Carlos Erik Malpica Flores es uno de los civiles más poderosos de Venezuela por la cantidad de recursos y funciones que ocupa. Es el actual tesorero de la República y administrador de las finanzas de Pdvsa. Ha tenido una astronómica carrera como funcionario público desde que, de la mano de sus tíos, Cilia Flores y Nicolás Maduro, ingresara al gobierno. Durante 10 años ha sabido ocultar su rostro y cuidar con celo los detalles de su gestión. Su nombre comenzó a resonar hace poco, luego de que dos jóvenes parientes de la Primera Dama fueran detenidos por presunto narcotráfico en Nueva York. Hoy su identidad queda al descubierto, al mismo tiempo que una serie de negocios en Panamá asociados a sus familiares.
Aunque nunca se ha mostrado en público, el nombre de Carlos Erik Malpica Flores va remachado a una serie de negocios, de reciente creación. La familia del tesorero nacional registró 16 empresas en Panamá desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, en 2013. Callado, de bajo perfil, es el poder sin rostro. Pero más que eso, el sobrino favorito de Cilia Flores.
De la primera dama –primera combatiente en la jerga revolucionaria– se dicen verdades y mentiras. Pero un costado de su personalidad parece no admitir discusión: es una mujer que ayuda, protege y defiende a los suyos en cualquier circunstancia.
Poco importó que en 2008 la prensa encontrara en la nómina de la Asamblea Nacional, que entonces dirigía con puño de hierro, a 47 familiares suyos con cargos en el organigrama. Tampoco parece haberle importado que el pasado miércoles 11 de noviembre de 2015 a un sobrino y un hijo de crianza los dejaran presos en Nueva York acusados de conspirar para introducir un cargamento de cocaína en Estados Unidos, en lo que ha sido, sin duda, un escándalo sin precedentes en la historia política venezolana. Antes de desmarcarse, Cilia Flores ha optado, en cambio, por guardarse en casa y esperar. Ciertas familias tienen un pacto de silencio y los Flores son una de ellas.
No son, sin embargo, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campo Flores, los involucrados en el escándalo de drogas en Estados Unidos, sus sobrinos preferidos. Sí lo es, en cambio, el hijo de su hermana Eloísa, Carlos Erik Malpica Flores: tiene mucho más poder, consolidado a la vera de la familia presidencial tras su astronómico ascenso por los caminos de la administración pública. La Vicepresidencia de Finanzas de Pdvsa, cargo al que llegó a finales de 2014, luce como el pináculo de una carrera que inició hace algunos años, el 28 de septiembre de 2005, con el cargo de director General de Gestión Administrativa y Servicios en la AN, mientras su tío político Nicolás Maduro presidía el Parlamento.
De allí pasó a un cargo similar un año después en la Cancillería, cuando el entonces presidente Hugo Chávez nombró a Maduro ministro de Relaciones Exteriores. Luego, a finales de 2012, con Chávez ya desahuciado y Maduro como el número dos, Malpica Flores ingresó a la Vicepresidencia de la República como director General encargado de esa dependencia. Finalmente, con su tío en la máxima magistratura, consolidó su posición como administrador de las finanzas del país: ha sido subtesorero, director general del Bandes y Tesorero de la Nación, en ese mismo orden. Hoy en día maneja el presupuesto nacional, los créditos adicionales y muchos fondos financieros que los economistas califican de inauditables por la ausencia de informes y balances públicos.
Al comparar la cantidad de cargos que ejerció y ejerce Malpica Flores con los que ha tenido el resto de la familia que participa en la burocracia chavista, queda más que claro que es la persona de mayor confianza de la pareja presidencial venezolana. Él ha querido retribuirla evitando la estridencia y los escándalos asociados a la exposición del poder. A la vez que impide que le fotografíen en público, se ha asegurado de que no haya rastro suyo en medios de comunicación privados y estatales, incluyendo las publicaciones internas o las páginas web de las instituciones donde ha laborado.
