La policía política se apoderó de una quinta residencial en los cerros del sur de Caracas para hacerla una ‘casa segura’. Al final, le dio uso como escondite de desaparecidos y centro de torturas. La siniestra actividad siguió inadvertida para los vecinos del lugar pero, en cambio, quedó grabada en la memoria de los presos políticos que pasaron por allí. La afinidad del inmueble con la agencia de inteligencia se remonta hasta el año 2000, cuando era propiedad de uno de sus directores, antiguo guardaespaldas de Hugo Chávez.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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El silencio y el aislamiento de una comunidad cerrada, bajo resguardo de barreras y garitas, parecen proteger de cualquier violencia que venga de afuera a las familias que habitan en este ramal, un colofón de la extensa calle Simón Planas, en Colinas de Santa Mónica. Aunque resulte que la violencia siempre estuvo dentro.
A primera vista, una de sus casas luce similar a las adyacentes quintas, típicas de la urbanización, situada en el suroeste de Caracas, cerca de los empinados linderos entre los municipios Libertador y Baruta. Alguna vez en el inmueble hubo vida familiar. Se hicieron hallacas, corrieron niños en su patio, se recibieron visitas.
Dos casas más allá, al fondo de la calle ciega, se encuentra el Salumificio Il Visconti, un restaurante y fábrica de embutidos artesanales, preparados según la tradición italiana. Funciona desde 2010. La casa que le sirve de sede yace sobre una cornisa de las colinas, un mirador que ofrece vistas sublimes del cerro El Ávila y del oeste del valle de la capital venezolana. El local solo atiende en las noches, aprovechando el escenario y el panorama que se observa desde sus terrazas, propicias para contemplar la puesta del sol en una cena romántica con música en vivo. También se celebran bodas, cumpleaños, navidades y brindis corporativos.
Sin embargo, diversas señales empiezan luego a sugerir que nada normal ocurre en la quinta La Arenosa; en cambio, sí algo ominoso. La distinguen altos muros de piedra, cercado eléctrico, paredes reforzadas con ladrillos y cámaras de vigilancia dispuestas en ángulos cruzados, entre otros signos de acuartelamiento.
Los indicios no mienten. Hasta hace poco, en la quinta funcionaba un centro clandestino del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), donde sus agentes escondían y torturaban a activistas de oposición secuestrados. Armando.info confirmó al menos siete casos de víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, detenidas después del fraude electoral que Nicolás Maduro perpetró en julio de 2024, que fueron objeto de maltratos y tormentos entre sus paredes.
En algún momento, todas esas víctimas fueron trasladadas -varias de ellas inmovilizadas por un dispositivo que agentes y prisioneros apodaban El pulpo, pues ata manos y piernas a la vez- hacia El Helicoide, el hasta hace poco siniestro reclusorio que también se divisa desde las terrazas de Il Visconti.
“Sí, esa casa es del Sebin”, afirmó un vecino de la quinta, de dos plantas y jardín, al responder a una consulta del equipo de Armando.info. Aseguró que recientemente no ha visto el movimiento de las camionetas que solían salir y entrar a toda hora, una actividad intensa que duró por años.
El acceso a la calle está restringido. Para entrar hay que dejar atrás dos garitas de vigilancia donde se valida un código autorizado por los habitantes de la zona residencial.
La Arenosa fue construida por sus dueños originales en los años 70, cuando la clase media caraqueña se expandía por las colinas del sur del valle y más allá, con el auspicio de la prosperidad petrolera. Personas que vivieron en la casa o la frecuentaron, la recuerdan como un hogar luminoso, de puertas abiertas, donde se celebraban cumpleaños familiares y se hacían parrillas con amigos cada fin de semana. Los festejos navideños en la vivienda se rememoran con cariño. Entonces se reunían varias familias para preparar hallacas en el patio interno, a la sombra de un árbol de mango.
Décadas más tarde, el terror se alojó en La Arenosa.
