permisos de exportación por parte de Insopesca debido a la alta demanda desde Asia, lo que habría ocasionado distorsiones en los precios del mercado pesquero nacional.
Al año siguiente, el gobierno publicó en la Gaceta Oficial del 26 de febrero de 2018 la resolución DM/N° 006-18 “para la regulación de la pesca y el aprovechamiento del recurso hidrobiológico tajalí (Tridliurus lepturus) y actividades conexas”. Con la resolución se establecieron un período de veda entre el 15 de abril y el 15 de junio, los días de pesca permitidos, la exigencia de una certificación de Insopesca para la producción y exportación, la talla y el peso mínimos garantizados, y el arte de pesca autorizado (cordel y palangre).
En cuanto al comercio exterior, la resolución prescribía inspecciones trimestrales de las cuotas de exportación por parte de Insopesca, a la par que reservó un tope de 30% de la producción nacional para las exportaciones, con el fin de asegurar “el suministro proteico proveniente de este recurso hidrobiológico a nuestra población”.
Pero, apenas siete años después, la desaparición del tajalí de pescaderías y mercados locales indica un probable incumplimiento de la cuota de exportación de 30% de la producción nacional, algo que se deduce de las declaraciones de las propias autoridades.
Por ejemplo, en mayo de 2024, Nicolás Maduro anunció que Venezuela estaba exportando 31 especies de mar, entre ellas el tajalí, pulpo, camarón y cangrejo a 24 países, lo que el MinPesca tomaba como confirmación de la “vocación exportadora… de la Venezuela Azul”. El organismo también informó en aquella oportunidad que Cumaná Seafood había exportado 280 toneladas de productos pesqueros equivalentes a 70% de su producción. Así que, en ese caso, la proporción prescriptiva se volteó: solo se destina 30% al mercado interno. De cualquier manera, este anuncio contradice lo que, como ya se citó, el propio presidente de la companía, Walter Alessi, aseguró en mayo de 2024 en el programa televisivo de Maduro: que toda la producción se vendía fuera del país.
“Estamos haciendo hasta dos faenas diarias para pescar todo el tajalí que se pueda para luego sacarlo para afuera. Tenemos que aprovechar al máximo antes de que comience la veda”, se le escapa durante una conversación con Armando.Info a un funcionario uniformado que supervisa a un Consejo de Pescadores y Acuicultores (Conppa), entre montones de redes secas frente al mar de un pueblo pesquero de la península de Paria, en el extremo oriental del estado Sucre.
Si bien se habla dos faenas al día, en realidad se realizan de noche. En Venezuela, la pesca del tajalí se practica principalmente en la oscuridad, utilizando luces que atraen a los peces y facilitan su captura, lo que también explica que muchos pescadores artesanales queden relegados de esta actividad. Este método, antes prohibido, al igual que la pesca eléctrica, ahora está regulado en teoría, aclara José Cárdenas, de Caribe Sur. “Pero su abuso ha generado sobrepesca”, suelta el experto. “La captura de individuos muy pequeños que luego se exportan es una clara señal de que las poblaciones de tajalí están siendo sobreexplotadas”.
*Isayen Herrera e Isabel Guerrero contribuyeron con esta investigación
*Este reportaje fue realizado con el apoyo del programa Ocean Reporting network (ORN) del Pulitzer Center
Desestimando las dificultades crónicas de abastecimiento en el país, el régimen chavista participa de forma activa, a través del Ministerio de Alimentación, en las exportaciones de esta especie marina, prohibidas desde 2017 de manera expresa en una normativa que busca garantizar la sustentabilidad de la industria pesquera local. Siete de cada diez toneladas, despachadas también por empresas privadas, fueron a parar a la isla, un gesto nada conservacionista que tiene menos de desprendimiento que de auxilio al aliado castrista.
