El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este 18 de marzo una licencia general que autoriza de manera amplia a entidades estadounidenses establecidas la realización de diversos tipos de transacciones con Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y sus filiales, pero con ciertas limitaciones.
El texto precisa que, bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos colabora con el Gobierno encargado de Venezuela para reabrir y restaurar el sector energético venezolano.
Esta licencia beneficia a ambos países. Al mismo tiempo, apoya el mercado energético mundial porque incrementa la oferta de petróleo disponible. Asimismo, incentiva nuevas inversiones en el sector energético de Venezuela.
La medida representa un paso clave tras las sanciones vigentes desde 2019. Venezuela produce alrededor de 1,05 millones de barriles diarios de petróleo a inicios de marzo, cifra superior a los 878.000 barriles diarios de enero.
Las exportaciones para este mes se proyectan en 900.000 barriles por día. Una portavoz del Tesoro declaró que la licencia beneficia a Estados Unidos y a Venezuela, apoya el mercado global mediante el aumento de la oferta de petróleo y contribuye a incentivar inversiones nuevas en el sector energético venezolano.
Lo que hay que saber
El analista Orlando Viera-Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá y experto en derecho internacional, detalló las implicaciones de la Licencia General 52. La autorización solo aplica a entidades estadounidenses establecidas antes del 29 de enero de 2025.
Además, los contratos deben regirse por la ley de Estados Unidos y prever resolución de disputas en tribunales estadounidenses. Cualquier pago destinado a personas bloqueadas no se entrega directamente.
En cambio, se canaliza hacia fondos controlados por el Departamento del Tesoro, como los Foreign Government Deposit Funds. Esta estructura abre una ventana para actividades petroleras de producción, mantenimiento y servicios, pero bajo un esquema de custodia financiera estricta.
La licencia no levanta las sanciones estructurales. Permanece prohibida toda transacción con deuda soberana o de PDVSA, incluidas bonos y reestructuraciones. También se mantienen vedadas las operaciones que involucren financiamiento o mercado de capitales, así como la venta, cesión o pignoración de activos estatales o participaciones en la estatal petrolera.
No habilita pagos libres al gobierno chavista, porque los flujos quedan bloqueados o supervisados. Desde el punto de vista estratégico, esta medida no normaliza el sector petrolero venezolano y crea un mecanismo controlado que permite actividad económica sin liberar recursos directos al Gobierno.
«En esencia, se trata de una licencia operativa condicionada: autoriza producir, pero impide disponer libremente de los ingresos o reestructurar pasivos. Para las empresas estadounidenses, reduce riesgos legales. Para Venezuela, limita el beneficio financiero inmediato», dijo Viera.