Además, como muchos de la familia presidencial, no posee cuentas en redes sociales. La táctica le ha funcionado, pues algunos medios lo confunden con Temir Porras, ex presidente del Bandes y ex funcionario de la Cancillería, y en otros tiempos uno de los favoritos del presidente Maduro.
Pero todo ese empeño en mantener su perfil en las sombras se vino abajo con la detención de sus dos parientes en Haití. Una sesión de fotos tomadas en diciembre de 2014 en una discoteca en Saint Barth, una isla localizada en el Caribe oriental, acabó con esa voluntad de ocultarse.
Nadie se refiere a él por su nombre. Es “El sobrino de Cilia”, concuerdan voces de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Pdvsa y medios empresariales de Valencia, ciudad donde están radicados los Malpica y algunos Flores. Después de sus tíos, del presidente del parlamento y del presidente de la estatal petrolera debe ser el civil más poderoso de Venezuela.
Su entorno ha tomado nota de esta situación y comienza a sacar provecho. A nueve meses de instalado en la directiva de Pdvsa, el administrador coincidió en Panamá con sus padres -Carlos Malpica Torrealba y Eloísa Flores- en el mismo período en que en esa ciudad se registraban 10 empresas familiares, del 2 al 10 de septiembre. Su tía, Evelyn Malpica Torrealba, viajó a Panamá en días previos, mientras su hermana entró a Venezuela proveniente de ese país días después de la iniciativa empresarial. La información se desprende del análisis de los movimientos migratorios de la familia y consultas hechas en el Registro Público de la capital del país centroamericano. Asimismo, antes de esa curiosa semana de septiembre, se pudo establecer que los Malpica habían creado dos empresas en 2014 y tres en 2015 (entre marzo y agosto). En octubre de 2015 agregaron una más a su abultado inventario.
Cada empresa abierta en Panamá fue registrada con un capital inicial de 10.000 dólares. Los nombres de las compañías sugieren un holding dedicado al transporte marítimo, uno de los ramos de Pdvsa: Seaside Services, Maritime Crews Inc., Oceanos Investors Corp, Marine Administration Panamá. Sin embargo, ese es solo uno de los al menos 30 objetivos que tiene cada compañía. Todas, en su documento constitutivo, establecen, entre otras, las siguientes metas: compra de muebles e inmuebles, contratación de servicios de personal y transporte, investigaciones de propiedades, avalúos, comprar, vender, hipotecar, gravar muebles e inmuebles, demolición, transporte aéreo y terrestre, exportaciones, importación, reexportación, contratar y participar en licitaciones públicas y privadas.
En todas esas empresas participan la hermana de Carlos Erik, Iriamni; la tía paterna, Evelyn Milagros Malpica; y el padre, Carlos Evelio, con cargos de presidente, director, suscriptor y tesorero. Evelyn, quien preside 11 compañías y dirige 16, despunta como la más atareada; Iriamni y su padre optaron por menor responsabilidad.
Cada uno de ellos está al mando de una empresa. En el resto del conglomerado son directores, tesoreros o suscriptores de acciones. Otra coincidencia en la semana de apertura empresarial (del 2 al 10 de septiembre pasado) es que el tesorero, su padre y madre utilizaron el mismo avión privado para sus traslados a Panamá, aunque no los mismos vuelos. Solo los esposos Eloísa y Carlos viajaron juntos en el jet modelo Gulfstream, de siglas N896AC, perteneciente a una compañía de alquiler de aeronaves con sede en Fort Lauderdale, Estados Unidos. Es el mismo jet que ha usado Malpica Flores entre julio y septiembre para trasladarse también a Panamá, así como a Fort Lauderdale, Aruba y Barbados. Contrariamente, tía y hermana se cuidan de volar con sus parientes. Ambas se trasladan en líneas comerciales y en vuelos charters.
