Las mujeres son quienes más padecen la sequía en la Guajira venezolana 

Desde 2019, la Guajira venezolana experimenta una de las sequías más crudas de su historia. Allí, las mujeres recorren kilómetros a pie cada día para encontrar agua que, muchas veces, está contaminada; una actividad que las expone a dolencias crónicas y enfermedades.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la Red de Periodistas Venezolanas y la Embajada Británica en Venezuela, como parte del programa #GéneroEnFoco.

Cada mañana Ana Elena recorre unos 15 kilómetros a pie en busca de agua bajo el sol de la Guajira, en el estado Zulia de Venezuela, y lo que encuentra son pozos secos, “con la concha del suelo levantada”. Hace tres años que la Guajira venezolana padece una de las sequías más crudas que recuerden sus pobladores.

Aunque es una zona de altas temperaturas y pocas lluvias al año, jamás había tenido que sufrir lo que sus mismos habitantes han llamado “la sed milenaria”. Cuando el agua se vuelve así de escasa en estas comunidades, las mujeres son las personas designadas para encontrarla. 

Con 2.370 km², la Guajira es un municipio indígena ubicado al norte del estado Zulia, con poco más de 67 mil habitantes -entre indígenas Wayúu y Añú– que comparte frontera con Colombia. El pueblo Wayúu es el grupo étnico más numeroso de Venezuela y su organización social la lideran las mujeres. 

Ana Elena ha vivido en distintas comunidades del municipio a lo largo de sus 50 años  –Paraguaipoa, Colopuntai y Maichemana— y dice que “nunca había visto tanta sed”. Todos los días ella se cubre de pies a cabeza con retazos de tela que acompañan su tradicional manta y sale en busca de agua que le sirva al menos para limpiar, cocinar o bañarse. Pero encontrar agua limpia en los “jawei” —los estanques que almacenan el agua de la lluvia o la que brota de la tierra— está difícil. 

“Desde el año pasado [2022] no llueve, así que el agua que vamos a ver ahorita es del año pasado. Queda poquita y ahí llega cualquier gente. También hay animales que toman esa agua”, explica Ana Elena, mientras recoge lo suficiente para llenar dos botellones. “Con estos dos botellones de agua que conseguí, solo bañaré a mis dos niños y lavaré una ropita. Yo me bañaré otro día”, dice, mirando el terreno árido y caliente.

“Una pipa (200 litros o menos) cuesta unos 7,000 pesos (casi dos dólares americanos) y eso nos dura si acaso un día. Nosotros necesitamos mínimo tres pipas todos los días y pasamos demasiado trabajo yendo a buscar agua en el jagüey”, cuenta Ana Elena. 

El agua del jagüey está expuesta al sol y sin ningún tipo de tratamiento. De lejos parece limpia, pero no es apta para el consumo humano, ni siquiera hervida. Consumir esa agua ha provocado enfermedades en la piel de las mujeres y los niños de la familia de Ana Elena.

Activistas venezolanos también han observado los impactos que la sequía está teniendo en la salud de las mujeres Wayúu, y han señalado que, tanto la falta de agua para una correcta higiene menstrual como el esfuerzo de cargar con tobos de agua, las expone a infecciones del tracto urinario y en riesgo de padecer enfermedades del sistema reproductivo. 

Pero documentar los estragos que ha producido la falta de agua en la salud de las mujeres guajiras ha sido complejo. Una de las razones es la falta de chequeos ginecológicos, pues ninguno de los tres hospitales públicos en el municipio —dos hospitales fronterizos y un Centro de Diagnóstico Integral— tienen médicos gineco-obstetras, según registró en 2023 la Red de Mujeres Constructoras de Paz en Venezuela del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).

