LOS SECRETOS DE WIKILEAKS ¿Cómo desertaron varios médicos cubanos de la misión Barrio Adentro, el programa social bandera de la llamada Revolución bolivariana, con la ayuda de los gringos? ¿Hasta dónde llega la relación entre el presidente Hugo Chávez y su par de Irán, Mahmud Admadineyad? Estos son apenas dos de los interrogantes que comienzan a resolver los cables de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, obtenidos por SEMANA gracias a WikiLeaks. Las más de dos mil páginas de cables -emitidos entre enero de 2009 y febrero de 2010- fueron leídas y trabajadas en alianza con el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Los siguientes apartes son algunos de los cables de lo que será publicado de forma simultánea en los próximos días en Semana.com y en ArmandoInfo, portal de esta organización.
Los cables de la Embajada de Caracas despiertan un interés particular, porque, a diferencia de otros países donde los funcionarios locales son los que surten de información a la misión diplomática gringa, en Venezuela el gobierno había vetado cualquier diálogo con los estadounidenses.
El embajador Patrick Duddy había sido expulsado del país el 11 de septiembre de 2008 por el presidente Chávez. Con todas las puertas cerradas, la misión tuvo que desarrollar ingeniosas tácticas para obtener información, por ejemplo, del sector petrolero. Con la caída del precio del crudo en 2009, los presidentes de las empresas de Estados Unidos que extraían crudo venezolano estaban preocupados por las deudas que acumulaba Pdvsa. Y por eso, cada alto ejecutivo de la estatal petrolera venezolana que llegaba a solicitar la visa de turista para viajar a Estados Unidos era inmediatamente abordado por los consejeros de la misión que manejaban ese tema particular, y eran sometidos a una entrevista informal. Así, la Embajada logró mantenerse al día de la verdadera situación de la principal empresa del país.
En los 14 meses de los cuales se tienen cables, delegados estadounidenses solo se vieron cinco veces con algún representante del gobierno bolivariano. En general, las reuniones eran convocadas por alguna tensión bilateral. Como ocurrió el 16 de enero de 2009, cuando el canciller venezolano Nicolás Maduro citó al encargado de negocios de Estados Unidos, John Caufield, para que explicara por qué había estado en Puerto Rico por las mismas fechas en que un grupo de políticos y opositores al gobierno de Chávez estaban de visita en ese país. El canciller reclamaba que Caufield se había reunido con Alberto Federico Ravell, del canal Globovisión; con Luis Ignacio Planas, del Copei; con Julio Borges, de Primero Justicia, y con Omar Barboza, de Un Nuevo Tiempo, para diseñar estrategias frente al referéndum por la enmienda constitucional que eliminaría los límites a los mandatarios en ejercicio para aspirar a su reelección.
La explicación que le dio Caufield a Maduro fue que viajó por un matrimonio y que, "en virtud de su cargo, solía reunirse con esos políticos opositores presentes en Puerto Rico".
En los cables fechados en la Embajada en Caracas queda claro que Estados Unidos ha tenido una participación activa en la deserción de médicos cubanos que llegaron a Venezuela para trabajar en la misión Barrio Adentro, creada por el gobierno de Chávez en abril de 2003 para proporcionar atención primaria y gratuita a los sectores más pobres del país. Según los cables, a partir de agosto de 2006, Estados Unidos comenzó a aceptar aplicaciones para un programa llamado Significant Public Benefit Parole, mediante el cual se otorgan permisos de entrada a ese país por razones humanitarias. "Los médicos cubanos se quejaban por las pobres condiciones de trabajo y de estar supervisados por sus colegas", se lee en un aparte de la comunicación. Para abril de 2009, el Departamento de Homeland Security había aceptado 739 aplicaciones, de las cuales había aprobado el 69 por ciento. Desde diciembre de 2009, según la comunicación diplomática, los beneficiarios del programa tuvieron problemas para salir por Maiquetía, el aeropuerto de Caracas. Solo "diez de esas personas cruzaron la frontera y viajaron hacia Miami con los documentos emitidos en Caracas (…). No ha habido reportes de personas deportadas a Cuba", consigna un cable. El resto era liberado después de varias horas de detención.