El llamado ‘ecosocialismo’ sopesó el potencial exportador del alga roja y levantó la veda sobre su cultivo y comercio, a los que ahora alienta. Se trata de una especie asiática, introducida a mano y asilvestrada en aguas del oriente del país, que dió pie a un negocio que ya florecía en el vacío legal. En la isla de Margarita la actividad se concentra en un puñado de empresas -alguna conectada con la jerarquía chavista-, casi sin supervisión y ningún estudio de su impacto ecológico. Y los productores artesanales siguen en la miseria.
Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.
El régimen de Nicolás Maduro pretende ganar simpatías con una campaña para reverdecer los laureles que, en su época dorada, cosechó el baloncesto venezolano. Pero ese propósito, en su ejecución actual a través de la llamada Superliga, arrastra una tara de nacimiento: el campeonato mismo y, al menos, dos de sus equipos, están vinculados a jerarcas de los organismos de represión, mientras muchos juegos se disputan sobre la cima de El Helicoide, el tenebroso centro de reclusión y torturas en Caracas.
De una a otra orilla del río Orinoco transcurre un episodio de la competencia global por el control de las tierras raras y otros minerales estratégicos, que enfrenta sobre todo a China y Estados Unidos. Por la densa capilaridad de la frontera fluvial y selvática se van los tesoros geológicos, a los que arrancan del Escudo Guayanés bajo la supervisión de grupos irregulares, y van a dar a empresas de dudosa reputación en Colombia, hasta finalmente alcanzar las refinerías en China.
En la frontera binacional, la extracción de minerales estratégicos ocurre en un lado y se comercializa en el otro, alimentando una economía ilícita transnacional que involucra a guerrilleros y redes criminales. Mientras Maduro y su némesis, María Corina Machado, ofrecen -con objetivos muy distintos- la explotación del subsuelo venezolano, esta ocurre ahora mismo de modo desregulado, invasivo y violento, parte de una guerra sucia global que se libra en pos de las materias primas indispensables para lograr un futuro ‘limpio’.
En tiempos en que el actual gobernante se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez, una comunicación de la representación diplomática venezolana en Líbano informaba con candidez a Caracas sobre un caso que expuso el mecanismo por el cual alijos de cocaína, transportados por compatriotas hasta Medio Oriente, se destinaban a financiar al grupo fundamentalista chií. Ese comercio ilícito se suma a otros nexos de coordinación y apoyo entre las dos partes, denunciados esta semana en una audiencia del Senado estadounidense.
El pasado 5 de septiembre, una noticia se difundió por todo el mundo: dos aviones de combate F16 venezolanos habían sobrevolado un buque de guerra estadounidense en el Caribe Sur. La maniobra, que se interpretó como un gesto de desafío, convirtió en celebridades fugaces al par de pilotos, uno de los cuales, el mayor general Alfredo Tanzella Rangel, cumple otra misión: formar parte de los 17 socios, todos altos oficiales activos de la Aviación Militar, de una empresa que vende desde dispositivos GPS hasta sacos de arroz.
Tras un cuarto de siglo de obras, Nicolás Maduro inauguró el lujoso hospedaje, de cuya regencia dejó a cargo a su otrora contratista favorito y actual ministro, en el rol de presidente del CIIP. Pero antes, en 2013, el comerciante colombiano había aceptado la misión de terminar la construcción en un año, tarea que incumplió. Entonces y ahora Saab ha tenido como contrapartes a miembros de la familia de Cilia Flores, inspirados por el lema “Juntos todo es posible”, mismo que denomina a una corporación estatal que controlan.
presidente de Cumaná SeaFood en la capital del estado Sucre y de Cumana Seafood en Miami.
director de Insopesca en el estado Sucre y gerente de planta de la empresa privada Cumaná Seafood CA que forma alianza estratégica con el Ministerio de Pesca. Militante del Psuv en Sucre. Fue alcalde del municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre en (2019-2020).
Economista de la Universidad de Carabobo. De 2006 a 2010, presidió el Instituto Nacional de Tierras y de 2010 a 2012 fue Ministro de Agricultura y Tierras bajo el gobierno de Hugo Chávez. En 2022 fue nombrado Ministro de Pesca y Acuicultura.
