No gozaba de poder alguno en Mérida, pero fiel a su convicción revolucionaria, denunció la corrupción de Pdvsa en El Vigía. Este 27 de mayo cumple tres meses desaparecido y la explicación que al misterio dio su jefe inmediato, el secretario de Gobierno, fue: “Eso le pasó por hablar pistoladas”.
Las autoridades del Gobierno venezolano, para efectos históricos, se han acogido a la cifra extraoficial de al menos 2.000 desaparecidos durante los acontecimientos del llamado Caracazo. El número parece adecuarse mejor al propósito de convertir ese estallido de saqueos de febrero de 1989, y su inmediata represión, en un momento seminal del movimiento revolucionario y un muestrario de los horrores de la democracia burguesa. Pero hay un desaparecido del que las autoridades apenas hablan: Alcedo Mora. Tiene 55 años, es chavista convencido y no, no desapareció en 1989. Al dirigente social del estado Mérida (Andes de Venezuela, en el suroccidente del país) se le vio la cara por última vez en febrero de este 2015. El 27.
Desde entonces, más que preguntarse dónde está, el país se pregunta quién es Alcedo Mora y qué hizo. Su hermano Ramón, a través del hilo telefónico y desde el estado Nueva Esparta comienza la descripción con una negación: no es un denunciante de oficio.
Es dirigente social. No tiene título universitario ni mayor experiencia laboral, por eso le acuñan ese ambiguo cargo vecinal que ha cultivado desde los años 70, cuando se integró a la Juventud Comunista. También fue dirigente local de Ruptura y de la Liga Socialista, dos de los grupos en que la extrema izquierda subversiva se fragmentó por esos tiempos y donde, por cierto, también se incubó parte de la futura dirigencia del chavismo. Alcedo conoció en esa militancia, cuenta su hermano, a Rafael Ramírez, ex presidente de Petróleos de Venezuela, y a Tarek William Saab, ex gobernador del estado Anzoátegui (costa nororiental de Venezuela) y hoy Defensor del Pueblo. También tiene alguna experiencia sindicalista y entre los 80 y 90 comenzó a organizar colectivos culturales y vecinales para ayudar a las más deprimidas de las comunidades andinas.
Su trayectoria de izquierda no lo llevó a ningún cargo público. “Es que somos revolucionarios de verdad”, dice Ramón. Pero entre esos recorridos conoció a varias personas que hoy son funcionarios públicos. Trabajó en la Secretaría de Gobierno de Mérida desde 2008, con Marcos Díaz Orellana, y allí permaneció incluso al cambiar la gestión con la victoria de Alexis Ramírez, ambos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Alcedo fue, hasta ese fatídico mes de febrero de 2015, el secretario del Secretario de Gobierno, Luis Martínez.
Además de su romántico pasado antiimperialista, Alcedo es el vocero de los llamados colectivos en el estado Mérida, grupos de choque cuya agresividad les hizo ganar fama nacional por sus maniobras contra las protestas opositoras del primer semestre de 2014. Esas organizaciones de base, de vocación paramilitar, provocaron destrozos en las residencias estudiantiles y mantuvieron en zozobra a gran parte de la población. Ramón Mora asegura que hubo agresiones de parte y parte y que esos vínculos no le generaron enemigos entre los grupos de la Universidad de Los Andes (ULA) donde, dice, aún conserva amistades. Euro Lobo, un respetado periodista de esa región, acota la responsabilidad de Alcedo: “Era el vocero de los colectivos vecinales, culturales. Nada que ver con los grupos agresivos”.
De hecho, cuenta Ramón, una vez Alcedo denunció la existencia de grupos paramilitares al servicio de la oposición que, de acuerdo a lo que reportaba, estaban activos en Mérida. También acusó hechos de corrupción en la administración pública. Pese a todo lo anterior, Ramón dice que no tiene ni la más leve sospecha de quién puede ser el responsable de la desaparición de su hermano: “Alcedo no tenía enemigos”.
No hay opulencia o petulancia que le pertenezca a Alcedo. Vive con su familia en un sector popular de Mérida. Tuvo dos hijos en su primer matrimonio y una niña con la mujer que hoy lo espera en casa. Uno de sus hijos vive en el estado Yaracuy (centrooccidente del país), y el otro debió construir una pequeña pieza en la misma casa de sus padres, que a la vez era de los padres de Alcedo. Tampoco tiene carro ni otras propiedades.
