A poco más de un mes de aprobarse en primera discusión, la Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela, en la Asamblea Nacional (AN) de 2020, aún no comienza su consulta pública.
El polémico texto legal de 17 artículos, presentado por el jefe del Bloque de la Patria en el Parlamento, Diosdado Cabello, en la cámara, sin pasar previamente por la Comisión de Política Interior, señala en el artículo 15 que un juzgado puede ordenar la disolución definitiva de una ONG si determina que realiza actividades políticas y promueve o permite “actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”.
La diputada de 2020 (Psuv), Carmen Zerpa, integrante de la Comisión de Política Interior, comentó a Efecto Cocuyo que se elaboró un cronograma nacional en la instancia que preside Pedro Carreño y que se preparan para ponerlo en marcha, sin precisar fechas.
Se espera que la consulta se haga de forma presencial y vía Internet, para lo cual, la AN debe colgar en su página web el proyecto de ley aprobado en primera discusión, lo cual no ha ocurrido. Diputados como Miguel Salazar de la Alianza Democrática admitieron que ningún parlamentario conocía la ley antes de que Cabello la introdujera en la Cámara.
Más de 100 ONG están alertas ante la aprobación del proyecto de ley que califican como “represivo” y “totalitario” por cuanto, afirman, no busca regular a este sector sino criminalizar la labor por los derechos humanos en Venezuela. Igualmente advierten que pone en riesgo la ayuda humanitaria a los sectores más vulnerables.
En el articulado se establecen multas de 50 petros y un máximo de 200 petros (50 por cada falta cometida) a las ONG que incurran en faltas administrativas previstas en el texto, tales como la no inscripción en un registro nacional que será creado para las Organizaciones. Se ha alertado que las sanciones administrativas son “confiscatorias” y que los numerosos requisitos para las ONG están diseñados para no poderse cumplir.
La propuesta de ley debe pasar por la fase de consulta pública antes de ser sancionada por el Parlamento con mayoría del chavismo. Uno de los argumentos de Cabello al proponer el instrumento legal fue que existen ONG que “conspiran” contra el gobierno de Nicolás Maduro, tras una “fachada” de ayuda humanitaria y defensa de DDHH.
El diputado Juan Carlos Alvarado (Copei judicializado), también miembro de la Comisión de Política Interior indicó que en la consulta pública se hará por sectores y por territorios a través de los Consejos Legislativos y las Cámaras Municipales de todo el país y que serán incluidos todos los actores interesados como ONG, asociaciones civiles y fundaciones, para que sea “lo más amplia y profunda posible”. Acotó que habrá una “guía instructiva” para el despliegue de la consulta.
Las consultas públicas que realiza la AN son criticadas por llevarse a cabo solo en espacios progobierno como las Comunas, los Consejos Comunales y las estructuras de base del Psuv. Alvarado aseguró que la Alianza Democrática participará activamente en el debate a través de la representación de los distintos partidos que la conforman en las regiones.
Alvarado señaló a Efecto Cocuyo que el objetivo de la legislación no debe ser la persecución contra las ONG pero sí está de acuerdo con que deben rendir cuentas sobre los recursos que reciben, sobre las fuentes de financiamiento y en qué invierten el dinero.
“Todas aquellas figuras jurídicas que existan en Venezuela deben rendir cuentas. Si es en el ánimo de regular la actuación, de verificar el financiamiento y lo que se termina haciendo con él y que esto se vea reflejado en una rendición de cuentas. Esperamos que esta ley no se convierta en un método para perseguir, cercenar el pensamiento distinto”, expresó.
Alvarado también dijo esperar que la labor humanitaria importante que realizan ONG como Cáritas, en beneficio de la población vulnerable, no encuentre trabas en la ley para su normal funcionamiento porque los perjudicados será la gente más necesitada. Instó a las ONG a participar en el debate para realizar sus aportes y destacó que la Alianza Democrática se ofrecerá como enlace con la AN de 2020 para que sean tomadas en cuenta.
“Estas ONG pueden seguir cumpliendo un rol importantísimo, las que no estén partidizadas y politizadas, porque hay organizaciones de maletín que solo se han aprovechado de los recursos para lucrarse y desestabilizar, eso hay que tratar de evitarlo porque es desviar la atención de lo que debe ser el espíritu de una ONG”, sostuvo.
Las ONG señalan que no han sido contactadas por la AN de 2020 para la consulta de dicha ley y alertaron que mientras este texto legal se “cocina”, la Comisión de Política Exterior aprobó la Ley de Cooperación Internacional con repercusiones negativas para las ONG, por cuanto en su artículo 26 establece medida de suspensión o disolución definitiva para las ONG que se considere soliciten o promuevan sanciones internacionales contra el país.
