La hoy ministra del Interior es oriunda de Barinas, en la llanura profunda, lo que hace lucir como paradójicos dos aspectos de su carrera: se enlistó en la naval y hace sentir su influencia política en otro estado, Lara, donde fue gobernadora. En un rico distrito de esa entidad, Meléndez bendijo con gestos y prebendas el liderazgo de una ahijada política, la alcaldesa de El Tocuyo, quien sin pudor instaló en ese microcosmos una maraña de complicidades sellada por el nexo único de la lealtad familiar.

Ya hay ganadores en la carrera por privatizar una de las joyas turísticas y ambientales de Venezuela. Los mejores postores en la subasta del paraíso -que además es Parque Nacional- han resultado ser José Llavaneras y Victor Martins, empresarios de bajo perfil que prácticamente tienen el control de las construcciones en los principales cayos del archipiélago, a partir de la compra y remodelación de rancherías, pero también se asoman en las concesiones de hospedaje de lujo que el gobierno licencia por doquier para apagar su sed de divisas.

Un par de veinteañeros están detrás de una empresa privada que desde el año pasado regenta Farmacias Caribe, una nueva red que desde la Alcaldía de la capital de Venezuela y otras instancias municipales distribuye y vende medicamentos a bajo costo. Sin experiencia conocida y desde una oficina que parece un búnker, la dupla maneja también la distribución de medicinas de Irán e India y comparte apellido con un personaje sancionado por Estados Unidos por vínculos con una organización terrorista y estados forajidos del Medio Oriente.

Ya no haría falta tachar las líneas incómodas u ordenar a los periodistas que “no toquen” a personajes determinados. La nueva censura va directo a la yugular de Internet: elimina o entierra contenidos incómodos a través de manipulaciones, mensajes fraudulentos y comandos técnicos para restringir la búsqueda, y se puede contratar. La española Eliminalia es una de las empresas más duchas en estos servicios, con una creciente cartera de clientes venezolanos y una disposición cada vez mayor a dejar de hacer advertencias y solicitudes ante los medios, para en vez de ello sacar a los medios de circulación mediante una triquiñuela por la que engañan a Google y a otras grandes plataformas en la red.

Aunque apasionado criador de purasangres de carrera, Iván Rodríguez Gelfenstein ha dado más de un salto propios, en realidad, de la disciplina de la equitación: de odontólogo a proveedor de alimentos para el gobierno de Chávez, de miembro de una hermandad de burócratas revolucionarios a magnate en la costa este de Florida. En uno de esos fue a dar con sus negocios a Panamá, y allí el HSBC lo reportó haciendo transferencias a un grupo comercial señalado por actividades de supuesto lavado de dinero.

¿Dónde está? Es el clamor que mantiene en Twitter su madre y que las redes multiplican, a veces de modo equívoco, creyendo que se trata de un mártir de oposición. Este investigador submarino, de doble nacionalidad y en cuyo apellido yacía su destino, se convirtió en toda una leyenda del mercado global de salvamentos en las profundidades oceánicas. Pero mientras participaba en operaciones espectaculares como la búsqueda del sumergible 'Kursk' o la recuperación del heredero del imperio Missoni, también se fue enredando en una madeja de intereses y arcanos que pueden dar pie, cada uno, a hipótesis diferentes para su desaparición hace más de dos años, un día en que tomó un vuelo de Miami a Caracas.

El que con bancos mata, a bancos muere: casi medio siglo de próspera trayectoria en el negocio no previno a esta familia del estado Lara de una racha negativa en transacciones relacionadas con las finanzas. Si su banco en Puerto Rico fue objeto de una redada del FBI en 2019, ya arrastra una década con un pleito en España iniciado por la compra frustrada de otro banco en Cataluña, a través de una compañía registrada en Luxemburgo. Ambos emprendimientos internacionales surgieron en el mismo momento en que Hugo Chávez les expropiaba la entidad de ahorro y préstamo Casa Propia; pero de algún modo se han salido con la suya de cada contratiempo.

Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.

A través de una empresa registrada en México, Consorcio Panamericano de Exportación, sin trayectoria o experiencia conocida, Joaquín Leal hizo una atrevida propuesta a la Corporación Venezolana de Guayana para “reactivar” la industria del aluminio, paralizada tras el apagón de marzo de 2019. El negocio planteaba pagar el suministro de electricidad a las empresas estatales a cambio de pagos en especie con el metal.

Vástagos de estirpes distintas de magnates en Venezuela, Francisco D'Agostino y Eduardo Cisneros son parientes no consanguíneos. También fueron socios por breve tiempo en Elemento Oil & Gas Ltd, una empresa con sede en Malta de la que, a la larga, el joven Cisneros se adueñó por completo. Elemento fue protagonista en la red secreta de comercialización de crudo venezolano que desde México activó Joaquín Leal. Pero a la hora de imponer sanciones, Washington penalizó solo a D'Agostino, ¿por qué?

Como parte de su red de negocios con base en México y un pie en Dubai, ambos comerciantes diseñaron una manera de suplantar el funcionamiento de las grandes franquicias internacionales de tarjetas de crédito, si estas llegaban a abandonar el mercado venezolano por causa de las sanciones de Washington. El planeado sistema de pagos electrónicos, Paquete Alcance, se proponía capturar cientos de millones de dólares en remesas enviadas por expatriados y financiar con ellas las compras en las Tiendas CLAP.

La estructura empresarial que Alex Saab hizo registrar en Turquía, dada a conocer en 2018 por un reportaje de Armando.info, apenas sirvió como una partida en falso para sus planes de exportación del carbón venezolano. Casi en simultáneo, el mercader colombiano hacía contacto con su par mexicano Joaquín Leal para urdir una red que no solo comercializaría crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA como parte de una maniobra evasiva de las sanciones impuestas por Washington, sino que se haría cargo de un esquema para exportar el carbón extraído de las minas del Zulia, al occidente de Venezuela. Con la jugada, miles de toneladas, valoradas en millones de dólares, terminaron en puertos de México y Centroamérica.

Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el régimen de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial. Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.

Cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió a un grupo de amigos y socios mexicanos para aliviar la nueva emergencia eléctrica en Venezuela, puso la piedra fundacional para un atajo por el que chavismo y sus aliados comerciales han esquivado las sanciones impuestas por Washington a las exportaciones de crudo de PDVSA. Desde entonces, con Alex Saab, Joaquín Leal y Alessandro Bazzoni como figuras prominentes, el circuito se ha extendido por una treintena de países para comerciar con otras materias primas venezolanas. Es parte de lo que revela esta serie de investigación conjunta entre el diario El País y Armando.info, desarrollada a partir de una filtración de miles de documentos.

Aunque públicamente no tienen cargos formales, diez venezolanos conforman un círculo de poder en el gobierno de Nayib Bukele, solo por debajo del propio presidente, los hermanos de este y otros parientes. Por lo general provienen de las filas del partido Voluntad Popular de la oposición venezolana, mandan más que los ministros oficiales y manejan los programas más determinantes del peculiar mandatario.

Con su patriarca, Alfredo René, al frente, los Ducharne montaban canales de TV que no terminaron de mantenerse al aire y al mismo tiempo dejaban en el aire a los militares que hacían negocios con ellos. Prosperaron en Venezuela antes de abandonarla, presentándose como perseguidos por el oficialismo, y fueron a dar a Miami, baluarte de la contrarrevolución continental, donde izaron la bandera de la libertad de expresión. Pero mientras se hacían con el control de una televisora del exilio cubano -y antes de volver a su Puerto La Cruz originario una vez más- prometían hacer llegar a la Fuerza Aérea bolivariana repuestos para los aviones Tucano, que nunca entregaron.