El 27 de febrero salió de esa casa con una camisa oscura y pantalón claro. Así se visten los desaparecidos, según Rubén Blades. Dijo que sostendría una reunión con los residentes de Jají, un pequeño poblado del páramo, y luego regresaría a su casa. Su esposa lo esperaría el sábado, pero al mediodía, 24 horas después de haber salido, no llegaba puntual para llevar a su hija a la natación. La preocupación comenzó.
La primera respuesta que tuvo la familia fue el lunes, cuando el menor de los hijos de Alcedo se tropezó con un compadre que había conversado con el desaparecido el domingo. Lo llamó por teléfono y, al escuchar su tono de voz y su seriedad en el trato, le recriminó la actitud. Alcedo solo respondió que lo vería al día siguiente y que no le pasaba nada.
Ramón Mora asegura que ese fue el detonante. Los familiares hicieron las denuncias ante el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). También hicieron pancartas y algunas protestas que, según el periodista Euro Lobo, no tuvieron mayor respaldo de las comunidades.
Un allegado no identificado le dijo a sus familiares que, días antes de la partida a Jají, Alcedo envió un mensaje de texto anticipando lo que ocurriría: “Camaradas. Alerta. Tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin (N, de R.: siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia, cuerpo de policía política), se me quiere involucrar en unos recuperos, la cosa es complicada, es parte donde se me quiere cobrar por unas denuncias de corrupción a Pdvsa que he venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente. Atte. Alcedo Mora. Batería”.
Su desaparición pudo pasar desapercibida, como las otras 47 que contó la organización de derechos humanos Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) hasta 2010, solo en el eje de Los Andes y el estado Barinas. Pero sus allegados denuncian la presencia de entes gubernamentales incluso antes de la desaparición.
Una semana antes de ese 27 de febrero, Alcedo se reunió con un grupo de personas en el sector Santa Juana, que está cerca del aeropuerto Alberto Carnevalli de la capital merideña. Allí unos hombres se acercaron a Alcedo, lo llevaron contra una pared y lo amenazaron de muerte. Estaban armados. Luego abordaron una camioneta Toyota Hilux sin placas de identificación y se marcharon.
Según las declaraciones que han dado su hijo y la dirigente social Yasmeli Pernía, Alcedo Mora había denunciado hechos de corrupción dentro del llenadero de Pdvsa (la compañía estatal de petróleo y combustibles) que está en el poblado de El Vigía, un municipio merideño cercano a la capital. Desde allí, según las denuncias, existen mafias que promueven el contrabando de combustible y gas.
Pernía aseguró tener en sus manos una denuncia de 92 folios que demostraban que Pdvsa desvió unos materiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (el programa del Gobierno para la construcción masiva de viviendas para familias de bajo poder adquisitivo) para financiar la campaña presidencial de 2012. De esos materiales, cuya cantidad programada de entrega era de aproximadamente 20 rubros, solo se entregó el 20 por ciento, mientras que el otro 80 se utilizó para financiar la campaña. Y, para confirmar, cita este ejemplo: de 300 plantas eléctricas solo llegaron 37 a los municipios de Mérida. Hoy, que hay racionamiento eléctrico una vez más, duele el desvío de los recursos.
Alcedo Mora hijo, citado en el portal Aporrea –que apoya críticamente a la revolución– explica que esas denuncias las entregó Mora al gobernador Alexis Ramírez y al secretario Luis Martínez, este último, jefe directo del desaparecido. Fue entonces cuando las autoridades iniciaron una serie de allanamientos para quebrar la red de corrupción, que terminó con 19 detenidos. Cuando ya habían capturado a 10, contó el hijo, fue cuando le informaron a su padre que la denuncia había tenido frutos.
Hoy poco se habla de tal situación. Los allegados de Mora denuncian que no hay organismo que dé respuesta. Sin embargo, su hermano, Ramón, aseguró que en los próximos días de mayo el fiscal Orlando Padrón, con competencia nacional, daría algunos resultados de las investigaciones. “Parece que los responsables de eso son miembros del crimen organizado”, confió por teléfono.
Además de las denuncias que hizo Alcedo, a la familia le genera suspicacia la poca importancia que, según ellos, le han dado los organismos oficiales al caso a pesar de que el desaparecido formaba parte de la nómina gubernamental.
