El 8 de septiembre de 2025 el expresidente ecuatoriano Rafael Correa entrevistó a Nicolás Maduro en su programa en el canal RT (anterior Russia Today),. En esa conversación, Maduro negó la presencia del narcotráfico en Venezuela, habló de bases militares de EE. UU. en Colombia y responsabilizó a navieras ecuatorianas por el tráfico de cocaína, asegurando además que habían desarticulado totalmente al Tren de Aragua. Por su parte, Correa dio por verdadera la cifra de 8,1 millones de milicianos enlistados.

En un trabajo colaborativo junto a los colegas verificadores de ColombiaCheck y Lupa Media (Ecuador), publicamos este chequeo, y en esta segunda nota expandimos la verificación de cuatro frases, tres de Maduro y una de Correa, cumpliendo con la metodología de Cocuyo Chequea.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

FALSO: “Venezuela es un país libre, completamente libre del fenómeno del narcotráfico. Libre. Aquí no hay una hectárea, una hectárea sembrada de plantaciones de hojas de coca. No hay laboratorios de cocaína”. 

Si bien el gobierno venezolano ha realizado operaciones de incautación de droga, confiscando 356 toneladas de drogas (cocaína, marihuana, heroína y otras sustancias) entre los años 2017 y 2025, una investigación de agosto de 2025 del Insight Crime (y actualizada en septiembre) comprueba que grupos paramilitares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han usado territorios de estados fronterizos, sobre todo Amazonas, pero también Zulia y Apure, para producir y traficar cargamentos de drogas hacia el mercado global.

Asimismo, otra investigación de Insight Crime de febrero de 2024 comprobó que esos mismos grupos paramilitares (ELN y disidencias de la FARC), impulsaron la producción de cocaína en el estado Zulia, Venezuela, en la frontera norte con Colombia, estado que originalmente era usado por estos grupos sólo para el tráfico de drogas. 

Además, sólo en el año 2024 se usó Venezuela como ruta de tránsito para el 24% de la producción global de cocaína, lo que generó unos 8.236 millones de dólares de ingreso bruto al país, según otra investigación de la oenegé Transparencia Venezuela.

Así mismo, el medio de investigación Armando.info explica en una investigación del año 2023 que Venezuela al ser país vecino de Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, es una pieza clave para el tránsito de esta droga, convirtiéndose también en “un centro de procesamiento, con laboratorios de droga ocultos en la selva, donde se produce una gran cantidad de cocaína destinada a los mercados internacionales”. En enero de 2022 una investigación publicada en El País de España reveló que se identificaron 41 pistas ilegales del ELN y las Farc para traficar drogas desde Venezuela.

Esto se corresponde también con la versión oficial brindada en diciembre de 2022 que aseguró que funcionarios del Ejército venezolano habían destruido 61 laboratorios de drogas en zonas fronterizas con Colombia.

DUDOSO: “Venezuela fue declarada por Naciones Unidas el 2016, me parece, territorio libre de cultivos ilícitos” y “No hay ni una hectárea de marihuana”

Aunque Venezuela formó parte del informe del año 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), en este no se declara como “territorio libre de cultivos ilícitos”. 

En la página 65 del informe, se afirma que Venezuela representó aproximadamente el 7% de las incautaciones de cocaína de la región entre los años 1998 y 2014, período en el que “La cantidad total de cocaína incautada aumentó a más del doble en América del Sur (…) (alcanzando las 392 toneladas en 2014)”, según la traducción en Google Translate.

Además, en la tabla de datos de este informe del año 2016, sobre la erradicación acumulada reportada de plantaciones de cocaína entre los años 2006-2014, ubicada en la página V del Anexo, Venezuela no posee datos al respecto, lo que indica que no hubo informes gubernamentales y no que el país sea un territorio libre de plantaciones de drogas, sino que informó oficialmente haber eliminado ninguna plantación de coca. 

Lo mismo ocurre con la tabla de datos sobre la erradicación de opioides entre los años 2005 a 2015, ubicada en la página XIII del Anexo, cuyo único dato oficial es del año 2005, en la que se evidencia que existían 154 hectáreas de plantaciones de opioides. 

En contraparte, en el año 2014 se desmantelaron cinco laboratorios de producción de droga con 3.17 toneladas de cocaína, “uno de los mayores decomisos en los últimos años”, según reseña Reuters. Para finales de ese mismo año las incautaciones de droga superan los 30 millones de toneladas, entre cocaína, marihuana y estupefacientes, como informó Diario Las Américas sobre declaraciones del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana.

Además, en el mismo año 2016, una investigación de RunRun.es comprobó que los estados venezolanos Apure, Zulia, Mérida y Anzoátegui se convirtieron en los principales puntos de narcotráfico, ante el reforzamiento de medidas de control de vuelos ilícitos en países de Centroamérica.

Sobre la presencia de cultivos de marihuana, reportes oficiales del Ejército venezolano ponen en duda su inexistencia absoluta. Tan recientemente como octubre de 2024, el propio gobernador del Táchira, Freddy Bernal, publicó en su página web una nota de la Guardia Nacional sobre la destrucción de un sembradío de marihuana con 30 plántulas.

INCHEQUEABLE: Rafael Correa: “Se llamó un alistamiento para las milicias populares, 8 millones de enlistados”.

Desde su creación en 2005, el cambio de nombre en 2009 a Milicia Bolivariana y su transformación en 2019 para darle rango constitucional como parte de las Fuerzas Armadas Nacionales, no se han conocido cifras auditables ni independientes sobre el número de venezolanos que conforman la Milicia Bolivariana.