Tras el fracaso de las estatizaciones de los ingenios agroindustriales, desde 2019 el chavismo ideó una fórmula que mezcla gerencia privada y pública en las diez plantas que siguen bajo su control. Pero los nuevos operadores privados -empresarios cercanos al chavismo, con historia de gerencias fallidas- resultan tan indolentes e ineficaces como sus pares públicos y apenas cosechan una amarga mezcla de promesas, irregularidades y desempleo. Los ingenios siguen paralizados y algunos solo funcionan como refinadores y empaquetadores de azúcar importada.

Mucho se sabe del paso huracanado del antiguo coloso brasileño por América Latina, de su práctica característica de presupuestar bajo para aumentar precios en plena obra, y de su generosa disposición a recompensar a políticos y funcionarios por los contratos. Pero en Venezuela esos abusos se hipertrofiaron. Si acaparó asignaciones de proyectos de infraestructura por 34.000 millones de dólares, esa factura nominal se multiplicó con otros métodos que incluían la especulación con la paridad cambiaria, la ampliación del pago inicial para obras que ni se habían empezado -ni se completarían-, la incorporación de nuevas partidas presupuestarias, y otros que ahora se dan a conocer por nuevos documentos a los que tuvo acceso Armando.info

Van sin pausas pero, contrariamente a lo que establece el refrán, con mucha prisa. La familia Mussa, en el estado Bolívar ha logrado desde finales de 2020 y en plena pandemia de coronavirus multiplicar una red de farmacias tras una fulgurante carrera empresarial a la sombra del antiguo gobernador y críticas por llevar a cabo prácticas reñidas con la ética empresarial y farmacéutica

Mientras su suerte se juega en un tosco edificio de oficinas color naranja, sede del Tribunal Constitucional de Praia, en la isla de Santiago, el empresario colombiano pasa las horas en un lujoso townhouse en la isla de Sal, meca del turismo del archipiélago, que cumple el papel de hogar para la medida de prisión domiciliaria concedida al contratista preferido de Nicolás Maduro. Al resort playero Vila Verde, con villas, centro comercial y caminerías, llegó tras meses de reclusión en el penitenciario de Terra Boa.

Víctor Vargas, después de tantear la opción del Banco de Venezuela, adquirió CorpBanca en 2006 y, dos años después, quiso unirlo a su marca matriz, el BOD. Pero los reguladores le pusieron como condición para aprobar la fusión que se deshiciera de un valioso activo, sus acciones en el Banco del Orinoco de Curazao. Así que el magnate superó el obstáculo con creatividad, audacia y una maniobra de ingeniería legal-financiera que solo hoy se conoce por una filtración: buscó una empresa de papel en Luxemburgo con la que fingió una compraventa que terminaba en el mismo Vargas.

Entre picos nevados, volcanes y salares, el árido altiplano andino sirve de prueba máxima para los caminantes venezolanos que intentan llegar desde Bolivia a la soñada prosperidad chilena. El campo traviesa lo hacen casi a solas, más a merced que con ayuda de unos 'coyotes' desalmados. Para quienes logran la meta y entran al pueblito de Colchane, después de completar la hazaña de atravesar América del Sur, no cesan las dificultades: además de una hosca recepción y el sometimiento a trámites a veces vejatorios, una ley amenaza ahora con deportarlos. Sus testimonios de valentía y horror merecen ser conocidos.

Cuando en 2019 cayó el Banco del Orinoco NV en Curazao, lo demás fue cuestión de tiempo. El imperio del llamado 'banquero de Chávez' se tambaleó y arrastró las cuentas pendientes de un país a otro del Caribe. En medio del colapso, casi 1.500 ahorristas, registrados en una nómina que Armando.info ha consultado, quedaron con sus fondos cautivos. Pero no todos los afectados, casi siempre venezolanos, eran víctimas con el mismo perfil: en realidad muchos de ellos o pertenecen al círculo de empresas y socios del banquero, o son organismos del Estado chavista que colocaban dinero allí.

