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Ha pasado más de un año desde que el gobierno de Nicolás Maduro creo la Comisión para la Revolución Judicial, instancia que tenía como principal enfoque terminar con el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país y acabar con el retardo procesal.

La Comisión fue creada por el propio Maduro el 21 de junio de 2021, y en sus primeros días se conoció que se otorgaron libertades. Pero hasta este 27 de julio, se desconoce cuál fue el resultado del trabajo hecho por la Comisión.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Una Ventana a la Libertad (Uval), dos organizaciones que defienden los derechos de los privados de libertad en el país, han hecho seguimiento a la funcionalidad de este equipo y afirman que “La Comisión de la Revolución Judicial fue un fracaso”.

“La ejecutoria de la famosa Comisión de la Revolución Judicial fue un fracaso, no tuvo incidencia en el hacinamiento. Hasta septiembre del 2021, habían dado 7.000 libertades; no obstante, el número de detenidos siguió aumentando con el pasar de los meses, seguimos con las mismas cifras alrededor de los 35.000. Y el porcentaje de hacinamiento no bajó, ni en las cárceles ni en los calabozos”, explica Beatriz Girón, directora del OVP, en una conversación telefónica con Efecto Cocuyo.

En el mismo orden de ideas, Carlos Nieto Palma, director de UVL, señala que el lapso de 60 días con el que la Comisión pretendía acabar con el hacinamiento no se cumplió. Dentro de los calabozos policiales y cárceles «sigue existiendo un desastre» debido al crítico hacinamiento que desde hace más de cinco años afecta a los reclusos del país.

Lea más en: Cárceles durante 2021: hacinamiento, tuberculosis, desnutrición y retardo procesal

«Esta comisión trabaja a lo loco, no tienen un cronograma establecido para hacer su trabajo, es un trabajo hecho a lo loco, no tienen plan, metodología. Ves a diputados dando libertades cuando ellos no tienen competencia para hacerlo”, afirma el también defensor de derechos humanos.

Girón y Nieto Palma coinciden en que los centros de detención preventiva se han convertido en las nuevas cárceles de Venezuela. En estos centros, donde el recluso debería pasar no más de 48 horas, hay enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición que ponen en riesgo la vida de la población carcelaria.

No hay mejoras

A pesar de que desde hace más de cinco años las organizaciones no gubernamentales han hecho denuncias sobre las condiciones críticas en las que se encuentran los calabozos y cárceles del país, la situación en estos centros sigue siendo la misma.

“Lamentablemente, la situación tanto en cárceles como en los calabozos, no ha mejorado, en mi opinión viene cada día empeorando. No son espacio para larga permanencia de detenidos”, indica Girón.

La experta en el área carcelaria añade que el hacinamiento en los calabozos policiales también se debe al abuso de la prisión preventiva por los altos índices de violencia. Girón denuncia que dentro de los centros de detención policiales inclusive se están erigiendo las figuras de los llamados “pranes”.

Nieto Palma explica que el Ministerio para Servicios Penitenciarios no ha asumido su función en cuanto a garantizar la seguridad y el bienestar de los presos en el país. Para el director de Uval, la cartera de cárceles se ha inventado funciones que no existen dentro de las leyes, como por ejemplo la autorización del ingreso de reclusos a las cárceles.

“Esto como consecuencia directa ha hecho que el hacinamiento mayor que haya en Venezuela sea en los centros de detención preventiva”, afirma.

Motines y violencia

El pasado 19 de julio un motín dentro de un calabozo policial del estado Portuguesa, dejó al menos 16 reclusos heridos. Los reos iniciaron la revuelta para exigir mejoras en las condiciones de reclusión y secuestraron al comisionado jefe, Tito Godoy.

Estos hechos de violencia dentro de los centros de detención cada vez son más constantes, pero los expertos señalan que ocurren por el grave hacinamiento y porque los funcionarios policiales no están formados para tratar con privados de libertad.

“Los policías no están formados para tratar con presos, están formados para la seguridad ciudadana, también los malos tratos provocan condiciones para la violencia. Han sido focos de corrupción, violación absoluta de los derechos humanos de los detenidos, de los familiares y hasta de los mismos funcionarios”, explica Girón.

Por su parte Nieto Palma asegura que las fugas también se generan por las pésimas condiciones en las que están los centros de detención preventiva en el país.

“Las condiciones de las prisiones hacen que los reclusos protesten, por eso hay fugas, se producen porque sencillamente esos centros no son aptos para tener a reclusos por mucho tiempo. Muchos calabozos tienen techos de zinc, pocas ventanas, algunos no cuentan con baños, por eso ocurre eso”, dice.