Panamá lucha desde hace muchos años con la imagen de paraíso fiscal que oculta dinero mal habido. Su gobierno aspira a que la nación sea eliminada de la lista gris de países con deficiencias en el combate contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo que elabora la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE). Despierta sospecha la gran cantidad de empresas abiertas en tan poco tiempo por los familiares de una persona políticamente expuesta (PEP), como Malpica Flores, en un territorio considerado centro financiero offshore.
Fuentes consultadas en Panamá indican que la profusión de compañías podría tener una finalidad operativa: la apertura de cuentas bancarias. El objeto declarado de las empresas hace suponer que la familia valenciana quiere aprovechar las ventajas que ofrece una economía de vocación importadora como Venezuela para hacer negocios.
Tal vez sea esa la razón por la cual a partir de 2014 la familia valenciana, algunos de cuyos miembros ya tenían experiencia como importadores, comenzaron a renunciar a los empleos que tenían, con la única excepción de la hermana de Cilia Flores, Eloísa. El padre aparece cesante en la ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) desde agosto de ese año. Evelyn e Iriamni, tía y hermana, renunciaron a sus trabajos con apenas quince días de diferencia un mes después.
El tesorero no aparece con cargo alguno en la estructura gerencial de las empresas panameñas, lo cual parece una decisión cónsona con la voluntad de guardar las formas. En el pasado, cuando no mediaban los impedimentos de la actualidad, Malpica Flores figuraba al lado de los suyos en la directiva de las compañías Inlasa y Redilama, registradas en Valencia y dedicadas ambas “a la explotación mercantil de la representación de productos nacionales y extranjeros”. Las dos se incorporaron al Registro Nacional de Contratistas (RNC) en 2006 y en la actualidad no están habilitadas para hacer negocios con el Estado.
Carlos Erik tiene 43 años y nació el 17 de septiembre de 1972. En la fotografía de su pasaporte luce como un hombre de piel morena clara y de nariz gruesa, que suele peinarse de lado, sin raya evidente, el cabello ondulado y una mirada desconfiada. El amargo trance que atraviesan sus primos en Estados Unidos lo ha obligado a tomar precauciones. Esta semana el entorno de su residencia de la urbanización La Viña de Valencia, estado Carabobo, la cual comparte con su esposa Carmen Hurtado, ha registrado cambios, según comentan ampliamente los vecinos. Se observaba el movimiento propio de quien ha tomado decisiones, como mover cosas de su lugar y trasladarse en horas nocturnas. Hasta hace una semana había siempre 8 carros, 10 escoltas y 4 motos frente a la quinta. También cajas de basura que revelaban un lujoso consumo de comestibles –champaña Moet & Chandon, entre otros– y vestimenta. Ahora permanece como el resto, sola y vigilada por un guardia privado desde una caseta a unos cuantos metros.
Se recibió como administrador en diciembre de 1999 en la Universidad de Carabobo. En 2001, obtuvo un título de especialista en Mercadeo. Diez años después, en febrero de 2011, devengaba un salario básico mensual de 13.327 bolívares, más una prima por hijo y cesta ticket, por su desempeño en el cargo de Administrador III. Más que el sueldo quizá lo que llama la atención en la Cancillería, donde el valenciano trabajó como el hombre más cercano a Nicolás Maduro, es que el patrón de vida de la familia cambió mucho con el ascenso de tu tío político. “Todo el mundo sabe que Carlos Erik sacó a su familia de Venezuela para Panamá, y que tiene muchas empresas allá”, afirma una fuente del ministerio que lo conoció bien durante sus años de servicio.
En la Casa Amarilla también lo conocían con el largo mote de “el sobrino de Cilia”. Jamás llegaba temprano a la oficina, sino más bien hacia el final de la jornada, y en su escritorio le esperaba un vaso con whisky. Permanecía en su oficina hasta la medianoche. Se vestía con guayaberas, blue jeans y botas tipo Timberland.