Por ello, los prisioneros políticos que por ella pasaron la recuerdan de otra manera. Durante la mayor parte de su estadía permanecieron con los ojos vendados y esposados. Aun así, las impresiones y los atisbos que cosechaban en la casa, cruzados más tarde con otros prisioneros de vuelta a El Helicoide -desde donde eran trasladados-, permitían construir en la memoria un mapa bastante aproximado a la realidad del lugar donde los habían maltratado. Algunos lograron identificar partes de la casa en los breves momentos en los que les quitaban la capucha para interrogarlos o dejarles ir al baño; otros miraban “algo” por los rabillos de los ojos que las vendas no cubrían. Escuchaban las conversaciones de los policías, el traqueteo de una lavadora y los gritos de otros detenidos. Con esas piezas concluyeron que el lugar donde habían estado desaparecidos era ese de Colinas de Santa Mónica
El contraste entre el horror y el candor, distanciados por tan solo unos metros, remite a la atmósfera de la película Zona de Interés, del director Jonathan Glazer, ganadora de un premio Óscar en 2023, a su vez muy libremente inspirada en el libro homónimo del escritor británico Martin Amis. Los pasajes de la una y del otro muestran la vida casi idílica de la familia del comandante del campo de exterminio de Auschwitz, Rudolf Höss, así como las de otros oficiales de la SS nazi, que discurrían impasibles, separadas apenas por una pared del infierno donde a diario gaseaban e incineraban a miles de personas, Con la diferencia de que esas familias arias de la II Guerra Mundial conocían a ciencia cierta que algo terrible ocurría detrás del muro, algo de lo que los vecinos de Colinas de Santa Mónica no necesariamente estaban informados.
Muchas de las casas clandestinas ubicadas, como La Arenosa, en vecindarios familiares de clase media o media-alta de Caracas, y quedaron en manos del Sebin y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para convertirlas en centros de torturas, fueron parte del botín que el régimen chavista confiscó, la mayoría de las veces sin soporte legal y solo como hecho cumplido, de viviendas de opositores exiliados, presuntos narcotraficantes y familias acomodadas, según explicaba la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos (MIIDH) de Naciones Unidas en su tercer informe de 2022. Si bien se trata de organismos oficiales -en el caso del Sebin, por ejemplo, desde 2012 quedó adscrito al organigrama de la Vicepresidencia de la República-, ambos optaron por hacerse de estos lugares informales u oficiosos a manera de casas seguras o casas de seguridad, en principio destinadas al resguardo de funcionarios del régimen ante emergencias de orden público o golpes de Estado, “pero [que] luego se utilizaron para encarcelar, torturar y secuestrar a opositores”, relata el informe.
La Arenosa aparece como un caso excepcional frente a esa usanza de las agencias de inteligencia del chavismo. Allegados a los propietarios originales aseguran que estos vendieron la vivienda a un militar alrededor del año 2000. La memoria se les hace imprecisa. Así que es un documento judicial el que termina por aclarar la verdadera trayectoria patrimonial de la quinta.
Se trata de un acta de divorcio emitida en 2012 que revela que, hasta entonces, el inmueble era propiedad del excapitán del Ejército, Carlos Luis Aguilera Borja, junto con su primera esposa, María Esther Rioobo de Aguilera. El documento certifica que en la quinta La Arenosa la pareja, que permanecía separada desde 2005, había establecido “su último domicilio conyugal”.
Aguilera Borjas fue uno de los guardaespaldas de confianza del comandante revolucionario, Hugo Chávez. Dirigió la policía política (entonces Disip, Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención, antes de llamarse Sebin) del primer gobierno del caudillo bolivariano hasta 2002. Entonces, al discreto oficial lo señalaron por su fracaso en prevenir y sofocar el golpe militar del 11 de abril de 2002, que sacó a Chávez del poder por 47 horas. Para colmo, durante la asonada, agentes de la misma Disip, sus subordinados, llegaron a arrestar a Aguilera. Así quedó cuestionado su control sobre el cuerpo, así como quedaron en entredicho su eficacia y hasta su lealtad a la Revolución. Fue entonces destituido de aquel puesto y degradado a la insignificante dirección del Fondo de Jubilados y Pensionados. Su defenestración, sin embargo, no le cayó mal a Aguilera. Sería el comienzo de una carrera de negocios en el extranjero, por la que hizo fortuna, hasta el punto de aparecer en una filtración masiva del Credit Suisse en 2022.