Cobró mucho y ejecutó menos. Más de la mitad de los contratos suscritos por Odebrecht con el Estado venezolano no se llevaron a cabo. Ese país rutilante que en mapas el comandante Chávez dibujaba durante sus transmisiones en cadena, sembrado de puentes ultramodernos, vías férreas y represas, cuya construcción confió sin concurso a la compañía favorita de su aliado Lula da Silva, quedó para el ensueño. Aunque sus costos sí fueron reales. Un inventario de los 32 proyectos que la corporación líder del esquema de Lava Jato tomó en Venezuela, de los que 17 quedaron en deuda, permite comprobar el colosal incumplimiento.

La historia del que iba a ser el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo no es una oda a la ingeniería, sino una trama de sobreprecios, pagos fingidos y malabares cambiarios que desembocó en una obra inconclusa: solo quedan un terraplén y escasos pilotes después de 15 años desde su inicio y de cientos de millones de dólares invertidos. El documento de un contrato entre Odebrecht y uno de sus proveedores, una dudosa compañía en los Países Bajos, recientemente filtrado, permite echar un vistazo a una muestra en pequeño de las prácticas que a la larga conformaron un fraude monumental y otra promesa incumplida del chavismo.

A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los Andes, la productora expropiada por Chávez en 2008. Pero la realidad tenía sus matices: sí eran musulmanes y con presuntas conexiones en Teherán, pero venezolanos de origen libanés, quienes a través de terceros se apoderaron de la compañía en 2020, como parte de la ola de reprivatizaciones camuflada por la figura de la "alianza estratégica". Se trata de los hermanos Khalil, viejos aliados oficialistas como tempranos sancionados por Washington. Aunque con fines de convertirse en proveedores de los Clap, esta es la segunda incursión en mercados de consumo masivo que se les conoce desde la compra de Eveba en 2003.

Es la segunda isla más grande de Venezuela, casi inhabitada, con una riqueza biológica única. Pasó inadvertida hasta que el régimen de Nicolás Maduro reflotó los planes de expansión turística y permitió la construcción de un primer hotel, asignado a dedo a un contratista petrolero que no tenía nada que ver con el sector. La tragedia se ensañó con el empresario y dejó abandonado el proyecto.

Si los caraqueños alzan la mirada podrán ver en la cima del cerro El Ávila las evidencias de un proceso de conquista: la familia Ceballos, uno de los grupos contratistas favorecidos por la Revolución Bolivariana, empezó en 2014 a construir la extensión del teleférico al litoral, pero cinco años después amplió su control a la operación de la lujosa torre cilíndrica que corona la montaña. Ahora la apuesta es seguir privatizando allí más bienes para explotarlos, incluyendo todo el sistema teleférico, la pista de patinaje sobre hielo y los pequeños comercios de la caminería que culmina en el hotel construido en la década de los años 50.

Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y eléctrico del país para adjudicarlas a proveedores que les pagaban comisiones disfrazadas como "asesorías". El colapso y posterior intervención de la Banca Privada de Andorra en 2015 revelaron los mecanismos que utilizaban estos para blanquear hasta 2.000 millones de dólares, pero hasta hoy nadie ha sido ni enjuiciado ni condenado, el proceso judicial está paralizado desde hace más de un año y, lo peor, hasta podría quedar anulado.

Los nuevos dueños del central azucarero Pío Tamayo no son, ni de lejos, unos novatos para la Revolución Bolivariana ni para el “zar agrícola” Wilmar Castro Soteldo, quien, junto a su sobrino Luis Fernando Soteldo, ha guiado la transferencia de muchas otras propiedades a la pareja de Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Silos, trilladoras de arroz, hatos, mataderos industriales, contratos privilegiados como proveedores de la Corporación Venezolana de Guayana, son algunas de las prebendas recibidas.