Los abogados de los seis dirigentes sindicales venezolanos, condenados recientemente a 16 años de prisión, introdujeron un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Caracas este 4 lunes de septiembre.
Los defensores de Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez han dejado en claro que rechazan la decisión de la jueza del Tribunal 2° de terrorismo, Grendy Duque, sobre la encarcelación de los sindicalistas.
“Existen una cantidad de motivos expresados en la ley que nos dan el derecho de reclamar la nulidad del juicio por falta de pruebas. Realmente se basaron en el informe de contrainteligencia, que es un documento que recoge información de fuentes abiertas y cerradas”, dijo el abogado Rafael Alberto Mamoine a Efecto Cocuyo, en conversación telefónica.
Agregó que la fuente de datos del informe era un testigo que no se presentó en el juicio. Indicó que el texto recoge información no verificada como, por ejemplo, un presunto “financiamiento del exterior”.
“Pero en ningún lado se verificó que existiesen transferencias o alguna forma de financiamiento. Eso no existe”, dijo Mamoine.
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Un juicio sin pruebas
El 1 de agosto el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) reportó que el tribunal sentenció a los dirigentes sin una sola prueba consistente.
“Una condena arbitraria de “conspiración” por presuntas capturas de WhatsApp. El único testigo de la denuncia NUNCA se presentó en 1 año y 2 meses”, apuntó la ONG.
Mamoine expresó que el informe de contrainteligencia se apoyó también en un post de la red social X.
“No existen ni los videos ni las fotografías. Solo existe un funcionario que declaró que él había detectado un tuit a través de un patrullaje del ecosistema digital, que le había llamado la atención y que lo había reportado”, comentó el abogado. “Por lo tanto, carece de sustento tanto el informe como la sentencia”, puntualizó.
Mamoine apuntó que la pena de 16 años es “infame”, por lo que seguirán “recorriendo el camino de la Constitución” y expresó que los defensores y los detenidos cuentan con el apoyo de la comunidad internacional.
“Estamos exigiendo justicia, no pidiendo favores”, dijo. “El paso siguiente es que el Ministerio Público obtenga las copias de los recursos de apelación y pase a contestar, que el expediente se envíe a la Corte de Apelaciones y entonces vayamos a una audiencia”.
“Condena brutal” dicen ONG
Organizaciones no gubernamentales se han pronunciado desde inicios de agosto y tachan la condena de “brutal”. Tras conocerse la sentencia, la plataforma unitaria democrática y varios de los candidatos a las primarias del 22 de octubre la rechazaron.
El sector público insiste en que no dejará de protestar hasta que los dirigentes sean liberados. Defensores de derechos humanos denuncian que se trata de un patrón de amedrentamiento y detenciones arbitrarias, habitual en el gobierno de Nicolás Maduro.
“Las condenas y arrestos no son las únicas medidas de las autoridades nacionales para sofocar al movimiento sindical. El 13 de junio de 2023 el Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Bolívar decretó una medida cautelar innominada, por solicitud de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que les restringe a 22 trabajadores de Sidor el ejercicio de sus derechos a huelga y a la libertad de expresión”, recordó Acceso a la Justicia.