Se desconoce cómo la casa del exdirector de la Disip, caído en desgracia, terminó en manos del mismo cuerpo de seguridad que alguna vez el propio Aguilera comandó, y que le daría un uso muy distinto al residencial.
Fueron ocho los hombres vestidos de negro que, la noche del 10 de diciembre de 2024, detuvieron al activista político venezolano, Jesús Armas, en la entrada de un café de la urbanización Las Mercedes, en el sureste de Caracas. En esa fecha, el exconcejal de Caracas y director de la organización Ciudadanía Sin Límites había decidido salir de la clandestinidad, en la que estuvo a salvo desde que se desató la vorágine represiva tras el fraude electoral del 28 de julio. Estaba harto del encierro, confesó a Armando.info, y lo dejó, si bien lo preocupaba que ese abandono de la concha suponía exponerle al riesgo de engrosar la lista de presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, que en aquel entonces ya superaban los 2.000. No pasaron 24 horas antes de que cayera en las garras de la policía política.
Los individuos, con uniformes pero sin insignias, le taparon la cabeza con una capucha, lo obligaron a subir a una camioneta y se pusieron en marcha de inmediato. Al cabo de pocos minutos de recorrido se detuvieron, bajaron al activista político del vehículo, y lo condujeron al interior de algún lugar que, en el primer momento, no tuvo cómo identificar. Con todos los sentidos velados, el también profesor universitario intuyó que estaban cerca de Las Mercedes, donde lo habían apresado, pues el trayecto había sido corto. En efecto, Colinas de Santa Mónica se encuentra en unas alturas cercanas.
Durante su cautiverio, Armas comprobaría poco después que sus captores eran agentes del Sebin, la policía política del hoy depuesto Maduro, según su testimonio para Armando.info.
Luego de sentarlo en una silla de plástico, sigue su relato, le quitaron la capucha y empezaron a interrogarlo. Armas se descubrió entonces en la cocina de una casa desconocida, rodeado por un grupo de hombres, la mayoría con los rostros ocultos tras pasamontañas. Solo dos de ellos dejaban ver sus caras. Fueron precisamente quienes condujeron con agresividad el interrogatorio. Le preguntaron de forma insistente por los paraderos de María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa, quienes entonces se encontraban en la clandestinidad, como muchos otros dirigentes de la oposición. En vista de que el exconcejal se negaba a responder, metieron su cabeza en una bolsa de plástico para quitarle el aire, lo que agravó su condición de asmático.
La sesión de tortura de los policías solo cesó cuando uno de los hombres de negro avisó que “la tipa ya está diciendo que lo secuestraron”. Se refería a la pareja de Armas, la también activista Sairam Rivas, quien para el momento había comenzado a hacer la denuncia de la desaparición a través de las redes sociales, y por lo tanto aparecía en las pantallas de los celulares de los agentes.
Solo al tercer día de aislamiento fue cuando Armas consiguió verificar dónde lo tenían. Luego de dormir tres noches en la silla de plástico blanca, debajo de una escalera, y en un pequeño cuarto en la planta baja, sus custodios lo mudaron al segundo piso de la casa, donde había una habitación con literas para el descanso de los agentes policiales. Desde allí, logró asomarse por la ventana de un baño y leer, en el muro de enfrente, un letrero callejero que indicaba: “Ramal 2, Colinas de Santa Mónica”.
Pero Armas no podría compartir públicamente este hallazgo sino hasta un año y dos meses después, cuando fue liberado del confinamiento por el cual rotó de la sede de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, en el noreste de Caracas, a El Helicoide, además de cárcel, sede de oficinas del Sebin.
Entre sus primeras declaraciones al salir de El Helicoide, el 8 de febrero de 2026, el exconcejal confirmó frente a las cámaras que había sufrido torturas y vejaciones en la quinta La Arenosa de la calle Simón Planas, Ramal 2, Colinas de Santa Mónica.
El informe de conclusiones de la MIIDH, publicado el 8 de septiembre de 2025, registró también el caso del empresario Noel Álvarez, otro visitante forzado y maltratado en La Arenosa. Álvarez, expresidente de la organización patronal Fedecámaras, fue coordinador del Comando Con Venezuela que organizó la campaña presidencial de 2024 en apoyo al candidato Edmundo González Urrutia, sustituto que la inhabilitada María Corina Machado designó.
