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La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 105 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en Venezuela durante el mes de enero de 2023.

«Continúa la Política de Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al espacio cívico y democrático, especialmente ante los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales», dice el informe presentado este lunes 6 de marzo.

El CDJ señala que se observa en enero un aumento de la violencia institucional en contra de las personas y organizaciones defensoras, «al calificarlas de enemigas, traidoras, desestabilizadoras», mientras se acrecienta también el marco normativo restrictivo para dificultar aún mas sus labores en un entorno «ya adverso y hostil».

Reflejó la ONG la presencia de varios patrones de agresión: 68 estigmatización, 25 Intimidación y hostigamiento, 10 amenaza, 1 detención arbitraria y 1 ataque digitales.

También reiteraron que la defensa, exigencia y promoción de los derechos en el país, en un contexto generalizado de violaciones de derechos humanos, emergencia humanitaria e impunidad son esenciales y necesarias y no deben ser criminalizadas u obstaculizadas de forma arbitraria y discrecional.

Ley de Fiscalización y Control de las ONG

La organización recordó que el mes de enero se vio marcado por la presentación y aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Control de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines en la Asamblea Nacional.

Inidan que a partir de este hecho y una serie de amenazas televisadas o emitidas en redes sociales, «se observó un aumento de los patrones de ataque y un aumento de los riesgos para todos los actores que defienden, exigen y promueven derechos en el país».

«El texto se caracteriza por tener una redacción ambigua e imprecisa, lo cual incrementa el riesgo de ser interpretada con un amplio campo de discrecionalidad», añaden

Por otra parte, indican que «el avance de aprobación de esta propuesta de Ley es una amenaza para la sociedad civil venezolana y para toda persona que desee ejercer el derecho a la libertad de asociación, con posibles consecuencias graves para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos».

Claves del  proyecto de Ley que busca “regular” a las ONG en Venezuela

El Centro para los Defensores y la Justicia refiere en su informe que en distintas plataformas digitales, medios de comunicación y espacios institucionales como las sesiones parlamentarias se realizaron señalamientos criminalizando la defensa, exigencia y promoción de derechos, mediante campañas sistemáticas de desprestigio en contra de organizaciones no gubernamentales».

La ONG indicó que el 50 % de los victimarios fueron los funcionarios públicos, principalmente diputados y miembros del Ejecutivo, el 29 % fueron medios de comunicación afines al oficialismo, 17 % personas o agrupaciones «afecta a los intereses políticos del Estado», 3 % instituciones públicas y 1 % organismos de seguridad.

Puede conocer el informe completo aquí