Mientras, el costo de una consulta ginecológica privada en Maracaibo, a casi tres horas por carretera, está entre $20 y $40. Los expertos entrevistados por Ipys aseguran que cerca de 50 % de las mujeres en la Guajira no tiene un control ginecológico permanente y que cuatro de cada diez mujeres de la Guajira que llegan a asistir a consultas ya presentan cáncer de cuello uterino. 

“Muchas veces por desconocimiento o por su propia cultura, las pacientes toman muy a la ligera su salud. Algunas van a la primera consulta y no cumplen con el tratamiento indicado por los médicos, tal vez porque así lo deciden o quizás por falta de recursos. Eso complica el seguimiento que podamos hacer de los casos”, explica Ymar Villalobos, médico especialista en obstetricia, al registro de Ipys Venezuela.

“En el tema de la gestión de la menstruación aún persisten muchos mitos y las mujeres enfrentan muchas barreras para acceder a toallas sanitarias. Tienden a usar trapitos u hojas. Y sufren, además, por los servicios públicos, tener agua potable es más complicado”, describe Roxana Vivas, activista de la organización Women Riots, que visibiliza violencias contra las mujeres y defiende los derechos sexuales y reproductivos para reducir las prácticas violentas y discriminatorias.

En la Guajira, un paquete de toallas sanitarias suficiente para una menstruación de cinco días suele costar $1 (USD) o 3.500 pesos colombianos, casi el mismo precio de media pipa de agua. 

Ana Elena también dice que a veces se orina involuntariamente cuando carga el agua con ambas manos o cuando alza el botellón para montárselo en los hombros.

“Una vez traía un balde (tobo) de agua del jagüey hasta la orilla, para llenar uno de los botellones y sentí como si me hubiese orinado, pero como ya estaba mojada porque había entrado al jagüey, pensé que era eso y no le presté atención. Pero cuando estaba en mi casa vaciando los botellones, sentí que me volví a orinar y ahora cada vez que cargo botellones (de unos 18 kilogramos cada uno) me orino”, relata Ana Elena. 

Según el informe de 2022 Sin agua no hay vida: Acceso al agua limitado en Venezuela, de la organización Caleidoscopio Humano y Monitor Desca, uno de los efectos de cargar peso, como tobos de agua, es el debilitamiento y pérdida de elasticidad de la musculatura del suelo o piso pélvico, a su vez impacta la salud sexual, ginecológica y urológica de la mujer. Pero en ese momento ella no fue al médico, lo intentó pero las consultas y los tratamientos les resultaban muy costosos.

“Si no puedo ni comprar un paquete completo de toallas (sanitarias), menos pagar un médico. Además, debo garantizar el agua. Me encomiendo a Dios”, dice. 

En el único jagüey que queda con algo de agua hay un grupo de niñas montadas en un burro, haciendo una parada en una de las orillas al mediodía, justo cuando el Sol comienza a picar la piel. Tienen 7, 8 y 12 años de edad. Vienen de Miralejos, del eje de la montaña, ubicado a cinco kilómetros aproximadamente, y ya han hecho tres viajes, cargadas de agua.

“Este es el último viaje que vamos a hacer, hace mucho calor, tenemos hambre y estamos cansadas. Nos echamos un baño y nos vamos”, dice la niña de 12 años antes de darse un chapuzón en las turbulentas aguas del jagüey.

En esa actividad se les va el tiempo que podrían invertir en educación, trabajo u ocio, y quedan expuestas a sufrir lesiones y a los peligros del camino. De hecho, en 7 de cada 10 hogares del mundo que no cuentan con instalaciones adecuadas para el suministro de agua, las mujeres y las niñas menores de 15 años son las encargadas de buscarla, según datos recopilados por Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2023.

Seis años sin servicios de agua 

Luego de pasar el aviso de “Bienvenidos a la Guajira” y unos 12 puntos policiales -donde funcionarios suelen exigir dinero a cambio de seguir el camino- desde Maracaibo, la capital del Zulia, el escenario es de desconexión: no hay cobertura telefónica de operadoras venezolanas y al comenzar a recorrer las carreteras de tierra, los dispositivos móviles muestran la hora de Colombia.