Álvarez ya había recibido amenazas cuando, el 10 de enero de 2025, lo capturaron sin orden judicial en la urbanización Terrazas del Club Hípico, sureste de Caracas. Aquel día estuvo cargado de acontecimientos, pues era la fecha de la toma de posesión fraudulenta de Maduro.
A Álvarez se lo llevaron unos 15 funcionarios del Sebin a bordo de tres camionetas negras. Le taparon la cara con su propia franela, a modo de capucha improvisada, lo esposaron y le robaron su celular, la cartera, una tablet y 300 dólares en efectivo. Sintió que el trayecto había durado pocos minutos cuando se detuvieron en la casa en la que pasaría cinco días incomunicado, durmiendo en una silla de plástico o en el piso, sometido a preguntas e inmovilizado por El pulpo. Desde el primer momento recibió órdenes de “no me mire” y lo golpeaban cada vez que intentaba quitarse el antifaz de papel, atado con cinta adhesiva. Un perro con cara de pocos amigos lo vigilaba de manera permanente. Luego lo trasladaron a El Helicoide, donde lo confinaron entre el grupo de los presurizados, mote con el que se identificaba a los presos sin derecho a visita. Le imputaron delitos de terrorismo, conspiración e incitación al odio, y su salud se deterioró, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgarle medidas cautelares. Diez meses después, quedó excarcelado. Recientemente su caso estuvo entre los beneficiarios de la Ley de Amnistía que Delcy Rodríguez promulgó.
Otros dos activistas políticos, que prefirieron mantener sus identidades en reserva, confirmaron a Armando.info que también hicieron su tortuosa pasantía por la casa de Colinas de Santa Mónica. Sus relatos coinciden. Tras la jornada electoral del 28 de julio de 2024, quedaron a merced de un reiterado modus operandi: después de su detención por funcionarios del Sebin, los trasladaron a la casa de Colinas de Santa Mónica, donde permanecieron vendados por varias horas y hasta días, fueron robados, golpeados o asfixiados con bolsas plásticas, al mismo tiempo que le exigían información sobre líderes de la oposición.
La detención arbitraria de Jesús Armas ocurrió dos meses después de que Maduro designara al mayor general Alexis José Rodríguez Cabello como director del Sebin, en sustitución del general Gustavo González López, quien desde 2019 había ocupado ese cargo, donde fue blanco de señalamientos por ordenar y consentir tratos crueles o degradantes, así como torturas, contra los presos políticos. González López es el mismo que esta semana acaba de ser nombrado ministro de Defensa, en relevo del general Vladimir Padrino López, quien ocupó el puesto por casi 12 años.
La quinta La Arenosa, que ocupa toda la esquina de una cuadra, forma parte de un circuito de centros clandestinos que se halla en el perímetro de la urbanización Santa Mónica, parroquia San Pedro del municipio Libertador. El circuito colinda con puntos estratégicos, como el complejo militar Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, y la urbanización Cumbres de Curumo, tradicionalmente predilecta de la oficialidad castrense, y donde los hijos de la ex primera dama, Cilia Flores, se adueñaron de 14 propiedades en una zona calle. Además, está a unos dos kilómetros del edificio principal del Sebin en Plaza Venezuela, en cuyos sótanos se encuentra La Tumba, la infame cárcel subterránea.
Para más señas, desde Colinas de Santa Mónica es posible conectar casi de forma directa con El Helicoide, ubicado en la colina de Roca Tarpeya, para lo que hay que atravesar el Paseo Los Ilustres en dirección hacia la avenida Nueva Granada que, luego, empalma con la avenida Fuerzas Armadas.
En Santa Mónica también funcionaba otro centro clandestino, a cargo de la llamada Coordinación del Orden Democrático (COD) del Sebin, según el Casla Institute. En su informe anual 2023-2024, la organización aseguraba que un centro de adiestramiento operaba en la Base 100 de Santa Mónica, entre las calles Lisandro Alvarado y Gil Fortoul, donde los agentes de inteligencia venezolanos no solo recibían entrenamiento de sus colegas del régimen cubano, sino que también prodigaban torturas a detenidos.
