El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) denunció la desaparición forzada de María de los Ángeles Castillo, una mujer a la que detuvieron en el estado Lara el pasado 18 de julio.
En su cuenta de la red social X, la organización no gubernamental detalló que Castillo, madre de dos niñas de 9 y 12 años, la detuvieron de forma arbitraria y está «desaparecida desde la madrugada del 18 de julio de 2025, cuando un grupo numeroso de más de 20 individuos encapuchados irrumpió en su hogar en Río Claro, estado Lara, armados y sin orden judicial».
Desde entonces su familia desconoce el paradero de la mujer, quien tiene desaparecida más de un mes.
«Sus pequeñas hijas y toda su familia se encuentran muy angustiadas al no saber dónde ni en qué condiciones la tienen, lo que constituye un estado de sufrimiento inhumano», mencionó la ONG en su post sobre la situación de Castillo.
Ante esto exigió que se dé información urgente sobre su condición y paradero; una fe de vida y contacto con familiares y abogados de confianza; respeto a su vida e integridad personal y su «liberación inmediata e incondicional».
Desaparición forzada, una práctica estatal
El pasado fin de semana la ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó un informe de 23 casos de desapariciones forzadas en el país, al analizar los arrestos de 23 personas entre septiembre de 2024 y mayo de 2025.
Señalaron que hay una «política estatal» de aplicar esta práctica, bien sea de corta, mediana o larga duración, lo que constituye una grave violación de derechos humanos, previsto en el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad.
«Con respecto a la caracterización de los casos, es preocupante el hecho que de las 23 denuncias recibidas fueron registradas 7 mujeres desaparecidas, es decir, que el 30,4% de las desapariciones denunciadas pertenecen al género femenino, de las cuales todas son madres y una estaba embarazada al momento de ser aprehendida», dijo Provea.
La ONG añadió que «estos casos forman parte de un patrón de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violación a las garantías constitucionales más elementales como el debido proceso y el derecho a la defensa».
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reiteró su llamado a la comunidad internacional y a los organismos de defensa de derechos humanos a pronunciarse por el caso de María de los Ángeles Castillo para exigir su libertad.