Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE

1

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

La Confederación de Sordos en Venezuela (Consorven) reportó este 23 de mayo que los derechos de las personas con discapacidad continúan siendo vulnerados por el Estado. Un sistema de justicia que no garantiza la accesibilidad, dificultades para acudir a terapias y falta de recursos para estudiar o movilizarse son algunos de los problemas que enfrentan actualmente, según esta ONG.

Este miércoles, Consorven presentó en Caracas su informe anual 2022 sobre la situación de las personas con discapacidad en Venezuela. Las investigaciones realizadas el año pasado indican que el 70 % de los encuestados no tiene acceso a ayudas técnicas, como sillas de ruedas, muletas o bastones, debido a que no pueden costearlos. 

Además, los espacios públicos que ofrecen terapia no están en condiciones para prestar un servicio óptimo a aquellos que lo requieren. El 60 % se encuentra sin masajeadores eléctricos musculares y 44 % funcionan sin tablas de bipedestación y sin ultrasonidos para fisioterapias. 

«Los espacios de salud, como salas de rehabilitación o salas de apoyo integral, están siendo cerrados por falta de personal, mantenimiento o maquinaria. Ocho de cada diez personas acuden a centros hospitalarios o ambulatorios para poder recibir una terapia, no adecuada en la mayoría de los casos», indicó Argelia Bolívar, coordinadora de Derechos Humanos de Consorven.

Te podría interesar: Situación de personas con discapacidad en Venezuela es lamentable, afirma ONG

El 46 % de los casos estudiados afirmó que la falta de medios económicos les impide continuar con sus respectivos tratamientos. En este mismo orden, Juan Ángel de Gouveia, presidente de la organización, aseguró que cinco de cada diez entrevistados no pueden movilizarse sin un acompañante. Añadió que cuatro de diez no tiene acceso a beneficios sociales o servicios médicos sin antes llevar un certificado de discapacidad.

Niños fuera del sistema educativo

Consorven indicó que tomó en cuenta los casos de 92 niños con discapacidad para investigar el acceso a la educación. A pesar de que la mayoría de ellos estaba inscrito en alguna institución, el 77 % no pudo seguir sus estudios tras la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con los cuidadores de estos niños, el medio más frecuente para recibir clases durante la pandemia fue la aplicación de WhatsApp (con un 72 % de respuestas afirmativas). El 12 % respondió que tuvo que ir a retirar el material educativo a la escuela, 10 % lo recibió a través del correo electrónico y 6 % por canales televisivos. 

«No todos tenían a dispositivos electrónicos. No todos tenían la disposición de un celular, de una laptop, de cualquier dispositivo que le permitiera recibir contenidos», apuntó Argelia. 

Tres de cada diez representantes reportaron dificultades por los medios de comunicación utilizados y dos de cada diez tuvieron grandes problemas para comunicarse con los docentes.

¿Qué debe hacer el Estado venezolano? 

Consorven recordó que los derechos de las personas con discapacidad en Venezuela están protegidos y ratificados por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), pero además se garantizan a través de la Constitución del país.

Por ello, la ONG instó al Estado venezolano a cumplir con sus responsabilidades y atender la situación actual. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad conforman el 15 % de la población mundial; no obstante, en el territorio nacional no hay cifras oficiales actualizadas al respecto.

«El Conapdis (Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad) no presenta información actualizada de ningún tipo que permita determinar las políticas públicas en materia de tipos de discapacidad, empleo, educación, salud, vivienda, cultura, servicios públicos, transporte, etc», reportó Provea en 2017. Entre las recomendaciones que Consorven ofreció al Estado para resolver el problema están:

📍 Rediseñar los protocolos de calificación y certificación de discapacidad para hacerlos más confiables y accesibles.

📍 Diseñar un plan nacional de capacitación y sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad, especialmente dirigido a servidores públicos, profesionales del sistema de justicia, entre otros. 

📍 Asegurar que las personas con discapacidad sean incorporadas al sistema educativo y que se procure su participación significativa y el aprendizaje efectivo. 

📍 Generar un plan nacional de atención a las necesidades de rehabilitación y ayudas técnicas para personas con discapacidad motora.