Contrario a lo que podría pensarse, los diplomáticos estadounidenses, según se refleja en los cables, eran duros críticos de la forma como la oposición chavista operaba. Un ejemplo de esto se dio a principios de 2009, cuando el presidente Hugo Chávez inició una campaña para hacer un referendo que permitiera la reelección indefinida. A la oposición, dice la Embajada en Caracas, la tomó por sorpresa la decisión de Chávez de solicitar esa enmienda constitucional y estaba entregada a perder con el gobierno.
El diputado Enrique Mendoza, preocupado, les confesó tanto al consejero político como al encargado de negocios que el mensaje de los adversarios de Chávez "no conecta con las clases bajas" y que la base del antichavismo "es más propensa al cansancio que los chavistas".
El encuestador Alfredo Keller fue mucho más duro. En una reunión con los diplomáticos "se burló" de la falta de preparación de la oposición y agregó que después de la Navidad de 2009 "pasó dos semanas tratando de encontrar a alguno de sus integrantes dispuestos a renunciar a sus vacaciones para discutir los resultados de una encuesta".
Después de la derrota en el referendo, la oposición convocó a una rueda de prensa en la que anunció que se unificaría bajo una plataforma unitaria. La crónica del anuncio, recogida en los cables, señala la ausencia de líderes jóvenes y el desinterés de los asistentes. Durante el discurso del secretario general de Copei, Luis Ignacio Planas, "muchos preferían atender sus Blackberries", escribieron los diplomáticos gringos. Y otros, como el gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo, decían que los esfuerzos unitarios "eran una pérdida de tiempo".
La oferta no puede ser más esperanzadora: una "vacuna" o inmunoterapia contra el cáncer de mama capaz de reducir el tumor y la posibilidad de metástasis. Una opción poderosa en un país donde las neoplasias son la segunda causa de muerte de los venezolanos y donde es cada vez más limitado el acceso a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Pero esta investigación, desarrollada por el ilustre médico venezolano Jacinto Convit a partir de 2002 y que continúa después de su fallecimiento, acumula imprecisiones y procesos opacos que la hacen tambalear frente al rigor científico, ético y médico.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.
A través de una empresa registrada en México, Consorcio Panamericano de Exportación, sin trayectoria o experiencia conocida, Joaquín Leal hizo una atrevida propuesta a la Corporación Venezolana de Guayana para “reactivar” la industria del aluminio, paralizada tras el apagón de marzo de 2019. El negocio planteaba pagar el suministro de electricidad a las empresas estatales a cambio de pagos en especie con el metal.
Vástagos de estirpes distintas de magnates en Venezuela, Francisco D'Agostino y Eduardo Cisneros son parientes no consanguíneos. También fueron socios por breve tiempo en Elemento Oil & Gas Ltd, una empresa con sede en Malta de la que, a la larga, el joven Cisneros se adueñó por completo. Elemento fue protagonista en la red secreta de comercialización de crudo venezolano que desde México activó Joaquín Leal. Pero a la hora de imponer sanciones, Washington penalizó solo a D'Agostino, ¿por qué?
Como parte de su red de negocios con base en México y un pie en Dubai, ambos comerciantes diseñaron una manera de suplantar el funcionamiento de las grandes franquicias internacionales de tarjetas de crédito, si estas llegaban a abandonar el mercado venezolano por causa de las sanciones de Washington. El planeado sistema de pagos electrónicos, Paquete Alcance, se proponía capturar cientos de millones de dólares en remesas enviadas por expatriados y financiar con ellas las compras en las Tiendas CLAP.
La estructura empresarial que Alex Saab hizo registrar en Turquía, dada a conocer en 2018 por un reportaje de Armando.info, apenas sirvió como una partida en falso para sus planes de exportación del carbón venezolano. Casi en simultáneo, el mercader colombiano hacía contacto con su par mexicano Joaquín Leal para urdir una red que no solo comercializaría crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA como parte de una maniobra evasiva de las sanciones impuestas por Washington, sino que se haría cargo de un esquema para exportar el carbón extraído de las minas del Zulia, al occidente de Venezuela. Con la jugada, miles de toneladas, valoradas en millones de dólares, terminaron en puertos de México y Centroamérica.
Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el régimen de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial. Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
