Las leyes de Caracas y el patrimonio ancestral aborigen prohíben desde hace décadas la explotación abierta de minerales en las selvas del estado Amazonas, hasta el punto de convertirla casi en tabú. Pero las actividades furtivas de los ‘garimpeiros’ en las mismísimas nacientes del Orinoco, la miseria reinante y el reciente discurso oficial van creando una atmósfera cada vez más proclive a la aceptación de la industria extractiva a cualquier escala y en manos del Estado o de privados. 

Aunque solo cuenten con la razón y el arsenal arcaico de lanzas, arcos y flechas, decenas de comunidades pemón, piaroa, ye´kwana y sanemá en los estados Amazonas y Bolívar han optado por la autodefensa ante el avance en sus territorios de invasores vinculados a la subversión y el crimen organizado. Si esa informalización de la seguridad pública conlleva riesgos, les ofrece una oportunidad mejor que la resignación y la retirada a las que de otra manera las condenaría la ausencia del Estado.

Se cumple un año del ataque de militares venezolanos contra un campamento de las disidencias de las FARC en territorio del estado Amazonas. La aparición de una mujer ‘jiwi’ entre los caídos reveló al público algo que todavía era un secreto a voces: los irregulares colombianos reclutan a indígenas venezolanos. Un recorrido por distintas comunidades aborígenes permite comprobar los anzuelos, con frecuencia pueriles, que los guerrilleros usan para seducir a los jóvenes y atraerlos a sus filas. 

A veces solo como testigos, pero casi siempre como víctimas o contrincantes, diversas etnias indígenas han presenciado en sus territorios el avance sostenido de grupos armados como el ELN y las facciones de las FARC. Sus denuncias tempranas, que debieron servir como advertencias, consiguieron de forma esporádica la atención nacional. Apenas ahora, cuando esas fuerzas irregulares controlan los negocios ilegales que prosperan en cuatro de los siete municipios del estado, se hace evidente que los guerrilleros se proponían completar una verdadera ocupación.

Los 3.718 sitios de minería y las 42 pistas clandestinas que los satélites identifican desde el espacio en la Guayana venezolana sirven a las actividades ilícitas de bandas delictivas que, extranjeras o nativas, a veces de manera confederada y otras en conflicto entre sí, imponen su ley, casi sin oposición del Estado. No todas son iguales y conocer las diferencias de sus orígenes, historias e intereses, ayuda a comprender la dinámica compleja de la soberanía que, en la práctica, ejercen en ese confín selvático del territorio venezolano. Aquí se describen.

A partir de imágenes satelitales y con la ayuda de Inteligencia Artificial, fue posible identificar 3.718 puntos de actividad minera, en su mayoría ilegal, en los estados Bolívar y Amazonas, entidades que juntas suman casi la mitad del territorio venezolano. Aledañas a esas áreas deforestadas, que en total equivalen a 40.000 campos de fútbol, a menudo se encuentran pistas clandestinas -hasta 42 se detectaron- que sirven al crimen organizado transfronterizo para despachar valiosos cargamentos de oro y drogas, como se muestra en esta primera entrega de la serie ‘Corredor Furtivo’.

Fiel a su naturaleza y por cálculos políticos, el régimen de Nicolás Maduro busca en los cuarteles la solución a un grave problema de salud pública, que ha costado 66 vidas en casi cinco años y que hasta ahora se achacaba al ‘bloqueo’. En una especie de guerra relámpago, un puñado de oficiales de la Fundación Pueblo Soberano toman desde octubre decisiones de, literalmente, vida o muerte para decenas de pacientes pediátricos que esperan por un riñón. Pero a estas alturas ya constatan que las complejidades del asunto pueden ser más fuertes que el rigor marcial, la buena voluntad y hasta la chequera con que solían contar.

Ricos pero no necesariamente famosos, tienen en común un gentilicio y una morada: Lagasca 99, en el barrio de Salamanca de la capital española. Este condominio de lujo lo comparten con otros magnates latinoamericanos, y se destacan por ser empresarios del sector de la moda, construcción, servicios financieros e inmobiliarios. Sus nombres y opulencia han dejado rastro dentro y fuera del país.

De nuevo los hermanos Khaled y Majed Khalil aparecen en una maniobra para controlar una agroindustria, con el auspicio del gobierno del que son contratistas, pero esta vez no como beneficiarios de una reprivatización. Ahora, por una artimaña jurídica, buscan tomar posesión por tan solo diez millones de dólares de una de las principales productoras de grasas comestibles del país, cuyos activos fueron tasados en más de 200 millones de dólares. Si la ganga se completa, convertiría a Coposa en un suplidor cautivo de las cajas CLAP.   