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A poco más de un mes de aprobarse en primera discusión, la Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela, en la Asamblea Nacional (AN) de 2020, aún no comienza su consulta pública.
El polémico texto legal de 17 artículos, presentado por el jefe del Bloque de la Patria en el Parlamento, Diosdado Cabello, en la cámara, sin pasar previamente por la Comisión de Política Interior, señala en el artículo 15 que un juzgado puede ordenar la disolución definitiva de una ONG si determina que realiza actividades políticas y promueve o permite “actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”.
La diputada de 2020 (Psuv), Carmen Zerpa, integrante de la Comisión de Política Interior, comentó a Efecto Cocuyo que se elaboró un cronograma nacional en la instancia que preside Pedro Carreño y que se preparan para ponerlo en marcha, sin precisar fechas.
Se espera que la consulta se haga de forma presencial y vía Internet, para lo cual, la AN debe colgar en su página web el proyecto de ley aprobado en primera discusión, lo cual no ha ocurrido. Diputados como Miguel Salazar de la Alianza Democrática admitieron que ningún parlamentario conocía la ley antes de que Cabello la introdujera en la Cámara.
Más de 100 ONG están alertas ante la aprobación del proyecto de ley que califican como “represivo” y “totalitario” por cuanto, afirman, no busca regular a este sector sino criminalizar la labor por los derechos humanos en Venezuela. Igualmente advierten que pone en riesgo la ayuda humanitaria a los sectores más vulnerables.
En el articulado se establecen multas de 50 petros y un máximo de 200 petros (50 por cada falta cometida) a las ONG que incurran en faltas administrativas previstas en el texto, tales como la no inscripción en un registro nacional que será creado para las Organizaciones. Se ha alertado que las sanciones administrativas son “confiscatorias” y que los numerosos requisitos para las ONG están diseñados para no poderse cumplir.
La propuesta de ley debe pasar por la fase de consulta pública antes de ser sancionada por el Parlamento con mayoría del chavismo. Uno de los argumentos de Cabello al proponer el instrumento legal fue que existen ONG que “conspiran” contra el gobierno de Nicolás Maduro, tras una “fachada” de ayuda humanitaria y defensa de DDHH.
El diputado Juan Carlos Alvarado (Copei judicializado), también miembro de la Comisión de Política Interior indicó que en la consulta pública se hará por sectores y por territorios a través de los Consejos Legislativos y las Cámaras Municipales de todo el país y que serán incluidos todos los actores interesados como ONG, asociaciones civiles y fundaciones, para que sea “lo más amplia y profunda posible”. Acotó que habrá una “guía instructiva” para el despliegue de la consulta.
Las consultas públicas que realiza la AN son criticadas por llevarse a cabo solo en espacios progobierno como las Comunas, los Consejos Comunales y las estructuras de base del Psuv. Alvarado aseguró que la Alianza Democrática participará activamente en el debate a través de la representación de los distintos partidos que la conforman en las regiones.
Alvarado señaló a Efecto Cocuyo que el objetivo de la legislación no debe ser la persecución contra las ONG pero sí está de acuerdo con que deben rendir cuentas sobre los recursos que reciben, sobre las fuentes de financiamiento y en qué invierten el dinero.
“Todas aquellas figuras jurídicas que existan en Venezuela deben rendir cuentas. Si es en el ánimo de regular la actuación, de verificar el financiamiento y lo que se termina haciendo con él y que esto se vea reflejado en una rendición de cuentas. Esperamos que esta ley no se convierta en un método para perseguir, cercenar el pensamiento distinto”, expresó.
Alvarado también dijo esperar que la labor humanitaria importante que realizan ONG como Cáritas, en beneficio de la población vulnerable, no encuentre trabas en la ley para su normal funcionamiento porque los perjudicados será la gente más necesitada. Instó a las ONG a participar en el debate para realizar sus aportes y destacó que la Alianza Democrática se ofrecerá como enlace con la AN de 2020 para que sean tomadas en cuenta.
“Estas ONG pueden seguir cumpliendo un rol importantísimo, las que no estén partidizadas y politizadas, porque hay organizaciones de maletín que solo se han aprovechado de los recursos para lucrarse y desestabilizar, eso hay que tratar de evitarlo porque es desviar la atención de lo que debe ser el espíritu de una ONG”, sostuvo.
Las ONG señalan que no han sido contactadas por la AN de 2020 para la consulta de dicha ley y alertaron que mientras este texto legal se “cocina”, la Comisión de Política Exterior aprobó la Ley de Cooperación Internacional con repercusiones negativas para las ONG, por cuanto en su artículo 26 establece medida de suspensión o disolución definitiva para las ONG que se considere soliciten o promuevan sanciones internacionales contra el país.