Uno de los casos emblemáticos de Sippenhaft es el de Juan Pedro Lares Rangel, hijo del alcalde de Ejido, estado Mérida, Omar Lares, quien militaba en el partido opositor Voluntad Popular. Su detención, en 2017, fue arbitraria y clandestina, estuvo 10 meses en el Helicoide, sede del Sebin en Caracas, bajo torturas. Le decían que su liberación dependía de que su papá se entregara. Este caso está bajo investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica.
Familiares de militares disidentes o de civiles considerados opositores al régimen de Nicolás Maduro son perseguidos y torturados con una técnica de castigo copiada de Alemania. Se llama Sippenhaft y su efectividad está asociada al quiebre emocional de los enemigos políticos y su entorno. Así logran obtener una confesión sobre el paradero del familiar perseguido, que éste se entregue o que acepte incriminarse o incriminar a otros. Se trata de una práctica establecida, desde, al menos, 2017.
Un entramado casi interminable de empresas, socios, direcciones y países, construido con precisión de relojero, dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que han salpicado sus negocios, incluyendo el reciente asesinato a manos de sicarios de dos de sus empleados, van dejando algunas pistas de sus opacos mecanismos lucrativos.
Pese a la codicia que despiertan las riquezas minerales de ese territorio del sur del estado Bolívar, ningún grupo irregular ha logrado adueñarse de él gracias a la vigilancia de los pemones, sus propietarios colectivos. Sin embargo, las dragas de guyaneses y brasileños, conocidas como ‘misiles’, han llegado a Ikabarú y podrían causar una destrucción nunca antes vista.
En la República Bolivariana se ha vuelto práctica común detener y aplicar torturas a las parejas, hijos, nueras, cuñados e incluso primos lejanos de quienes acusan de golpistas. Los cuerpos de contrainteligencia han llegado a secuestrar perros para forzar la entrega de disidentes. Este es un relato de cómo el Estado venezolano toma represalias contra sus perseguidos usando a sus seres queridos como carnada, mediante técnicas nazis que importó desde La Habana.
Familiares de militares disidentes o de civiles considerados opositores al régimen de Nicolás Maduro son perseguidos y torturados con una técnica de castigo copiada de Alemania. Se llama Sippenhaft y su efectividad está asociada al quiebre emocional de los enemigos políticos y su entorno. Así logran obtener una confesión sobre el paradero del familiar perseguido, que éste se entregue o que acepte incriminarse o incriminar a otros. Se trata de una práctica establecida, desde, al menos, 2017.
El Estado chavista ha patrocinado desde hace unos años una especie de gentrificación de la explotación del oro al noreste del estado Bolívar: los mineros artesanales e informales están siendo desplazados para abrir paso a operaciones de escala industrial. Alrededor de El Callao la tendencia adquiere matices de drama social, mientras prosperan alianzas mixtas de autoridades oficiales con sujetos de cuyas identidades y credenciales se sabe poco (excepto de su cercanía al gobierno).
Dos antiguas perlas del Caribe muy venidas a menos, Cuba y Margarita, han quedado conectadas desde el año pasado por una ruta ‘turística’ que un grupo de funcionarios diseñó para exprimir los ahorros de los emprendedores de la más grande de las Antillas. Cazadores de gangas que solo se dejan ver en hoteles del Estado chavista y en tarantines del decaído Puerto Libre, arrastran consigo maletas que apenas logran llenar para la reventa, así como algunos intentos de fuga y la vigilancia de los espías del castrismo.