En 2022, dos años antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la MIIDH ratificaba que el Sebin había perpetrado actos de tortura y maltrato contra detenidos, entre ellos políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos, principalmente en el centro de detención del Helicoide.
Pero hoy los alrededores de la quinta La Arenosa en Colinas de Santa Mónica lucen más apacibles que de costumbre. Podría pensarse que por efectos de la operación militar de Estados Unidos que, el reciente 3 de enero, concluyó en el arresto y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores desde Fuerte Tiuna, y en la toma del poder por parte de una administración interina encabezada por Delcy Rodríguez. No es así. La tregua llegó antes a La Arenosa.
“Ellos [el Sebin] ya no están. Se fueron de esa casa hace como un año. Ahora solo vive allí una funcionaria”, dijo un vecino, a la vez que se encogía de hombros, quizás desentendiéndose de los fines funestos a la que la vivienda fue destinada. A lo que sí pasó revista pormenorizada, en cambio, fue a la cuenta de todas las familias de los ramales de Colinas de Santa Mónica que tuvieron que vender sus casas patrimoniales y emigrar por la crisis incubada durante más de dos décadas de chavismo.
El extrañamiento fue el destino que debieron adoptar unos 408 activistas, según comprobó esta cobertura, tras sufrir la represión que siguió al fraude electoral de julio de 2024. Año y medio después, el desarraigo se extiende más de lo esperado y la subsistencia se les vuelve una batalla diaria, a la que suman su militancia remota por Venezuela. Aunque escaparon de peligros inminentes, muchos comprueban que la distancia no los separa del todo ni del riesgo ni de las memorias que les acosan.
El régimen de Nicolás Maduro pretende ganar simpatías con una campaña para reverdecer los laureles que, en su época dorada, cosechó el baloncesto venezolano. Pero ese propósito, en su ejecución actual a través de la llamada Superliga, arrastra una tara de nacimiento: el campeonato mismo y, al menos, dos de sus equipos, están vinculados a jerarcas de los organismos de represión, mientras muchos juegos se disputan sobre la cima de El Helicoide, el tenebroso centro de reclusión y torturas en Caracas.
Alrededor del recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga ha emergido un grupo de negocios que –entre fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas– suma unas 30 empresas, que se sepa. Naciones Unidas ya lo había señalado por sus vínculos con el tráfico de armas, la industria de la extorsión y la extracción ilegal de oro. Y ahora una nueva revelación advierte que, si bien está sancionado en Estados Unidos, su esposa y familia política han logrado abrir nuevas empresas en Florida.
De un cuerpo especializado para afrontar a potenciales enemigos externos a una banda que secuestra y martiriza a opositores políticos: la conversión de la Dirección de Contrainteligencia Militar ha coincidido con la gestión de Alexander Granko Arteaga en un cargo clave. Su responsabilidad en el régimen de torturas no es solo intelectual; numerosos testimonios le muestran ordenando en persona, e incluso infligiendo, castigos físicos. Eso sí, la fama que tiene no la ganó de modo espontáneo: sigue órdenes del general Hernández Dala, director de la Dgcim, de quien ha pasado a ser su ‘mano negra’.
No es gratuito que los tormentos a los que la contrainteligencia militar y otros cuerpos de seguridad someten a sus detenidos suelen ocurrir en sitios informales y en medio del trasiego de rehenes entre esos sitios: se trata de una dimensión invisible donde no hay institucionalidad y nadie rinde cuentas ante la ley. Las desapariciones transitorias, a veces de horas y otras de semanas, mortifican a los familiares de los detenidos y se han vuelto un preámbulo casi obligatorio para las causas de índole política en la justicia chavista.
Una suerte de pillaje institucionalizado nutre el patrimonio de bienes raíces de los cuerpos de seguridad del Estado chavista, en particular de la Contrainteligencia Militar, que se ha hecho de inmuebles por lo general ubicados en urbanizaciones del este de la capital venezolana. En algunas de esas ‘casas seguras’, dedicadas al secuestro, la extorsión y la tortura de adversarios políticos, los servicios secretos atormentan a sus víctimas, rehenes o desaparecidos, mientras no están a la orden de los circuitos judiciales. La presente es la entrega inicial de una serie que radiografía esos lugares y el horror que los habita.