El empresario barinés, uno de los más prósperos de la era chavista, atraviesa una mala racha desde 2019, tras el colapso de dos de sus bancos en el Caribe. Enfrentado a los reclamos de sus acreedores y con las autoridades pisándole los talones, preserva la propiedad de una suntuosa villa por la que pagó millones de dólares durante dos años y que adquirió en República Dominicana, a través de un elaborado esquema jurídico, de otro magnate venezolano, Gustavo Cisneros.

En llamativo contraste con la ola reprivatizadora que su tío, el excomandante y ministro Wilmar Castro, lleva adelante en la agroindustria, el sobrino, Luis Soteldo, se convirtió en el verdugo de la propiedad privada en el campo venezolano durante su gestión al frente del Instituto de Tierras hasta 2020, despojando predios en contra de decisiones judiciales e informes hechos por su misma entidad. Su sucesor, Luis Mendoza, hizo otro tanto, a nombre de una proclamada “soberanía alimentaria” que no produce casi nada.

Los hermanos Majed y Khaled Khalil están listos para lo que se le ofrezca al régimen de Nicolás Maduro. En 2020 se prestaron a servir la coartada para un cargamento destinado a las obras de remodelación del Hotel Alba Caracas que, al hacer trasbordo en Nueva York en ruta al puerto de La Guaira, corría el riesgo de quedar retenido por los efectos de las sanciones estadounidenses. Los contenedores eran parte de un opaco contrato para rehabilitar el emblemático hotel capitalino y ponerlo en manos de empresarios turcos cercanos al presidente Recep Tayyip Erdogan. Para los Khalil el favor no representó más que un pequeño gesto en medio de su esfuerzo por construir un emporio del sector turístico.

Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.

Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia. 

A pocos meses de su tercer centenario, la principal universidad del país fue tomada por el gobierno, de noche y tras muchos años de asedio. La ocupación se presenta benévola, dirigida por egresados afectuosos, y con el propósito único de restaurar el esplendor de un campus que hace más de dos décadas fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero, aún si nadie conoce los alcances y criterios profesionales de la intervención, hay un contratista que ya sabe de sus beneficios: Racar Ingenieros, una empresa con relaciones de vieja data con Delcy y Jorge Rodríguez.

Una joven pareja de los llanos centrales venezolanos intenta desde 2020 llegar a Ecuador atravesando Colombia. Pero todas las rutas los conducen a la desgracia: ya han dejado dos hijas enterradas en el camino. El destino todavía les jugó otra mala pasada este año cuando al padre lo acusaron de participar en el bloqueo de una carretera y las autoridades lo expulsaron sin miramientos.

El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.

Miguel Ángel Calderón, un repartidor de domicilios venezolano, fue acusado de espiar en Bogotá al presidente colombiano, Iván Duque, solo por grabar un video en la vía pública que iba a compartir con su esposa por Whatsapp. La acusación se hizo pública por los medios. Trató de defenderse con la ayuda de abogados y ganó un amparo en tribunales pero, aún así, fue expulsado y no ha logrado regresar a Colombia para estar con su familia.

No se trata de la xenofobia al uso, esa que alimenta prejuicios y a menudo cataliza el sentir de la calle para transformarlo en banderas populistas. Pero fue algo parecido lo que llevó a las autoridades colombianas de migración y policía a empezar a usar desde 2019 como chivos expiatorios de disturbios, crisis sociales y sensaciones de inseguridad a los venezolanos irregulares, a los que expulsa por centenares, sin control judicial, sin responsabilidades claras. Lo cuenta este primer reportaje de una serie que publican en conjunto Armando.info y La Silla Vacía, de Colombia.

Entre 2011 y 2016, Nayshar Flores conquistó Brickell, el distrito financiero de Miami. Entonces llevó adelante una intensa campaña de compra de inmuebles en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, financiada por su buena estrella como contratista de los militares venezolanos. Aunque su apellido podía tener resonancias políticas en el régimen de Caracas y venía de ser socio del yerno de Diosdado Cabello, nada de eso impidió que cayera en una mala racha judicial en Estados Unidos.

Se sabía que las tentaciones petroleras del mercader colombiano y de su paisano y socio, Álvaro Pulido Vargas, se habían canalizado a través de Trenaco, registrada en Ginebra y receptora en 2016 de un multimillonario contrato de Pdvsa, al final frustrado. Pero surgen nuevas evidencias sobre otra firma hasta ahora desconocida, Polmont Oil, incorporada en Panamá para esos mismos fines y por las gestiones de un banquero suizo, Jorge Würms, que desde diversos flancos se revela como el arquitecto financiero de Saab.

