- En 2022 una resolución conjunta de los ministerios de Defensa y de Interior y Justicia reguló las alcabalas militares y policiales, prohibiendo la revisión de celulares
- Desde 2021 se registran denuncias de revisión de celulares sin órdenes judiciales, lo que se repitió después de elecciones de 2024, en diciembre de 2025 y enero de 2026
Tras la juramentación de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez como presidenta encargada y la publicación del Decreto de Estado de Conmoción N.º 5.200, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.954 el 3 de enero de 2026, han circulado varias viejas desinformaciones como la cadena engañosa sobre la responsabilidad legal de administradores de grupos de Whatsapp o que se “grabarán todas las llamadas y redes sociales desde mañana” que circula desde 2021.
Ahora circula una presunta nueva resolución de la Policía de Sucre del estado Miranda, que le prohíbe a los funcionarios la revisión de teléfonos celulares. Esta petición llegó a nuestro chatbot La Tía del WhatsApp, que también se encuentra en Telegram, pero es falso.
El propio organismo de seguridad lo desmintió en sus redes sociales, aunque sí ha habido diversas denuncias de revisión de celulares después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026.
Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.
Las dos variantes de la cadena
En la más popular de las versiones, encontradas en X, Threads (donde alcanzó más de 250 mil visualizaciones) y Facebook, así como por Whatsapp, se asegura que “queda estrictamente prohibido que el personal solicite, retenga o revise el contenido de lo dispositivos móviles (celulares o tabletas digitales) a los ciudadanos mediante la revisión corporal en las diferentes actividades que se realizan en los servicios de patrullaje” con fecha del 13 de enero de 2026, y presuntamente firmado por el General de División Larrys Miguel Gil Rattis, Director General de la policía del municipio Sucre, en circular 001-01-2026.
Otra versión, en este caso de Instagram, del perfil Venezolanos en South Carolina, habla de una presunta resolución 0316-2024 (por tanto no reciente) del Ministerio, pero una búsqueda simple en Google y la web del ministerio no arrojó ningún resultado. En la mañana del 15 de enero de 2026 también publicó, como si fuese verdadera, la versión falsa de PoliSucre.
Desmentido oficial
Y aunque Gil Rattis sí es director general de Polisucre, este organismo desmintió la veracidad de este documento en su cuenta de Instagram, a las 8 de la noche del 14 de enero de 2024, alegando que es un documento forjado y cuyo contenido no refrendan como emanado de la institución ni del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Una revisión de la web de este organismo al mediodía del 15 de enero de 2026 y en su sección de noticias no muestra ninguna información sobre esta presunta resolución. La única mención cercana es una declaración de Delcy Rodríguez, sobre haber recibido una propuesta de Ley de Ciberseguridad de parte de la nueva Asamblea Nacional que inició funciones el 5 de enero de 2026.
Resolución sí existe pero es de 2022
Como dijimos en un chequeo anterior, sobre la falsa prohibición de alcabalas, en 2022 los ministerios de Defensa y Relaciones Interiores sí emitieron una resolución (Gaceta Oficial n.º 42.458) para regular las alcabalas. Esta sí prohíbe a ciertos cuerpos de seguridad instalarlas, permite grabar los procedimientos y exige a los funcionarios identificarse y actuar sin extorsionar. El objetivo era reducir abusos y aumentar la transparencia.
Sin embargo, la efectividad de la resolución es incierta. Aunque reafirma derechos como la libertad de expresión, las denuncias continúan.
Según la ONG Acceso a la Justicia, la resolución es un texto viciado por carecer de sustento en una ley superior. Aunque busca normar estos puntos de control y proteger derechos como el libre tránsito, su origen administrativo infringe la jerarquía normativa, evidenciando una práctica del Ejecutivo de legislar por vías inadecuadas.
Aún así, Acceso a la Justicia señala que la legislación incluye aspectos positivos: prohíbe a funcionarios exigir «apoyos económicos», permite grabar procedimientos y limita a ciertos cuerpos de seguridad instalar alcabalas. Sin embargo, su falta de anclaje legal y la débil aplicación en la práctica reducen su efectividad, dejando sin resolver la inseguridad jurídica y los abusos persistentes, lo que lo convierte en un esfuerzo insuficiente ante un problema estructural.
Las denuncias de revisión de celulares también se registraron en diciembre de 2025 y después de las elecciones presidenciales de 2024 e incluso en 2021, como recordó la ONG Espacio Público en un reciente explicador de enero de 2026.
Recomendaciones de Espacio Público
En caso de que algún funcionario de seguridad pida revisar su equipo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Pida la orden judicial que permita la revisión. Si no hay una entrega de la misma, tome nota del nombre del funcionario y el cuerpo al que pertenece. Busque testigos del hecho.
- Ponga la denuncia ante el Ministerio Público. Puede ampararse en el artículo 48 de la constitución, descrito anteriormente.
- En caso de que le quiten el celular, evite dar la contraseña.
- Mantenga un respaldo de la información de su equipo.
- No guarde información confidencial por mucho tiempo en el celular.
- De ser posible, mantenga cifrada la información en el equipo.
- Utilice aplicaciones que permitan eliminar los mensajes automáticamente.
Conclusión
Una revisión de evidencias oficiales permitió encontrar, según nuestra metodología de verificación que no es cierto que la Policía de Sucre, del estado Miranda, haya publicado una nueva resolución que prohíbe la revisión de celulares, aunque sí ha habido denuncias de estas actividades ilegales por parte de funcionarios policiales y militares, especialmente a partir de la publicación del Decreto de Conmoción Exterior y que sí existe una resolución reguladora de las alcabalas, de parte de los ministerios de Interior y de Defensa, la misma es de 2022 y no de enero de 2026.
Ante la redifusión de contenido con el objetivo de desinformar, te invitamos a consultar a la Tía del WhatsApp, que también puedes contactar en Telegram, para verificar los contenidos antes de difundirlos.