El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, ordenó retomar la ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela, tras casi un año de haber sido aprobada en primera discusión.
Al finalizar la sesión ordinaria de este martes 9 de enero, Rodríguez instó a los diputados a incorporarse a la discusión pública del instrumento jurídico que será iniciada este viernes 12 de enero.
«Quiero informar y ordenar a los honorables diputados que se sumen al proceso de consulta que inicia el próximo día viernes de la ley ya aprobada en primera discusión, denominada ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines», instó Rodríguez.
En medio de los aplausos de los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Rodríguez subrayó que es deber de la AN consultar con los venezolanos el instrumento legal y especialmente con las organizaciones que están involucradas en los alcances de la ley, a fin de dar «una fructífera segunda discusión» para la sanción final.
¿Qué se dijo en la primera discusión?
El 24 de enero de 2023, el jefe de la fracción del Psuv, Diosdado Cabello, presentó el proyecto de ley de 17 artículos, bajo la premisa de que existen ONG venezolanas que son financiadas por países como Estados Unidos para desestabilizar al gobierno y era “hora de legislar” para frenarlo. Aseguró que las organizaciones dedicadas a la labor humanitaria no tenían nada que temer.
Entre las organizaciones, 62 en total, que Cabello dijo tener identificadas mencionó a Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y Más Ciudadanos, ligada a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Entre los artículos del proyecto de ley más denunciados por ONG venezolanas está el 15 que establece supuestos para que un juzgado pueda, mediante sentencia firme, ordenar la disolución definitiva de una ONG.
Tales supuestos son: Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos; realizar actividades políticas; promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República; cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana.
Se considera que el supuesto 3 tiene gran carga discrecional, puesto que estará sujeto a lo que el Gobierno considere que “atenta” contra la estabilidad nacional. Mientras la autoridad judicial decide la disolución de la ONG puede dictarse antes la suspensión de sus actividades previo procedimiento administrativo y dictarse medidas cautelares para evitar que el supuesto delito se siga cometiendo. El artículo 16 también contempla multas.
ONG como Acceso a la Justicia, Laboratorio de Paz y Civilis han denunciado que la ley, que ha estado «congelada» hasta ahora, tiene como objetivo la «persecución política», como parte de un «patrón de criminalización» de todo el que defienda derechos humanos en el país.
En marzo del año pasado, la diputada de 2020 (Psuv), Carmen Zerpa, integrante de la Comisión de Política Interior, comentó a Efecto Cocuyo que se había elaborado un cronograma nacional en la instancia que en ese entonces presidía Pedro Carreño (sustituido por Cabello en abril) y que se preparaban para ponerlo en marcha, sin precisar fechas. Desde entonces no se supo nada más del polémico instrumento legal.
Renunció otro diputado
Este martes, previo a la agenda legislativa, la plenaria aprobó la aceptación de la renuncia del diputado del Psuv por Yaracuy, Juan Manuel Díaz Ocariz, sin especificarse las razones de la dimisión.
A lo largo de 2023 fueron desincorporados tres diputados, dos principales y uno suplente) de sus cargos. El caso más destacado fue el del exministro Hugbel Roa, a quien se le levantó la inmunidad parlamentaria el pasado 25 de marzo, para que enfrente juicio por el escándalo de corrupción en Pdvsa.
Cabe recordar que en 2022, las diputadas Taína González y Jeikar Pérez Gómez se vieron envueltas en un escándalo por narcotráfico por lo que también quedaron fuera de la AN de 2020.