 El reguetón boricua y hasta la guaracha cubana han marcado el paso de sus negocios, que lo llevaron desde la provinciana Maracay a codearse con luminarias del espectáculo y el deporte mundiales. Incluso se aventuró a ser representante de El Duke, un artista urbano, hijo del Contralor General del chavismo. Pero a la hora de abrir empresas offshore, Moisés Capriles Monque suele abandonar las islas del Caribe por preferir jurisdicciones más exóticas como Hong Kong. 

Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas venezolanas, madre y tres hijas que gustan de hacerse pasar por las Kardashian, lo tuvo difícil: en un abrir y cerrar de ojos pasaron de una vivienda familiar en un suburbio de Caracas a apartamentos en Miami y París. Una oficina de servicios offshore en Panamá le pidió en 2016 a Norka Luque que actualizara sus fuentes de ingreso, entre las que reportó hasta una franquicia de tintorerías, pero se reservó parte de su imperio de bienes raíces y sus vínculos especiales con jerarcas del régimen chavista como la almiranta Carmen Meléndez o la extesorera Claudia Díaz.

La puerta giratoria del chavismo trajo a la gerencia pública al ingeniero Rafael Gruszka y casi de inmediato lo devolvió a la actividad privada, pero con renovados contactos con el Estado y apetencias por negocios inéditos. Uno de ellos, con éxito reconocido, fue el béisbol profesional, donde convirtió a Caribes de Anzoátegui en una potencia. Pero casi al mismo tiempo se embarcó en la constitución de una offshore en Islas Vírgenes Británicas que despertó suspicacias en un despacho de abogados panameño y nunca cumplió su cometido.

El abogado venezolano Gustavo Mirabal Castro, señalado por distintas versiones como presunto testaferro del extesorero nacional, Alejandro Andrade, se apresuró a mudarse a Dubai desde Madrid apenas se enteró de la disposición del también exmilitar a someterse a las autoridades de Estados Unidos. Para esa peregrinación, Mirabal debió soltar lastre, así que hizo cambiar de manos un superyate que en 2016 se había comprado a través de una offshore, y pasó su residencia en el suntuoso barrio de La Moraleja al crack del Real Madrid.

Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho de abogados Alcogal, fue usada entre 2011 y 2014 por el Banco Espírito Santo como canal para enviar pagos irregulares por 29 millones de dólares a un alto ejecutivo de Pdvsa a través de su testaferro, ambos de Barinas. Pero los Pandora Papers revelan que, años después, una compañía inglesa se presentó en Panamá con el único interés de adquirir a Clippon, apenas poco antes de que los mismos inversionistas de Londres trataran de comprar el Novo Banco, sucesor “sano” del Espírito Santo.

El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por sus aliados políticos y comerciales del chavismo. Pero en 2014, por alguna razón, dos de sus empresas emblemáticas del sector de tecnología, ZTE y Ceiec, precisaron de la intermediación de este abogado venezolano, dueño de la empresa de recolección de desechos Fospuca, para acceder a información privilegiada del mercado criollo y, en última instancia, conseguir contratos con las telefónicas locales Cantv y Movistar. A cambio, este recibió 28 millones de dólares.

Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia de Control de Pérdidas de Pdvsa. Llevaba maletines de efectivo a aliados de la revolución en el extranjero y se convirtió en la mano derecha de Hugo Chávez y Rafael Ramírez a la hora de las encomiendas peligrosas. Todo ello tenía compensación en esquemas de corrupción, como el que lo llevó a recibir pagos como proveedor de la misma petrolera estatal para la que trabajaba. Para ocultar esos ingresos, preparó una compleja estructura financiera que nace en el oriente venezolano, pasa por Barbados e Islas Vírgenes Británicas y termina en las islas Cook, en el remoto sur del océano Pacífico.

En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi. Parte de los fondos para el Metro de Caracas, entre otras obras, terminó perdida en el colapso de la entidad financiera.

Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la asignación de contratos eléctricos en 2009-10. Pero el inconveniente de esa exposición no significó que los llamados ‘bolichicos’ dejaran de hacer negocios con el Estado venezolano. Siguieron operando con ayuda de socios que se movieron por debajo del radar y a los que se puede atribuir la chispa que incendió la pradera del descontento durante los disturbios de 2017, a raíz de una incursión fallida del grupo en la actividad petrolera.