Las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela se vuelven a desatar, tras la decisión de entregar a Estados Unidos el Boing 747 Dreamliner de la aerolínea venezolano-iraní Emtrasur, ordenada por la justicia argentina a solicitud de la Corte del Distrito de Columbia.
El pasado miércoles 3 de enero, la justicia porteña anunció el decomiso solicitado por Estados Unidos del avión de la empresa Emtrasur Cargo, que llegó al país gaucho en junio de 2022, con tripulantes venezolanos e iraníes sospechosos de espionaje.
La medida fue adoptada por el juez federal Federico Villena en respuesta a la solicitud formulada en octubre de 2022 por una Corte en EE. UU., que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
La decisión de decomisar y entregar a Estados Unidos el avión Boeing 747-300 retenido fue adoptada con base en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso.
Ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y Estados Unidos, en virtud del cual ambos países “se comprometieron a brindarse asistencia mutua” y que incluye la “cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro”.
A continuación, presentamos seis claves sobre el caso que pone bajo la lupa las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela:
✈️Decisión Judicial
La Justicia argentina emitió una orden de decomiso del avión de Emtrasur Cargo solicitada por Estados Unidos, lo que ha generado una repercusión significativa en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
El juez federal Federico Villena fue el encargado de adoptar esta medida, respondiendo así a la solicitud presentada por la Corte del Distrito de Columbia estadounidense en octubre de 2022.
Esta solicitud se basaba en la investigación sobre posibles vínculos de la aeronave con el terrorismo internacional, llevando al avión Boeing 747 Dreamliner de carga a permanecer bajo custodia en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires desde su llegada en junio de 2022.
✈️Origen sospechoso de la tripulación
El avión, inicialmente propiedad de la empresa iraní Mahan Air, pertenece ahora a Emtrasur, una filial de la estatal Conviasa, ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
La tripulación, compuesta por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue detenida en un principio bajo sospecha de espionaje; aunque posteriormente el juez Villena los liberó debido a la falta de evidencia, pero la aeronave se encuentra en el centro de una disputa que involucra a actores de distintos países con intereses geopolíticos y comerciales en juego.
✈️Dictamen jurídico y compromiso estatal
La decisión de decomisar y entregar el avión a Estados Unidos se fundamentó en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó.
Ambos funcionarios respaldaron la procedencia de la petición de decomiso realizada por EE. UU. basándose en un tratado de asistencia mutua entre Argentina y Estados Unidos.
Incardona subrayó la imperatividad de cumplir con los compromisos asumidos por el estado Argentino al suscribir el tratado, destacando las posibles consecuencias de una acción contraria en términos de responsabilidad internacional.
✈️Reacción de Venezuela
El informe del ministerio público argentino generó una fuerte reacción por parte de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, que emitieron un comunicado el pasado 30 de diciembre expresando su rechazo a lo que consideraron un “secuestro ilegal” de la aeronave.
La representación de Venezuela argumenta que el tratado entre Argentina y EE. UU. no debería aplicarse a un tercer Estado, ya que esto iría en contra de las obligaciones asumidas en convenios multilaterales que establecen procedimientos específicos para resolver este tipo de controversias.
✈️Condena y desconfianza del gobierno de Maduro
El gobierno de Nicolás Maduro también condenó de manera categórica la decisión del juez argentino Federico Villena de confiscar el avión de la compañía Emtrasur.
En un comunicado, el Ejecutivo venezolano expresó su repudio a lo que consideran una decisión “servil a intereses imperiales”, acusando al estado argentino de someterse a los poderes del imperialismo estadounidense.
La representación de Maduro sostiene que esta acción “ilegal” demuestra la falta de independencia del estado argentino y crea una narrativa de desconfianza hacia las decisiones judiciales, especialmente cuando se trata de situaciones con connotaciones geopolíticas.
Además, el gobierno de Maduro alega que la decisión de la justicia argentina constituye una violación de diversos tratados internacionales, incluyendo el de Aviación Civil Internacional, el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Carta de Naciones Unidas, el Convenio Bilateral entre Argentina y Venezuela, y otros acuerdos relativos a la Navegación Aérea Internacional y Derechos Humanos.
✈️Advertencia y futuras acciones de la cancillería venezolana
Ante este escenario, la cancillería venezolana emitió una advertencia, declarando que tomará todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas para salvaguardar los derechos que le asisten.
Alertó a la comunidad internacional, especialmente a los países latinoamericanos, sobre posibles medidas ilegales que permitan el sobrevuelo y apoyo para consumar el decomiso, interpretándolas como actos hostiles.