El alicate global que se aplica a Rusia para presionar el fin de la invasión a Ucrania pasa por el congelamiento de los activos de los “oligarcas” rusos que apoyan al régimen de Vladimir Putin en varios frentes, desde el económico hasta el comunicacional. Una alianza de 25 medios ha elaborado una base de datos que ha detectado y rastreado los activos de este poderoso grupo, considerado la piedra angular del poder político del Kremlin
Seguro desde antes, pero con una fuerza inusitada desde su llegada a la cúspide del Kremlin, la Rusia de Vladimir Putin ha sido controlada por un grupo muy reducido de personas: empresarios poderosos -mejor conocidos como “oligarcas”- y una casta de políticos. La simbiosis entre el poder económico y el poder político es el sino del régimen ruso que ha mostrado su cara más despótica desde el 24 de febrero al emprender la invasión contra Ucrania.
Esa oligarquía ha sostenido a Putin en el poder mientras se beneficia de un sistema clientelista a costa del pueblo ruso. Una parte considerable de las riquezas de estas personas se mantienen en el extranjero: cuentas bancarias suizas, lujosas mansiones en Londres, villas en Cerdeña, apartamentos de ensueño en Miami y yates.
Mucho se ha especulado sobre la acumulación de riquezas por parte del anillo del poder económico ruso. Por eso se inició una búsqueda exhaustiva del verdadero destino de esas fortunas.
Durante tres semanas, liderados por la plataforma de periodismo OCCRP (declarada hace un par de semanas como “indeseable” por el régimen de Putin, junto a decenas de medios y periodistas independientes), 80 periodistas de 25 medios de comunicación han confeccionado el Radar de activos rusos, la auditoría más completa que se ha publicado hasta ahora sobre el patrimonio que poseen fuera de Rusia algunos de los oligarcas y funcionarios más poderosos del país. Los activos detectados incluyen bienes raíces, yates, jets privados y acciones en empresas.
El punto de partida del proyecto es una lista de 35 personas señaladas el año pasado como "facilitadores y beneficiarios clave de la cleptocracia del Kremlin" por por el líder opositor Alexei Navalny, actualmente detenido en Moscú tras el intento de envenenamiento que buscó ponerle fin a su intento de convertirse en una alternativa política a Putin.
De ese grupo de 35 personas se han identificado más de 140 activos cuyo valor, en conjunto, supera los 17.500 millones de dólares. La lista solo incluye las posesiones cuya propiedad puede establecerse mediante pruebas documentales y otras fuentes fiables. Buscamos pruebas para diez bienes más, entre ellos valiosos aviones y yates, que tienen un valor combinado de 2.800 millones de dólares.
La lista que hoy se publica comienza con 16 oligarcas rusos de los 35, agrupa activos conocidos y revela nuevos. Diariamente esta lista se ampliará y actualizará tanto los nombres del poderoso círculo económico de Putin, como de sus activos. Lo que vaya detectando el radar lo podrá consultar en español aquí https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/es/
En inglés: https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/en/
En ruso: https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/ru/
Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.
Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.