La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que las nuevas restricciones de asilo que impuso la administración de Joe Biden esta semana violan las normas y convenciones internacionales sobre este derecho.
«La orden ejecutiva se basa en la premisa confusa de que los no ciudadanos que crucen la frontera sur de manera irregular o sin autorización generalmente no podrán optar al asilo. El artículo 31 de la Convención sobre los Refugiados deja claro que es legal llegar como refugiado en busca de protección, pero al cerrar la frontera a todas las llegadas, la orden convierte la búsqueda de asilo en algo ilícito», dijo la ONG este miércoles 5 de junio.
Vicki B. Gaubeca, directora asociada de inmigración y política fronteriza de EE.UU. en Human Rights Watch, cuestionó la orden del gobierno porque permitirá expulsiones inmediatas y sin ningún tipo de audiencia a quienes llegan a Estados Unidos desde la frontera con México.
«Centrarse en cifras arbitrarias en lugar de hacerlo en los seres humanos que solicitan asilo en la frontera de EE.UU. ignora el daño potencial a las personas, familias y niños que podrían ser devueltos por la fuerza al peligro”, advirtió Gaubeca.
Recordó que aunque la restricción se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, esta misma norma cuentan con la protección que establece el instrumento una vez que las y los migrantes se encuentran en suelo estadounidense.
«Estas políticas han dado lugar a abusos generalizados, como ha documentado Human Rights Watch», recordó la ONG en sus críticas a la orden ejecutiva que anunció el presidente de Estados Unidos.
Cifras arbitrarias y medidas parecidas a las de Trump
Biden dijo, al anunciar las medidas, que estas acciones le permitirán a la Casa Blanca «poner orden en nuestra frontera».
Las expulsiones se aplicarán cuando haya más de 2.500 detenciones por día durante una semana, al tiempo que dejará de aplicarse si en ese mismo lapso bajan de 1.500, lo que HRW califica como «cifras arbitrarias».
Además, solo se tramitarán las solicitudes que se hacen por la aplicación móvil CBP One, que desde 2023 puso en marcha Biden y su equipo de Seguridad Nacional.
Para la ONG “esta política reproduce algunas de las medidas antiinmigrantes más duras de la administración anterior, aparentemente atendiendo al alarmismo contra los inmigrantes e impulsada por el deseo de parecer ‘duros en la frontera’ «.
Las personas que crucen la frontera sin documentación que exige EEUU sufrirán la expulsión en días o horas si no demuestran temor fundado de que corren riesgo de regresar a su país de origen.
«En lugar de contribuir al teatro político que suele ser el telón de fondo del ciclo de elecciones presidenciales de EE.UU., el gobierno de Biden debería centrarse en crear un enfoque equilibrado y respetuoso con los derechos para gestionar la frontera entre EE.UU. y México», señaló Gaubeca.