Aunque todavía hablamos de la Guajira venezolana, los pagos por la venta de agua en camiones cisterna se realizan en pesos colombianos o dólares americanos y la mayoría de los habitantes de las comunidades del “eje de la montaña”, cerca de la Alta Guajira, no pueden pagarlos. 

Datos de la Comisión por los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) en su Informe de Seguridad Alimentaria Guajira e Isla de Toas 2022, revelan que al menos 98 % de la población del municipio Guajira se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras que 86 % vive por debajo de la línea de pobreza extrema; es decir, familias que no cuentan con ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas.

Durante el año 2023, los habitantes de la zona han vivido entre constantes apagones. Tampoco cuentan con redes de aguas blancas y residuales ni rellenos sanitarios y la basura suele acumularse en vertederos a cielo abierto.

En octubre de 2010, fuertes lluvias inundaron la Guajira y ocasionaron graves pérdidas de casas, enseres y animales. La emergencia fue tan grave que el difunto presidente Hugo Chávez anunció un Plan de Restructuración Integral Socialista, con el fin de construir viviendas, carreteras y “todo lo que haga falta”.

Este plan debía ser desarrollado por la Presidencia, en colaboración con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia) y representantes de la zona. Pero 13 años después, la Guajira aún no tiene lo que le hace falta: ni carreteras, ni viviendas en buen estado.

Desde 2017, la principal planta potabilizadora activa, El Brillante, quedó fuera de servicio. Seis años después, en 2023, la alcaldesa del municipio, Indira Fernández, informó que están “restituyendo el servicio de agua potable” en esa planta, pero la población no recuerda cuándo fue la última vez que recibió agua de la llave y algunos han optado por comprar agua embotellada “cuando tienen la oportunidad”. 

“Son comunidades que no reciben agua por tubería desde hace años porque, supuestamente, el gobierno municipal con Hidrolago y otros entes gubernamentales que tienen competencia, dicen que van a sustituir las tuberías [que ya están dañadas] por tuberías nuevas, cosa que nunca se ha hecho”, dice José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira.

González, junto a más de 280 voceros de 180 consejos comunales, elaboró una propuesta para el desarrollo de un “Plan Integral” que aborde los problemas del municipio, de los cuales resaltan: salud, alimentación, agua y electricidad. Esa propuesta fue entregada a representantes del Estado venezolano en julio de 2023 y aún están esperando respuesta.

En Venezuela, hay pocos datos sobre la incidencia de la sequía y las inundaciones, y expertos entrevistados por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) en 2022 explican que tampoco se evalúa el fenómeno frente a pronósticos de un aumento de la aridez en el país, estrechamente relacionada con el cambio climático.

Sin embargo, las proyecciones de organismos como el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (Ipcc) de la ONU, apuntan a más sequía: en los próximos 30 años la mitad de la población venezolana será más vulnerable al aumento de la aridez, con problemas en suministro de agua y una mayor demanda de energía. Y la zona más afectada es la región noroccidental de Venezuela.

En la Guajira, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la falta de lluvias también podría generar un descenso en las cosechas -principalmente de maíz, auyama, frijol guajiro, plátano, yuca, entre otros-, lo que podría generar una disminución en la oferta de alimentos y acentuar la malnutrición.

Mientras que las autoridades colombianas han declarado una “emergencia económica” en la zona de la Guajira e iniciado un despliegue para estudiar el impacto de la sequía en su territorio, del lado venezolano no se avizoran soluciones permanentes. 

Venezuela es el único país de Suramérica sin plan de mitigación y adaptación al cambio climático.

Este reportaje contó con la mentoría de Maye Primera (Red de Periodistas Venezolanas) y el apoyo en campo de Norma González (Radio Fe y Alegría Paraguaipoa).

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