Su obra más visible, según algunos consultados, fue la extensa remodelación de la torre de la Cancillería en la avenida Urdaneta y de la Casa Amarilla, tal como lo hiciera en la Asamblea Nacional. Por su afán de reestructurar, muchas voces lo acusan de destruir el patrimonio. Parte del extenso piso de mármol negro, característico del gran hall de la torre del ministerio, antigua sede del Banco Nacional de Descuento, fue roto y removido. En todo caso fue un trabajo que tuvo vida breve. Luego de las lluvias torrenciales de 2010, el impacto de la mudanza de damnificados a ambas edificaciones, ordenada por Hugo Chávez, deterioró lo renovado.
En aquellos días, los sobrinos e hijos de Cilia Flores, el hijo de Nicolás Maduro, regresaban con su uniforme del colegio, se paseaban por pasillos y oficinas y colocaban los pies sobre las viejas mesas de caoba del mobiliario, aseguró un testigo de aquellas tremenduras. Los chicos ordenaban comida al chef de la Casa Amarilla como si fuera un servicio de delivery. También se les vio saliendo del estacionamiento del ministerio manejando camionetas de último modelo, como Hummers, que habían sido confiscadas por el gobierno a los bancos durante la mini crisis financiera de 2009, según reportaron fuentes.
Mientras sus primos corrían por los pasillos, Malpica Flores, por sus atribuciones administrativas, debía lidiar con las exigencias del sindicato de la Cancillería, enfrentado a su gestión. A pesar de que el entonces ministro Maduro había firmado el contrato colectivo en 2007, los empleados de Relaciones Exteriores esperaron casi seis años para recibir el 25% de incremento salarial que les habían prometido cada 12 meses.
El administrador desembolsó los recursos acordados con los trabajadores poco antes de culminar su gestión. En esas reuniones de reclamo, afirman dos fuentes que conocieron de las negociaciones, el funcionario no aceptaba que nadie le llevara la contraria. “Era muy prepotente. Nos escuchaba, con respeto, pero no pagaba los aumentos contemplados. Eso sí, vestía de marca. Siempre Impecable”, indicó una exfuncionaria.
Entre los trabajadores siempre hubo dudas acerca de esos recursos. “No sabíamos si fueron aprobados, si llegaron o no llegaron. En qué se utilizaron y por qué no nos pagaban los aumentos salariales”, dijo un funcionario activo del servicio exterior que recuerda a Malpica Flores como “el hombre que casi acaba con la Cancillería”.
La prisión de sus primos Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas ha descorrido el velo misterioso que rodeaba a Malpica Flores. Sin traje, vestido casualmente como cuando conversaba con el sindicato, apareció en una foto tomada en diciembre de 2014 en la mejor discoteca de Saint Barth (o San Bartolomé), territorio francés de ultramar ubicado en el Caribe oriental al norte de Guadalupe. Compartía junto a un grupo de amigos y familiares. Justo ese mes fue publicada en Gaceta Oficial su designación como miembro de la junta directiva de Pdvsa. Curioso que al hacerlo, en transmisión televisiva, Maduro se abstuvo de pronunciar su apellido materno.
La foto fue colgada en una cuenta falsa de Twitter a principios de 2015, pero cobra especial importancia el contexto del actual escándalo presidencial. Runrunes, Armando.info, El Pitazo y Poderopedia han podido comprobar con dos fuentes independientes que el hombre vestido de camisa blanca a la extrema izquierda es Malpica Flores. Le acompañan justo detrás el abogado José Simón Elarba, miembro de la Junta Directiva de El Nacional, el yerno de este, Henry Camino Muñoz, y su esposa Mariana.