Rafael Uzcátegui, representante de Provea, reconoce, sombrío: “La expectativa de Provea es pesimista”. Ramón, por el contrario, prefiere no pensar que su hermano está muerto. Si lo estuviera, sin embargo, exige “que lo entreguen también”.
A los familiares las horas se les hacen interminables en medio de la incertidumbre. Carecen de información acerca de las averiguaciones que pudiera estar realizando las autoridades policiales. Del secretario de Gobierno, autoridad política del estado y jefe de Alcedo, en cambio, obtuvieron una frase lapidaria y ambigua a la vez, que concentra todas las dudas que despierta el caso, apenas hace algo por despejarlas, y estimuló la zozobra y la desesperanza: “Eso le pasó a tu papá por estar hablando tanta pistolada”.
Cuatro jóvenes desaparecieron en el estado venezolano de Mérida luego de ser arrestados por agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en julio de 2015. Dos años y medio después de este episodio ni las autoridades han dado explicación sobre su paradero y sus familias no han podido hallarlos, constituyendo así el caso más claro de desaparición forzada en Venezuela y que podría engrosar el expediente de la “revolución bolivariana” ante la Corte Internacional de La Haya.
La delgada línea que separa a Norte de Santander con Venezuela oculta camposantos de desaparecidos de lado y lado, víctimas de la violencia de grupos armados ilegales que se mueven con facilidad entre ambos países. Sus familiares recorren trochas, veredas y hasta cementerios del lado venezolano, en búsqueda de sus desaparecidos, sin la ayuda de los gobiernos
La estrecha victoria del No en el plebiscito convocado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para refrendar el acuerdo de paz alcanzado por las FARC en La Habana, Cuba, representa un alto en el camino, quizás la última escala, antes de que cese el conflicto interno. Con las inminentes conversaciones que también iniciará el ELN en Quito, los familiares de las personas desaparecidas en el estado Barinas se preguntan si sus familiares, vivos o muertos, siguen en poder de las FARC.
Tenía un nombre típico de colombiano y pasaba en la ciudad andina por un compañero revolucionario, impresor y propietario de una pequeña fábrica de abono orgánico que esperaba financiamiento del Gobierno chavista. Pero resultó ser Bernhard Heidbreder, un sujeto al que la justicia alemana solicita como autor de atentados explosivos en los años 90. Ahora espera en Caracas su posible extradición.
Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.
A través de una empresa registrada en México, Consorcio Panamericano de Exportación, sin trayectoria o experiencia conocida, Joaquín Leal hizo una atrevida propuesta a la Corporación Venezolana de Guayana para “reactivar” la industria del aluminio, paralizada tras el apagón de marzo de 2019. El negocio planteaba pagar el suministro de electricidad a las empresas estatales a cambio de pagos en especie con el metal.
Vástagos de estirpes distintas de magnates en Venezuela, Francisco D'Agostino y Eduardo Cisneros son parientes no consanguíneos. También fueron socios por breve tiempo en Elemento Oil & Gas Ltd, una empresa con sede en Malta de la que, a la larga, el joven Cisneros se adueñó por completo. Elemento fue protagonista en la red secreta de comercialización de crudo venezolano que desde México activó Joaquín Leal. Pero a la hora de imponer sanciones, Washington penalizó solo a D'Agostino, ¿por qué?
Como parte de su red de negocios con base en México y un pie en Dubai, ambos comerciantes diseñaron una manera de suplantar el funcionamiento de las grandes franquicias internacionales de tarjetas de crédito, si estas llegaban a abandonar el mercado venezolano por causa de las sanciones de Washington. El planeado sistema de pagos electrónicos, Paquete Alcance, se proponía capturar cientos de millones de dólares en remesas enviadas por expatriados y financiar con ellas las compras en las Tiendas CLAP.
La estructura empresarial que Alex Saab hizo registrar en Turquía, dada a conocer en 2018 por un reportaje de Armando.info, apenas sirvió como una partida en falso para sus planes de exportación del carbón venezolano. Casi en simultáneo, el mercader colombiano hacía contacto con su par mexicano Joaquín Leal para urdir una red que no solo comercializaría crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA como parte de una maniobra evasiva de las sanciones impuestas por Washington, sino que se haría cargo de un esquema para exportar el carbón extraído de las minas del Zulia, al occidente de Venezuela. Con la jugada, miles de toneladas, valoradas en millones de dólares, terminaron en puertos de México y Centroamérica.
Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el régimen de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial. Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
