Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE

1

QUÉ INDIGNANTE

1

QUÉ CHIMBO

La organización no gubernamental Espacio Público aseguró que al menos 83 venezolanos han sido víctimas de la Ley del odio, que promulgó la extinta Asamblea Nacional Constituyente en el año 2018.

Este instrumento legal, que ha recibido críticas de ONG nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, la ha utilizado el gobierno para «es usada para «perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».

Los más recientes casos son los dos trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Daniel Romero y Leonardo Azócar, a quienes detuvieron el pasado domingo 11 de junio en horas de la madrugada y les imputaron este tipo de delitos.

Ambos son dirigentes sindicales y estuvieron durante un mes al frente de una protesta en esta empresa básica, que funciona en el estado Bolívar al sur de Venezuela, para exigir mejores condiciones laborales.

«Durante más de 5 años, esta regulación ha justificado detenciones, allanamientos, procesos judiciales arbitrarios, agresiones físicas, hostigamiento, despidos por parte de instituciones públicas, entre otras acciones», dijo la ONG sobre la Ley del odio vigente en Venezuela.

Este domingo 18 de junio se celebró el Día Para Contrarrestar el Discurso de Odio, ante el auge que ha cobrado en los últimos años en muchos países del mundo este tipo de discursos contra grupos políticos, minorías, comunidades vulnerables y personas migrantes.

Te contamos: Balance de la ANC: «Paz impuesta», Ley Antibloqueo y ninguna Constitución

Quiénes han sido víctimas de la ley del odio

En Venezuela, Espacio Público lleva un registro de 83 personas a quienes le aplicaron esta normativa, que la organización considera ilegal.

Se trata de particulares (30 casos), trabajadores(as) públicos (17), periodistas y reporteros (16) y miembros de ONG (8), como las personas más representativas a quienes les imputan este tipo de cargos, los someten a procesos judiciales y en muchos casos enfrentan penas de cárcel.

En un informe del año 2018, la ONG dijo que esta ley se empleaba para censurar las críticas a la coalición gobernante.

«Existen tres elementos que caracterizan a esta regulación: i) la vaguedad normativa; ii) la teoría del ¡expansionismo penal’; iii) la abierta desproporcionalidad. Se suma como cuarto elemento ‘la doctrina de seguridad nacional’”, dijeron al analizar el contenido del instrumento legal.

Una ley del odio para censurar

Recordaron que sólo pretendía imponer la censura en redes sociales, medios de comunicación y casos particulares.

«Los artículos, por tanto, hacen de esta normativa un instrumento para censurar opiniones, medios de comunicación social e incluso para bloquear sitios web; esto lleva las restricciones desproporcionadas al ámbito digital. Los intermediarios no son responsables de las opiniones emitidas en sus espacios, por lo que no deben ser sancionados ni se le deben otorgar facultades discrecionales para censurar expresiones».