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Organizaciones defensoras de los derechos indígenas expresaron su preocupación por la escalada del conflicto que involucra al pueblo yukpa, de la Sierra de Perijá del Zulia, y exigieron al Estado venezolano cesar las violaciones de sus derechos. 

A través de un comunicado, las organizaciones Clima21 y Odevida-Venezuela denunciaron la existencia de una campaña de criminalización y desprestigio contra los reclamos del pueblo yukpa, que puede derivar en la legitimación de la represión, hostigamiento y persecución.

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En las últimas semanas, los yukpas —el décimo pueblo indígena más numeroso de Venezuela— han incrementado las protestas para exigir que les permitan trasladarse a Caracas para vender sus artesanías.

En junio, los yukpas protestaron en terminales de pasajeros y el puente sobre el lago de Maracaibo, pero solo encontraron represión, de acuerdo con las organizaciones Clima21 y Odevida-Venezuela.

Por lo menos siete indígenas fueron detenidos en medio de reclamos. Bajo custodia del gobierno, los detenidos se reunieron con una comisión especial enviada desde Caracas, pero no llegaron a ningún acuerdo, según el diario Versión Final, y por lo menos tres de ellos serían procesados.

Violaciones sistemáticas

De acuerdo con las organizaciones, la etnia yukpa ya es víctima de un progresivo aislamiento, incremento de invasiones, deforestación y ocupaciones relacionadas con la realización de actividades ilegales, que surgieron por la desatención del Estado venezolano. 

Ese contexto ha dejado a los yukpas en una grave situación de pobreza, reaparición de enfermedades superadas y vulnerabilidad ante eventos meteorológicos extremos.

Desde la Universidad de Los Andes, el Grupo de Trabajo de sobre Asuntos Indígenas (Gtai-ULA) alerta que las violaciones a sus derechos y la precarización del pueblo yukpa se han profundizado por las inadecuadas políticas de reconocimiento territorial en la Sierra de Perijá y el asesinato de líderes indígenas, lo que los obliga a desplazarse de sus hábitats y tierras originarias en búsqueda de sustento para sus comunidades.

Pese a su esfuerzo por sobrevivir como cultura, el Gtai-ULA advierte que los yukpas han sido doblemente discriminados: por ser indígenas y por su condición económica.  

«Culturalmente estas poblaciones se desplazan con sus familias, profundizándose en los últimos días un racismo institucional por parte de algunos órganos del Estado. Debe cesar la criminalización de los yukpa. Debemos entender que estamos en medio de un aparato estatal que se identifica como multicultural, pero que estos pueblos son anteriores al Estado-Nación», expresó el Gtai. 

Clima21 y Odevida-Venezuela igualmente destacaron que la violencia contra el pueblo yukpa es una realidad continuada y exacerbada en los últimos años debido a la verificación de la presencia de minerales de alto valor de mercado (petróleo, carbón, fosfato, uranio) en sus territorios. 

Peticiones urgentes  

Ante los hechos actuales, las organizaciones llaman a avanzar hacia la conciliación del conflicto y hacia la materialización real de la demarcación de los hábitats y tierras del pueblo yukpa.

Para ello, el Gtai propone concertar una mesa de diálogo intercultural entre el Estado venezolano y el pueblo yukpa, con participación de representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y universidades para crear «condiciones de igualdad para la consecución de sus derechos históricos y ancestrales».

De igual forma, exhorta a crear las condiciones para que los artesanos y artesanas yukpa puedan vender libremente sus artesanías, sin obstáculos ni cortapisas, «ya que ello en estos momentos de crisis compleja nacional, constituye prácticamente el único sustento económico para mantener a sus familias».

Clima21 y Odevida-Venezuela instan a respetar las garantías establecidas en la Constitución Nacional, otras leyes y tratados internacionales y a proveer asistencia humanitaria en términos de salud, alimentación y protección contra los riesgos de desastres a las comunidades indígenas que lo necesiten.

El Gtai-ULA además exige investigar a través de la Fiscalía indígena las recientes vulneraciones a los derechos humanos de los yukpas, al igual que sensibilizar y capacitar a los organismos públicos y a la sociedad en general sobre los derechos de los pueblos indígenas.