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El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, reiteró nuevamente el llamado a las autoridades venezolanas a liberar ”de manera inmediata» a las personas privadas de libertad de manera arbitraria.

En su informe de actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, presentado este martes 21 de marzo, el funcionario alertó sobre cinco muertes ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad desde julio de 2022.

Aunque no usó el término de “ejecuciones extrajudiciales”, la oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU ha advertido sobre este práctica en el país.

«Tomé nota de los compromisos durante mi visita para investigar con inmediatez los casos de muertes, torturas y otras formas de maltrato, espero que lleguen los resultados de estas investigaciones (…) Las víctimas y sus familias merecen el derecho a la reparación y las garantías de no repetición», subrayó.

De acuerdo con el balance que ofreció Türk, su oficina ha hecho 23 visitas al terreno y ha tenido acceso a 60 centros de detención. “Al menos 312 personas han sido puestas en libertad gracias a la constante labor de defensa, inclusive por parte de mi oficina”, dijo.

Alto comisionado preocupado por Ley Antiong y medios

También se mostró preocupado por la llamada “Ley Antiong” que promueve la Asamblea Nacional de mayoría chavista: “Los defensores de derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización. Seis líderes sindicales han sido detenidos desde hace nueve meses por cargos de conspiración y asociación criminal”.

“Me preocupan las restricciones a medios de comunicación y la presentación de un proyecto de ley reciente para reglamentar a las ONG”, declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Así mismo, el Alto Comisionado exhortó al Estado venezolano a velar por la protección de los pueblos indígenas frente al extractivismo que ocurre en sus territorios.

Levantamiento de sanciones

El funcionario también se refirió a las medidas coercitivas que se mantienen contra Venezuela y que afectan áreas vitales para la economía como la petrolera.

“Insto de nuevo a levantar las sanciones sectoriales que han exacerbado desafíos preexistentes”, manifestó.

Reconoció como un “paso significativo” la anulación de la disposición contenida en un artículo del Código Orgánico de Justicia Militar que imponía penas de prisión de 1 a 3 años a militares homosexuales.

El Alto Comisionado para los DDHH también reconoció como una buena señal la reanudación de la carta de entendimiento que le permite a su oficina continuar el trabajo en terreno por dos años más: «Es bien recibida».