Y aunque el Mayor General Orlando Ramón Romero Bolívar fue nombrado en octubre de 2024 como su nuevo Comandante General y además se ha reunido con su Estado Mayor durante 2025, la Milicia no posee una Academia Militar propia, mientras la mayoría de sus cuerpos combatientes están compuestos por trabajadores de los distintos entes y organismos públicos.

Durante diversos actos se ha hablado de su importancia en la defensa territorial, al estar distribuida en todas las ciudades y pueblos del país, incluyendo las zonas rurales del país con la Milicia Rural, lo que permitiría una estrategia descentralizada en caso de incursiones extranjeras. Aunque también se ha documentado como con funcionas más políticas, como la vigilancia vecinal, la represión a la disidencia y la lealtad partidista.

Así mismo, anteriormente se han dado cifras inverificables del número de venezolanos que conforman la Milicia Bolivariana, desde 2 millones a principios de 2019 cuando también hubo un conflicto diplomático con el entonces presidente Donald Trump (1, 2, 3), hasta los 3,3 millones para diciembre de 2019. Entonces se habló de llegar a 4 millones “para 2020”.

No obstante, el sitio especializado Global Fire Power estima que en Venezuela el pie de fuerza está conformado por 220 mil “paramilitares” (que corresponderían a la Milicia Bolivariana), 109 mil militares activos y 8 mil en reserva. 

Sin embargo, tampoco hay acceso a datos que permitan revisar estas cifras del tamaño de las fuerzas armadas, como reveló un reportaje de DW en agosto de 2024, en la cual se consultó a la ONG Control Ciudadano (especializada en monitorear las Fuerzas Militares de Venezuela) y en la que José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, también arrojó una cifra de 200 mil milicianos, añadiendo además que actuarían más para ejercer “control político” que en defensa militar.

FALSO: “Exterminamos a ese grupo local llamado Tren de Aragua que ahora lo convierte en un mito”

Los señalamientos sobre vinculaciones del gobierno de Venezuela con la megabanda transaccional Tren de Aragua, han llevado a personeros del Ejecutivo a señalar que no existe dicha banda criminal que tiene bases de operaciones en países de América, incluyendo Estados Unidos, pero esto está lejos de la realidad. 

A pesar del operativo masivo en la cárcel de Tocorón en septiembre de 2023, que era el principal centro de operaciones del Tren de Aragua, el gobierno venezolano evitó nombrar a la banda directamente. Según el entonces ministro Remigio Ceballos, la operación era simplemente contra “bandas criminales” que operaban dentro de la prisión.

Aunque el gobierno afirmó haber desmantelado la presencia de grupos delictivos en Tocorón, el despliegue de 11.000 funcionarios no logró la captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, el líder del Tren de Aragua. Hasta la fecha, “Niño Guerrero”, quien ejercía control total sobre la prisión, sigue prófugo.

A pesar de que el gobierno de Venezuela niega la operación del Tren de Aragua en territorio venezolano, un informe de Transparencia Venezuela titulado “La red criminal que desafía fronteras”, publicado en 2024, señala lo contrario. El documento explica que la cárcel de Tocorón era un «centro de coordinación y dirección de la estructura criminal” y que incluso después de las operaciones gubernamentales de 2023, la banda sigue desafiando la seguridad en el país.

Transparencia Venezuela explica que una de las fuentes de ingreso del Tren de Aragua es la extorsión a migrantes venezolanos, a quienes la banda trata como una “fuente de mano de obra”. El grupo opera como “coyotes” y utiliza un sistema de «agencias de viajes» para cobrar por paquetes de viaje con precios que van de 1.000 a 10.000 dólares. También aseguran que el grupo sigue dedicándose a la extorsión, asesinatos, minería ilegal, secuestro, robo con violencia y lavado de dinero. 

La investigación sostiene que el Tren de Aragua adoptó un modelo de “franquicias” y que mediante este sistema, otras bandas criminales locales, en el país y otros países, pueden usar la “marca” del Tren de Aragua a cambio de un pago, lo que les permite expandir su alcance y mantener una estructura descentralizada. 

El caso de Gabriel Sarmiento  sirve como un ejemplo claro del poder y el alcance del Tren de Aragua en el país. A finales de mayo, este joven programador usó su cuenta de TikTok para denunciar un caso de corrupción policial y sus vínculos directos con esta banda criminal y con el Tren del Llano, una de sus filiales. Menos de un mes después, el 23 de junio, Sarmiento fue asesinado a tiros en su casa mientras transmitía en vivo.

Justo antes de su muerte, había mencionado haber recibido amenazas del Tren de Aragua. A pesar de que la Fiscalía abrió una investigación, no mencionó a la banda por su nombre, sino que se refirió a los responsables como un «Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada» (Gedo), un término que prefiere utilizar el Estado para evitar hacer mención a grupos delictivos como el Tren de Aragua, la extinta megabanda de alías El Koki, entre otros. 

El caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda es otro claro ejemplo de los «tentáculos» del Tren de Aragua, esta vez en el extranjero. Ojeda, quien tenía estatus de refugiado político en Chile, fue secuestrado en su propio apartamento el 21 de febrero y su cuerpo sin vida fue hallado diez días después.

La Fiscalía chilena sostiene que la evidencia apunta a un crimen por encargo. Un testigo protegido declaró que la orden y el pago por el asesinato provienen del alto funcionario venezolano Diosdado Cabello, con la instrucción directa al líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero, alias el «Niño Guerrero».

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