Elarba es uno de los accionistas que públicamente ha criticado que El Nacional haya publicado una nota, basada en informaciones recogidas en los diarios ABC y The Wall Street Journal, que asegura que el presidente de la Asamblea Nacional está siendo investigado por Estados Unidos por su presunta relación con el tráfico de drogas. El empresario también está vinculado a negocios petroleros en el oriente del país.
Malpica Flores no respondió a varios llamados realizados esta semana que pedían precisar la expansión de sus negocios familiares en Panamá y otros destinos. En la Oficina Nacional del Tesoro, ubicada en el estacionamiento del edificio anexo al Ministerio de Finanzas, a donde se llega sorteando una pila de aires acondicionados y atravesando el umbral una puerta trasera, no hubo respuestas. Al llamar al día siguiente la secretaria agregó: “Hoy no vino, ayer tampoco”. La oficina de la Vicepresidencia Financiera de Pdvsa, donde se entregó otra misiva, tampoco ha contestado.
Su casa en la urbanización La Viña, en Valencia, fue el tercer lugar visitado: una empleada confirmó que residía allí y amablemente recibió la correspondencia. Frente a la quinta solo había dos carros estacionados, una calle poco transitada y de seguro, una comunidad de vecinos que de ahora en adelante no serán los únicos en reconocer el rostro de quien guarda la caja fuerte de las finanzas del país.
(*) Este trabajo es un proyecto colectivo de los medios ArmandoInfo, El Pitazo, Poderopedia y Runrunes, coordinado por Fabiola Zerpa. Fue reporteado por los periodistas César Bátiz, Lisseth Boon, Cristina González, Alfredo Meza, Katherine Pennacchio, Joseph Poliszuk, Ronna Rísquez y Ewald Scharfenberg; con la colaboración de Tibisay Romero (Valencia) y Grisel Bethancourt (Panamá). El diseño fue ejecutado por Carmen Riera y Daniela Dávila.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.
A través de una empresa registrada en México, Consorcio Panamericano de Exportación, sin trayectoria o experiencia conocida, Joaquín Leal hizo una atrevida propuesta a la Corporación Venezolana de Guayana para “reactivar” la industria del aluminio, paralizada tras el apagón de marzo de 2019. El negocio planteaba pagar el suministro de electricidad a las empresas estatales a cambio de pagos en especie con el metal.
Vástagos de estirpes distintas de magnates en Venezuela, Francisco D'Agostino y Eduardo Cisneros son parientes no consanguíneos. También fueron socios por breve tiempo en Elemento Oil & Gas Ltd, una empresa con sede en Malta de la que, a la larga, el joven Cisneros se adueñó por completo. Elemento fue protagonista en la red secreta de comercialización de crudo venezolano que desde México activó Joaquín Leal. Pero a la hora de imponer sanciones, Washington penalizó solo a D'Agostino, ¿por qué?
Como parte de su red de negocios con base en México y un pie en Dubai, ambos comerciantes diseñaron una manera de suplantar el funcionamiento de las grandes franquicias internacionales de tarjetas de crédito, si estas llegaban a abandonar el mercado venezolano por causa de las sanciones de Washington. El planeado sistema de pagos electrónicos, Paquete Alcance, se proponía capturar cientos de millones de dólares en remesas enviadas por expatriados y financiar con ellas las compras en las Tiendas CLAP.
La estructura empresarial que Alex Saab hizo registrar en Turquía, dada a conocer en 2018 por un reportaje de Armando.info, apenas sirvió como una partida en falso para sus planes de exportación del carbón venezolano. Casi en simultáneo, el mercader colombiano hacía contacto con su par mexicano Joaquín Leal para urdir una red que no solo comercializaría crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA como parte de una maniobra evasiva de las sanciones impuestas por Washington, sino que se haría cargo de un esquema para exportar el carbón extraído de las minas del Zulia, al occidente de Venezuela. Con la jugada, miles de toneladas, valoradas en millones de dólares, terminaron en puertos de México y Centroamérica.
Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el régimen de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial. Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