Entre 2017 y 2019, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional recibió, en una cuenta de Investbank, 27 millones de dólares por contratos de patrocinio con Pdvsa y Bandes. La cuenta estaba entre las 101 mencionadas en una investigación de la fiscalía búlgara como participantes de una red de lavado de 500 millones de dólares procedentes de Venezuela. A su vez, de la cuenta de la Liga salieron transferencias cuantiosas a empresas de todo el mundo, entre ellas, una del exgrandeliga Carlos Guillén.
Un empresario de Anzoátegui, con un ascenso meteórico a la sombra del chavismo, está en la mira de la fiscalía de Bulgaria por su presunta participación en una trama que se tejió alrededor del Investbank de ese país, donde se lavaron 500 millones de euros sustraídos de entidades estatales venezolanas. Aunque, por informaciones de farándula y litigios judiciales, los medios y el público ya lo conocían como Gianfranco Rondón, recientemente intercaló el apellido paterno, Anzellini. Y sí: tiene una cuenta en el banco, pero dice no saber cómo o por qué la implican.
Un esquema comercial utilizó documentación engañosa para mover unas 90 toneladas de oro venezolano, valoradas en 3.000 millones de dólares, contribuyendo a perpetuar la catástrofe ambiental y de derechos humanos del sur de Venezuela. La refinería europea Argor-Heraeus, que figura en la cadena de suministro de gigantes tecnológicos como Apple y Nvidia, procesó buena parte del metal que se colaba entre las fallas del régimen de debida diligencia del metal precioso
Antes de caer rendida ante las órdenes de Washington, Delcy Rodríguez también otorgó dos Contratos de Participación Productiva (CPP) para la explotación de crudo venezolano a personajes del círculo amistoso del presidente Gustavo Petro. La empresa beneficiada se llama Colven Business & Corp y podrá operar los campos de la cuenca Barinas-Apure, muy cerca del departamento de Arauca, con reservas equivalentes a un poco más de la mitad de las que tiene toda Colombia.
Entre millones de correos electrónicos de los Epstein Files algunos reflejan una relación desconocida hasta ahora: la del empresario venezolano Francisco D'Agostino con Jeffrey Epstein, a quien aconsejó invertir en la estatal petrolera venezolana. En el intercambio de mensajes, el venezolano -investigado por su conexión con Derwick Associates y sancionado por triangulaciones fraudulentas de venta de crudo- deja cuenta de su visita a la famosa isla privada del magnate, en la que quedó prendado de una muchacha a la que llamó su “gacela acuática”
Aunque no hubiera quien les llamara ‘pitiyanquis’, familiares de la ahora cautiva pareja presidencial y del ministro de Defensa, junto a la claque empresarial que se formó al cobijo del régimen, se aficionaron a un caro recreo de ‘cowboys’ en las instalaciones del principal cuartel militar de Venezuela. Importaron caballos cuarto de milla con precios de hasta medio millón de dólares y colonizaron la asociación deportiva correspondiente, hasta que el ataque de Estados Unidos, paradójicamente, detuvo el jolgorio.
Nombrado director del Sebin en octubre de 2024 en sustitución del general Gustavo González López. Se desempeñó como comandante general del ejército venezolano entre 2019 y 2020, cuando fue elegido diputado de la Asamblea Nacional.
Capitán del Ejército retirado. Participó en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 y fue guardaespaldas de Hugo Chávez durante la campaña presidencial de 1998. Ocupó la Secretaría de la Presidencia y presidió la Fundación del Pueblo Soberano. En 2002 dirigió el Servicio de Inteligencia y Prevención (Disip), la antecesora del Sebin.
Es un cuerpo de seguridad interior que en 2010 sustituyó a la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención, Disip. Desde 2012 está subordinado a la Vicepresidencia de la República. Cumple funciones de policía política
Director del Sebin entre 2019 y 2024. El 6 de enero de 2026 fue nombrado comandante general de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El 18 de marzo asume el Ministerio de Defensa en sustitución de Vladimir Padrino López, quien ocupó el cargo casi 12 años.
