La ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Diva Guzmán, durante su intervención en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro ha mostrado avances en la garantía de derechos humanos para las mujeres. 

Durante su discurso, Guzmán destacó que “han sido 24 años de arduo trabajo para consolidar y favorecer la construcción de una sociedad democrática, participativa, paritaria y protagónica, cimentando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la historia de desigualdad de género y de las relaciones de poder sobre las mujeres que ha sido herencia fatídica del sistema capitalista y patriarcal”. 

La titular de la cartera de la Mujer denunció que las «medidas coercitivas unilaterales no solo constituyen un método de coerción política, sino que se ejecutan como instrumento neocolonizador y criminal que constituye un verdadero crimen de lesa humanidad y que impacta directamente en la vida y los derechos de las mujeres”. 

Durante su discurso, la ministra para la Mujer resaltó que el Gobierno chavista pulsa una ley de emprendimiento y un fondo para el acompañamiento donde las mujeres son el 70 % de personas inscritas. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha concluido este jueves el examen del noveno informe periódico de Venezuela. 

Durante la presentación del informe, se discutieron distintos puntos como la participación de las mujeres en la vida pública, la protección ante los feminicidios, campañas de concienciación, la trata de personas durante el proceso migratorio y las condiciones del sistema sanitario.  

Participación 

La ministra destacó que, en lo que se refiere a la educación, las mujeres representan el 54% de los estudiantes de asignaturas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, y el 50% de los investigadores científicos, unos datos por los que fueron felicitados por el Comité. 

A nivel legislativo, la experta del Comité y relatora para Venezuela, Leticia Bonifa, expresó su satisfacción por el número de leyes promulgadas desde 2021. Ante la pregunta de si se está trabando en alguna legislación penal en la cuestión de género, la delegación destacó que el Estado estableció el delito de feminicidio y feminicidio agravado.  

Diva Ylayaly Guzmán añadió que “todos los jueces y los funcionarios públicos reciben formación con perspectiva de género.  En todo el país, la justicia de género está garantizada con tribunales especializados, lo que significa que todas las mujeres víctimas de violencia tienen acceso a la justicia”. 

Un experto del Comité expresó su tristeza por los informes sobre trata de venezolanas migrantes y prostitución, y preguntó a la delegación por qué no se ha publicado el plan de acción nacional contra la trata y qué están haciendo las autoridades para combatir a los grupos delictivos y para ofrecer asistencia a sus ciudadanos en caso de que sean explotados.  

La delegación estuvo de acuerdo con que Venezuela se enfrenta a un gran reto migratorio, lo que deja a las mujeres expuestas a caer en manos de organizaciones criminales y a ser sometidas a tortura sexual y esclavitud.  

En este sentido, la jefa de la delegación confirmó que se han creado órganos de investigación centrados en la trata de personas, y hay una comunicación continua con organismos como Interpol, con el que trabaja para asegurar que las víctimas puedan volver al país a tener una vida digna. Además, mantienen una comunicación adecuada con los países a los que viajan los migrantes. 

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